El Gobierno amplía a 5 años el mandato del fiscal general y sienta las bases para dejar la instrucción en manos de la Fiscalía

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que será la base para una reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que dejará las investigaciones judiciales en manos de la Fiscalía. Entre las medidas que contiene la reforma destaca la extensión del mandato del fiscal general del Estado a cinco años, para desligarlo de la política y diferenciarlo de la duración de las legislaturas del Gobierno.

Tal y como ha anunciado el ministro Félix Bolaños en rueda de prensa, la reforma pretende "fortalecer la autonomía del Ministerio Fiscal" para que la institución se haga cargo de las causas judiciales en España. La entrada en vigor de esta reforma queda supeditada a la reforma de la LeCrim, que pasará a llamarse ley orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LeoCrim) y marcará este cambio dejando atrás la figura del juez instructor. La reforma del Estatuto Fiscal será una disposición adicional de la reforma de la LeCrim que el Consejo de Ministros prevé aprobar "este verano".

El titular de Justicia, Félix Bolaños, ha recordado que "España es el único país de nuestro entorno donde la instrucción está a cargo de jueces de instrucción". De modo que dejar la batuta en manos de la Fiscalía atiende a recomendaciones del GRECO y el Consejo de Europa. "Nos estamos acercando a los mejores estándares europeos", ha resumido Bolaños.

Acto seguido, el ministro ha resumido algunas de las medidas más relevantes de la reforma del Estatuto. Por un lado, la ley servirá para desvincular el mandato del fiscal general del mandato del Gobierno: el fiscal general tendrá un mandato de cinco años y sólo podrá ser cesado por el Gobierno por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones y con informe previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, el máximo superior jerárquico del Ministerio Fiscal no podrá ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros .

Por otro lado, según ha resumido el Ministerio de Justicia, "el nombramiento, ascenso y sanciones de los principales fiscales queda atribuido al fiscal general del Estado y no al Gobierno, como hasta ahora". Por otro lado, quedará reforzado el papel de la Junta de Fiscales de Sala. Este órgano, integrado por los fiscales de Sala del Tribunal Supremo, que tiene la función de asesorar al fiscal general, emitir informes y dictámenes o unificar los criterios de actuación en la Fiscalía.

La reforma del Estatuto Fiscal establece que el criterio de la Junta de Fiscales de Sala "podrá imponerse sobre el del fiscal general si cuenta con el apoyo de, al menos, las tres quintas partes de sus miembros". Por otro lado, la reforma legal afectará también a las asociaciones de fiscales: ya no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros.

Asimismo, en tanto que los fiscales serán quienes dirijan la instrucción, también asumirán la dirección de la Policía Judicial. Los fiscales, además, se atendrán a un nuevo régimen de abstención y recusación que obligarán a apartarse de determinados procedimientos judiciales. Cuando la reforma se instaure, será el fiscal, y no el juez instructor, quien decida qué diligencias se realizan en una causa: declaraciones de testigos, reclamación de documentos, ordenes a la UCO, imputaciones y demás pruebas. Asimismo, se creará la figura del juez de garantías, que a diferencia del instructor se limitará a asegurar que se preservan los derechos de todas las partes a lo largo de la investigación judicial.

La reforma no afectará a García Ortiz

Durante su intervención, el ministro Félix Bolaños se ha afanado en dejar claro que la reforma no afectará en ningún caso a Álvaro García Ortiz ni servirá para ampliar su mandato. "La entrada en vigor de la LeCrim será el 1 de enero de 2028", ha señalado el titular de Justicia. En esas fechas, tal y como ha relatado, el fiscal general del Estado habrá completado ya su segundo mandato y no podrá mantenerse en el cargo. Así que el primer fiscal general que goce de cinco años de mandato será "el que nombre el Gobierno que salga de las urnas en 2027.