El dueño de Sargadelos pretende descontar días de vacaciones a la plantilla mientras mantiene la fábrica cerrada
El Ministerio de Trabajo pide una reunión urgente con el propietario de la empresa, a la que podría acudir Yolanda DíazEl propietario de Sargadelos mantiene su desafío a las leyes laborales y exige que el Gobierno garantice la seguridad en su planta El dueño de Sargadelos, Segismundo García, ha enviado una carta a la Inspección de Trabajo en la que avisa de que fija la semana que viene como periodo vacacional en la fábrica de Cervo (Lugo). Lo hace tras decidir paralizar la actividad de la factoría e impedir la entrada a los trabajadores en respuesta a las deficiencias detectadas por la Inspección de Trabajo. El comunicado de Segismundo García, remitido también a Europa Press, enumera toda una serie de circunstancias de la planta que podrían afectar a la salud de los trabajadores, aparte de las 36 deficiencias ya detectadas por Inspección de Trabajo que conllevaron una multa de 5.000 euros. Todo ello, después de que la Inspección de Trabajo abriera un expediente tras comprobar que dos trabajadoras han desarrollado silicosis. Por su parte, el Ministerio de Trabajo ha solicitado una reunión urgente con la dirección del Grupo Sargadelos, “dada la trascendencia de la decisiones empresariales adoptadas en las últimas horas en la planta de Cervo”. Fuentes del departamento consultadas por la agencia señalan que no es descartable que sea la propia titular del ministerio, la gallega Yolanda Díaz, la que se vea con el dueño de Sargadelos, en caso de que este acepte mantener esta reunión. En cualquier caso, el cargo de Trabajo que se entrevistaría con la dirección del grupo se determinaría en función de lo que marca el protocolo, precisan desde Trabajo. Esta petición de reunión urgente se produce después del cierre de uno de los espacios económicos y culturales emblemáticos de Galicia y uno de los pilares centenarios de su acervo cultural. Al respecto, las fuentes del Ministerio de Trabajo argumentan que “esta decisión se ha tomado por la trascendencia de los hechos que afecta directa y subsidiariamente a muchas personas en Galicia”.
El Ministerio de Trabajo pide una reunión urgente con el propietario de la empresa, a la que podría acudir Yolanda Díaz
El propietario de Sargadelos mantiene su desafío a las leyes laborales y exige que el Gobierno garantice la seguridad en su planta
El dueño de Sargadelos, Segismundo García, ha enviado una carta a la Inspección de Trabajo en la que avisa de que fija la semana que viene como periodo vacacional en la fábrica de Cervo (Lugo). Lo hace tras decidir paralizar la actividad de la factoría e impedir la entrada a los trabajadores en respuesta a las deficiencias detectadas por la Inspección de Trabajo.
El comunicado de Segismundo García, remitido también a Europa Press, enumera toda una serie de circunstancias de la planta que podrían afectar a la salud de los trabajadores, aparte de las 36 deficiencias ya detectadas por Inspección de Trabajo que conllevaron una multa de 5.000 euros. Todo ello, después de que la Inspección de Trabajo abriera un expediente tras comprobar que dos trabajadoras han desarrollado silicosis.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo ha solicitado una reunión urgente con la dirección del Grupo Sargadelos, “dada la trascendencia de la decisiones empresariales adoptadas en las últimas horas en la planta de Cervo”.
Fuentes del departamento consultadas por la agencia señalan que no es descartable que sea la propia titular del ministerio, la gallega Yolanda Díaz, la que se vea con el dueño de Sargadelos, en caso de que este acepte mantener esta reunión. En cualquier caso, el cargo de Trabajo que se entrevistaría con la dirección del grupo se determinaría en función de lo que marca el protocolo, precisan desde Trabajo.
Esta petición de reunión urgente se produce después del cierre de uno de los espacios económicos y culturales emblemáticos de Galicia y uno de los pilares centenarios de su acervo cultural.
Al respecto, las fuentes del Ministerio de Trabajo argumentan que “esta decisión se ha tomado por la trascendencia de los hechos que afecta directa y subsidiariamente a muchas personas en Galicia”.
