Los obispos dan un apoyo "total y unánime" al pacto con el Gobierno para resignificar Cuelgamuros

“Ha habido un refrendo total y unánime, sin ninguna voz discrepante, a la tarea hecha hasta ahora”. El portavoz de la Conferencia Episcopal, César García Magán, confirmó el 'cierre de filas' al trabajo del cardenal Cobo en el acuerdo Vaticano-Gobierno para la resignificación de Cuelgamuros, avanzado por elDiario.es. Un respaldo sin fisuras que se tradujo en un aplauso cerrado durante la sesión reservada celebrada ayer por la tarde, mientras varias decenas de manifestantes se congregaban para insultar a los obispos –en el caso de Cobo, hubo incluso algún conato de agresión física cuando el cardenal de Madrid entraba con su coche al garaje de la sede episcopal– tildándoles de profanadores y traidores por una supuesta “profanación” de Cuelgamuros que, como recalca expresamente el acuerdo, no se producirá. La basílica continuará en su sitio, así como la presencia de los benedictinos, una vez expulsado el prior Cantera.

Magán explicó algunos detalles de las negociaciones entre la Santa Sede y el Ejecutivo socialista, ya publicados en primicia por elDiario.es, y que arrancaron el 11 de octubre pasado, durante una visita de Pedro Sánchez al papa Francisco. Tras ella, “se planteó la resignificación del Valle en el contexto de la Ley de Memoria Democrática”. Según el relato de Magán, no compartido desde el Ejecutivo, “el Gobierno de España manifestó su intención de resignificar la basílica y los espacios en torno al Valle, incluida la desacralización de la basílica y la salida de los benedictinos”.

Desde entonces se han producido encuentros “a cuatro bandas” (monjes, CEE, Arzobispado de Madrid y Nunciatura) con el Gobierno, con “criterios compartidos siempre para que la basílica tuviera que mantenerse y los benedictinos se quedaran”. Tras esto, la visita de Bolaños a Roma, su encuentro del pasado 25 de febrero, donde se “estableció que fuera el cardenal Cobo el interlocutor”, y el acuerdo firmado el 4 de marzo.

“El planteamiento que trasladó la Iglesia fue la conservación de la basílica y el mantenimiento del culto católico del lugar, la presencia de una comunidad monástica y que la cruz no se podía destruir, al ser una expresión del amor, la entrega y el perdón”, explicó Magán. Falta conocer “los extremos de esta resignificación y los plazos de tiempo y lugar”, que saldrán de un concurso internacional en el que la Iglesia tendrá un miembro con voz y voto.

Sobre las concentraciones de la ultraderecha a las puertas de la CEE, el portavoz episcopal subrayó que entre los presentes “hubo gente que vino a hablar, a escuchar, y otros que vinieron a gritar, a insultar, algunos en actitud violenta, y con algunas calumnias e injurias que se pronunciaron contra los obispos”. Magán recordó que en la concentración de ayer “hubo gente que rezaba el rosario, que insultaba a los obispos y leía un manifiesto”, con pertenencias “intraeclesiales y extraeclesiales”.

Colaboración con el Defensor del Pueblo

La Conferencia Episcopal admite que el polémico informe ‘Para dar luz’, algunos de cuyos resultados están siendo investigados por la Agencia de Protección de Datos por una posible filtración de datos de víctimas de abusos “se cerró en septiembre” con lo que, oficialmente, la Iglesia española ya no tendrá un informe de transparencia sobre las cifras de víctimas con las que trabaja.

La clausura del informe se suma a la ocultación de la auditoría encargada a Cremades&Calvo-Sotelo, que costó a las arcas episcopales más de un millón de euros y que jamás fue presentada. De hecho, en su lugar, se ‘inventó’ dicho informe, que tras tres ediciones ahora pasa a formar parte del ‘ámbito privado de trabajo’ de la CEE. Una decisión que no casa con los llamamientos a la transparencia y al trabajo conjunto formulados por el presidente Argüello durante la inauguración de esta Plenaria que ahora se cierra.

En concreto, hemos pasado del “algunos o ningún caso” apuntado por el entonces secretario general (hoy presidente) Luis Argüello hace cinco años, a unos 1.200. Estas son las cifras de las víctimas 'contabilizadas' por la Conferencia Episcopal, si es que podemos sumar los 146 nuevos casos registrados a los 1.046 que apuntaba el último informe 'Para dar luz’.

Lo que sí intentó García Magán fue subrayar la “línea abierta de diálogo” con el Gobierno y la “posibilidad” de que “el Defensor del Pueblo pudiera servir de cauce” a dicho diálogo, coordinando posibles respuestas conjuntas que no se han definido y que no parece que vayan a definirse en el corto plazo.

“Llevamos a cabo una colaboración para reparar a las víctimas: no solo se está colaborando, sino que se está reparando”, insistió el portavoz episcopal, poniendo como ejemplo los “casos judiciales” en los que, como admitió, “hay una obligación legal” (bajo sentencia). La reparación de los otros casos prescritos “es una obligación moral, que para nosotros es tan fuerte como la legal”. En todo caso, el portavoz deslindó las colaboraciones con el Ejecutivo en esta materia con la creación de una subcomisión parlamentaria, cuyos resultados no se conocerán, como mínimo, hasta finales de 2026.

Curiosamente, el portavoz episcopal sí entró a valorar el ‘caso Gaztelueta’, a raíz de un artículo publicado por el expresidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, en ABC, criticando el fallo canónico que ordenaba la expulsión del Opus Dei del pederasta condenado por el Supremo. “Hubo una sentencia judicial, los jueces hablan por la sentencia. Ha habido un pronunciamiento canónico. Las sentencias se acatan y no comentamos”, incidió, recordando, no obstante, que al condenado “le asiste el derecho a hacer las apelaciones competentes según marca la ley canónica”. Y a las instituciones implicadas, cumplir con lo impuesto.

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