El drástico giro de Meloni para limitar el acceso a la ciudadanía italiana hace crujir a la coalición de gobierno

ROMA.- El límite a la obtención “fácil” de ciudadanía italiana decretado el viernes por el gobierno de derecha de Giorgia Meloni -que implica que de ahora en más puedan acceder a la ciudadanía (y al pasaporte) solamente quienes tienen un padre o un abuelo italiano-, si bien causó shock en países como la Argentina y Brasil, tierras de emigración de millones de italianos hace más de un siglo, también hizo ruido en Italia.

Este giro drástico, en efecto, también hizo crujir internamente al gobierno de Meloni: legisladores de la Liga, el partido de extrema derecha del vicerpremier Matteo Salvini, aliado de la coalición de derecha, salieron a criticar con fuerza este cambio y a reclamar una “corrección”.

“Es extraño que alguien en el gobierno haya decidido ponerle un freno a los descendientes de quienes emigraron al extranjero, en gran parte de origen veneciano, lombardo, piamontés o friulano, y por tanto de cultura católica, pero luego piense en regalarle la ciudadanía a jóvenes inmigrantes, a menudo islámicos”, protestó el diputado veneciano Dimitri Coin. “Es increíble que nos preocupemos más de nuestros bisabuelos: serán necesarias medidas correctivas en la cámara”, advirtió.

Coincidió otro diputado de la Liga, Graziano Pizzimenti, que también aseguró que iba a dar batalla y que “esta propuesta” será discutida y modificada en el Parlamento.

El nuevo decreto de Meloni, impulsado por el vicerpremier y canciller Antonio Tajani, de Forza Italia, echó por tierra una ley de 1992 según la cual, gracias a un “ius sanguinis” que implicaba a cinco generaciones, demostrando la existencia también de un tatarabuelo -fallecido después de 1861, la fecha de la unidad de Italia-, podía llegar a accederse al pasaporte italiano. Un documento con el que uno accede sin problemas no sólo a la Unión Europea (UE), sino también, con menos dificultades, a Estados Unidos y otros países.

Las nuevas normas prevén que los descendientes de ciudadanos italianos, nacidos en el extranjero, serán automáticamente ciudadanos sólo durante dos generaciones: sólo aquellos que tengan al menos un padre o abuelo nacido en Italia serán ciudadanos desde el nacimiento. Los hijos de italianos adquirirán automáticamente la ciudadanía si nacen en Italia o si, antes de su nacimiento, uno de sus padres ciudadanos ha residido en Italia durante al menos dos años continuos.

El nuevo decreto, que quiso ponerle un freno a los abusos y a la multiplicación de agencias o “fábricas” de pasaportes italianos, también implica que de ahora en más cualquier trámite de ese tipo no se hará más en los consulados, sino en una oficina especial de la Farnesina, como llaman aquí la cancillería.

“Se termina la caza al bisabuelo”, celebró Andrea Di Giuseppe, diputado electo en la circunscripción de Norte y Centro América. Igual de satisfechos se manifestaron diversos alcaldes de pueblos del Véneto cuyas oficinas en los últimos años se vieron literalmente sobrepasadas por una avalancha de pedidos de ciudadanía de brasileños de origen italiano.

Según la Farnesina, en los últimos diez años los italianos residentes en el exterior aumentaron en un 40% y se estima que hay más de 60.000 procedimientos judiciales pendientes para la verificación de la ciudadanía. De estos, más de 18.000 fueron depositados entre 2022 y 2024 en el tribunal de Venecia.

Colapsado por solicitudes de descendientes brasileños en busca de pasaporte, Camillo de Pellegrin, alcalde de la localidad de Val di Zoldo, un pueblo de 2700 habitantes en el corazón de las Dolomitas, para llamar la atención hace años había puesto una bandera brasileña en el frente de la sede municipal. Allí en los últimos años lograron la ciudadanía 800 brasileños descendientes de italianos que jamás pusieron un pie en el pueblo.

Ahora “contentísimo” y “emocionado” con la reforma que limita a dos generaciones el acceso a la ciudadanía, reclamado desde hace años por él y otros alcaldes, en declaraciones al Corriere della Sera Pellegrin denunció el “negocio de 600 millones de euros al año” que significaba el tema, debido a la existencia de agencias especializadas que se ocupaban de los trámites en los consulados y en las municipalidades, poniendo en marcha incluso acciones judiciales.

Pese a ser oriunda del Véneto, la eurodiputada Elena Donazzan, de Hermanos de Italia (el partido de Meloni) se manifestó totalmente en contra de la reforma. “Creo que este es un error cultural de la centroderecha, los descendientes tienen sangre italiana, mientras otros nos invaden. Tenemos que ser muy duros con la comercialización de los pasaportes, pero si hay un certificado de descendencia, esa persona debe tener las puertas abiertas”, aseguró, en una entrevista al Corriere Veneto.

Donazzan destacó la falta de mano de obra que hay en Italia -un país cada vez más viejo y de bajísima natalidad-, que justamente los descendientes de italianos podrían suplir. “Es una convicción mía desde hace tiempo: nuestra demografía y la necesidad de mano de obra van de la mano. ¿Y quién puede ser más formado y similar a nosotros?”, se preguntó.

Como no podía ser de otra manera, el reclamo de una corrección de parte de la Liga removió el avispero político interno. “Es sorprendente que los diputados de la Liga digan cosas diferentes a las que votaron sus propios ministros en el consejo de ministros. Todo se puede mejorar en el proceso de conversión en el Parlamento, pero esto me parece una norma sacrosanta y urgente también para poner fin a las estafas y a las violaciones flagrantes de la legislación sobre ciudadanía, que debe ser merecida y no regalada”, reaccionó Raffaele Nevi, vocero de Forza Italia, en declaraciones a ANSA.

Pero lo cierto es que la Liga no fue la única en salir a decir que el texto del decreto ley debe ser cambiado.

Maurizio Lupi, diputado de Noi Moderati, pequeño partido que también sostiene la coalición de Meloni, se sumó al coro de críticas. “El texto debe ser absolutamente mejorado, debe ser cambiado. No hay que tener prejuicios hacia nuestras comunidades en el exterior. Hay que hacer una reflexión más amplia, siempre con moderación hablando de moderados, pero en este caso debo decir que estamos de acuerdo también con la Liga”, aseguró.

Como era de esperar, también salió a reclamar una revisión urgente el médico cordobés Mario Borghese, quien ya fue dos veces diputado por el Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior (MAIE) y en las últimas elecciones fue electo senador por la circunscripción de América del Sur. “Todos sabemos que había que hacer una reforma de la ciudadanía, pero no este caos que ha hecho el canciller Tajani, que es un desastre”, denunció Borghese, en diálogo con LA NACION.

Borghese se mostró especialmente sorprendido por la rapidez con la que el decreto ley fue aprobado por el consejo de ministros e, incluso, firmado por el presidente Sergio Mattarella y publicado en el boletín oficial. “Hay algo raro, no sabemos por qué Tajani se salió con esto de un día para el otro, salteando al Parlamento y provocando un caos porque ahora los consulados no saben qué hacer. No saben si recibir actas de nacimiento de hijos menores nacidos de italianos en el exterior, si pueden proceder con la ciudadanía por matrimonio, no saben nada”, lamentó. “Lo que han hecho es de una desprolijidad bárbara”, agregó, al destacar que cualquiera de origen italiano que se encuentra en este momento en alguna comuna de la península haciendo el trámite “tampoco lo puede hacer porque desde la medianoche del viernes cambió todo”.

Combativo, Borghese aseguró que a través del MAIE impulsará cambios “profundos” en el Parlamento durante el proceso de conversión del decreto. De no prosperar esto, recurrirá a la Corte Constitucional, “para defender los derechos de los italianos en el exterior, en cuyo favor siempre ha luchado el MAIE”.

“Estamos seguros de que podemos ganar la batalla para corregir algunas disposiciones inaceptables del decreto y garantizamos el máximo compromiso en este sentido”, concluyó.