El Congreso tramitará una ley para que gafas y lentillas sean gratuitas para los menores de edad y adultos con rentas bajas

El Congreso de los Diputados tramitará una ley para que las gafas y lentillas sean gratuitas para los menores de edad y la población adulta con bajos recursos económicos. Lo hará después de que el Pleno de este martes haya aprobado la toma en consideración de una propuesta del Parlamento de Andalucía que busca acabar con la "pobreza visual" incluyendo en la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS) los productos ópticos y de salud visual.

La norma saldrá previsiblemente adelante con un amplio respaldo de los grupos parlamentarios, que, aunque con diferencias, han coincidido en la necesidad de acabar con la discriminación que provoca que el 9% de los niños y adolescentes de España sufran situaciones de pobreza visual, según un informe del Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.

La ley recoge así que el Estado se haga cargo de la dispensación de todos los productos o tratamientos cuya finalidad sea el cuidado y mejora de cualquier alteración o enfermedad, relacionada con las funciones básicas del sistema visual, que impida o dificulte a una persona conseguir un estado físico, cultural, estructural y funcional de bienestar social.

Que la salud visual no dependa del dinero

Para defender la iniciativa ha intervenido José Ignacio García Sánchez, de Adelante Andalucía, que ha indicado que el 31% de los menores de edad tiene problemas de salud visual no resueltos y que hay una diferencia del 12% en el uso de gafas y lentillas entre las clases con mayor renta y aquellas con menos recursos. La reforma, según ha defendido, "supondría un cambio fundamental" que acabaría con esta desigualdad para que el estado de la salud visual de los ciudadanos españoles "no dependa del dinero que tenga cada uno".

El PP, por su parte, ha echado en cara al Gobierno que, en seis años, no haya tramitado ninguna iniciativa para garantizar estos servicios en la sanidad pública, pese a los múltiples anuncios de la ministra de Sanidad, Mónica García. La diputada Beatriz Fernández ha avanzado el apoyo de los de Génova a la tramitación de una ley que, a su juicio, es "justa y necesaria" para la sociedad española. Igualmente, el PSOE se ha mostrado favorable a la norma, aunque la diputada socialista María Carmen Castilla ha cargado contra el presidente andaluz, Juanma Moreno, por fijar en la ley que el Estado, vía presupuestos, determinará la cuantía y la forma de abono a las comunidades autónomas para hacer efectiva esa ampliación de la cartera de prestaciones. "Es un tú invitas, pero pago yo", ha recriminado.

Ha habido grupos, como Podemos, que han aprovechado también para reivindicar la necesidad de incorporar otros servicios a la cartera del SNS, como la salud bucodental. También Bildu, ha defendido la urgencia de que el Estado costee otras prestaciones "de sentido común", como el dentista, o la prestación integral a personas que han sufrido las consecuencias de la talidomida o enfermedades como la polio. En esa línea, la portavoz vasca Marije Fullaondo ha insistido en la "oportunidad" de incluir en la ley otros servicios como la silla de ruedas con motor o los exoesqueletos, algo que, ha avanzado, defenderá su grupo durante el trabajo de la Comisión de Sanidad que arranca ahora.

Junts, por su parte, ha alertado de la "pandemia" que asegura que sufren los jóvenes, entre quienes se ha detectado un empeoramiento de la salud visual por el mal uso de las pantallas. Según ha señalado la diputada Pilar Calvo, los casos de miopía se han disparado hasta el 2,8% entre la generación Z y la miopía afecta ya a un 3% de los menores de entre 12 y 18 años. Calvo ha pedido también que esta reforma no se tramite como una proposición de ley, sino como una enmienda a cualquiera de las leyes que apruebe el Ministerio de Sanidad, para que así la iniciativa no se quede "en un cajón".