El castillo que un pueblo adquirió por colecta popular y que una rica familia quiere vender por 3,4 millones de euros

A 822 metros sobre el nivel del mar, en lo alto del Puig de Alaró (Mallorca), un castillo vigila el llano de la isla desde hace más de mil años. Tras sus muros de piedra, erosionados por siglos de viento y abandono, se esconden historias de resistencia, leyendas de traición y un simbolismo que va mucho más allá de su valor arquitectónico. Ahora, este emblema de la identidad mallorquina vuelve a situarse en el centro del debate: el Consell de Mallorca, gobernado por PP y Vox, ha anunciado su intención de expropiarlo para ponerlo al servicio del interés público, lo que ha reavivado las pugnas con la rica familia mallorquina que ostenta parte de su titularidad desde 1935. Los dueños, por su parte, tienen puesta a la venta, por 3,4 millones de euros, la finca en la que se ubica la fortificación: “Se vende la montaña del castillo de Alaró”, reza el anuncio.

El Castell de Alaró posee una potente carga simbólica en la historia mallorquina: es el lugar donde los isleños resistieron en el siglo XIII a los embates de las tropas del rey Alfonso III de Aragón, quien pretendía unir bajo su corona todos los territorios del antiguo reino de Mallorca. En aquel episodio, los caballeros Guillem Cabrit y Guillem Bassa fueron ejecutados por defender la isla y sus nombres aún resuenan en el imaginario de los mallorquines como sinónimo de lealtad y sacrificio. Tras la anexión de Mallorca a la Corona de Aragón, y por su ubicación estratégica, la fortificación mantuvo su uso militar, empleándose como torre de vigilancia frente a las incursiones piratas y como refugio para la población del Pla de Mallorca en caso de amenazas.

Durante las revueltas que, en paralelo a la rebelión de los comuneros en la Corona de Castilla, llevaron a cabo artesanos y campesinos contra la nobleza mallorquina en el siglo XV –conocidas como las Germanies–, el castillo también sirvió de bastión defensivo y fortaleza de retaguardia para las tropas leales a las autoridades. Desde la muerte de Cabrit y Bassa, el Castell de Alaró se convirtió en lugar de peregrinación, admiración y referencia histórica y, en la actualidad, además de sus restos fortificados, acoge el santuario de la Mare de Déu del Refugi, que sigue siendo punto de romería y recogimiento espiritual.

¿De quién es el patrimonio histórico?

Ahora, la intención del Consell de recuperar este emblema ha reabierto un viejo debate en Mallorca sobre la titularidad del patrimonio histórico y el equilibrio entre la propiedad privada y el acceso ciudadano al mismo. La propuesta impulsada por el Departamento de Territori del Consell busca convertir la fortaleza en un centro de interpretación histórica, arqueológica y paisajística, además de servir de respuesta a un largo desencuentro mantenido durante décadas entre las instituciones públicas y los propietarios de la mayor parte del recinto, la familia Ordinas, vinculada durante generaciones a este enclave, especialmente en lo que se refiere a la gestión del refugio y la hospedería situados en la cima de la montaña. Mientras tanto, el camino de acceso es propiedad del Ajuntament de Alaró y las murallas, del Gobierno central.

El pleno insular ha aprobado de forma inicial la cuarta modificación del Plan Territorial de Mallorca (PTI), que permite a la administración dar el primer paso para expropiar el castillo de Alaró con el objetivo de proteger el valor patrimonial, histórico, arqueológico, natural y paisajístico del lugar. Para ello, se prevé incluir una disposición adicional que establezca que “debe destinarse a la conservación, restauración, interpretación y disfrute de sus valores, garantizando el acceso público y una gestión adecuada al interés general conforme a su destino como bien de interés cultural (BIC)”. elDiario.es se ha puesto en contacto con la familia propietaria, que elude valorar la nueva propuesta del Consell asegurando no conocerla con exactitud.  

Por su parte, fuentes de la institución supramunicipal explican a este medio que en estos momentos el expediente se encuentra en fase de alegaciones, cuyo plazo finalizará a mediados de mayo. Asimismo, el Consell ha solicitado al Ministerio de Cultura la cesión temporal del castillo para llevar a cabo labores urgentes de conservación ante el deterioro que afecta especialmente a sus murallas, y que pone en riesgo la seguridad de los visitantes. En caso de no obtener respuesta, la Administración actuará conforme al mecanismo de ejecución subsidiaria contemplado en la Ley balear de Patrimonio Histórico. Mientras tanto, el Ajuntament de Alaró y el Consell de Mallorca también han formalizado un convenio de colaboración para la restauración urgente del castillo con una inversión inicial de 138.000 euros destinada a la redacción del proyecto.

El Consell de Mallorca ha solicitado al Ministerio de Cultura la cesión temporal del castillo para llevar a cabo labores urgentes de conservación ante el deterioro que afecta especialmente a sus murallas, poniendo en riesgo la seguridad de los visitantes

Los terrenos, sin embargo, se encuentran publicitados en varios portales inmobiliarios. El anuncio, actualizado a principios de este mes, los describe así: “Emblemática finca rural de uso agrícola en el precioso pueblo de Alaró con espectaculares vistas a toda la isla. Esta propiedad ha pertenecido a la familia desde principios del siglo XX. Hay un edificio agrícola de unos 130 m2, al que se accede por un camino asfaltado. El terreno está destinado a bosque y olivar, con posibilidad de uso agrícola. Hay más de 500 árboles de oliva aptos para la propia producción de aceite. ¡Se escuchan ofertas!”. Hace tres años, la propiedad ya puso a la venta el terreno por 2,5 millones,

El acceso público, limitado

Desde el Consell consideran que la titularidad privada del castillo impide el acceso público pleno y dificulta su conservación como patrimonio histórico. No en vano, el pasado mes de octubre, tal como informó Diario de Mallorca, advirtió de que llevaría a la institución insular a los tribunales en caso de que se iniciase la reforma de las murallas de la fortificación, que, según insisten, forman parte de su propiedad y no del Estado. “El Consell se ríe de todos los mallorquines, las murallas son privadas, son de nuestra propiedad, y por ello no se producirá la cesión del Estado”, señalaba en el mismo medio el abogado Miguel Ángel Ordinas, representante de la familia, que acusó a la institución insular de “querer obtener un rédito político” a costa de su propiedad. 

En 2009, sin embargo, un juzgado de Palma denegó el recurso que la familia Ordinas presentó entonces contra el Ajuntament de Alaró por otorgar la licencia de obras al Consell de Mallorca para que llevase a cabo la mejora de las murallas y de la Torre del Homenatge de la fortificación. Ese mismo año, otro juez –en una resolución posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial de Balears– desestimaba una demanda interpuesta por la familia con la que reclamaba la titularidad de varios edificios integrados en el Castillo de Alaró y que el magistrado declaró que pertenecen a la Iglesia.

La historia moderna del castillo dio inicio en 1811, cuando el Estado lo puso en venta y los habitantes de Alaró llevaron a cabo un importante esfuerzo colectivo para adquirir el monumento mediante una colecta popular. El principal símbolo del municipio se convirtió, desde entonces, en propiedad de los alaroners. Sin embargo, en 1885, las leyes de desamortización llevaron a la administración central a recuperar el castillo y a subastarlo a favor de Pere José Sampol Cañellas. La construcción se ubica, además, en la finca conocida como Es Verger, adquirida por Antonio Ordinas Català en 1935, tal como alegan sus descendientes. Tras su fallecimiento se produjeron diversas inscripciones y segregaciones registrales entre los sucesivos herederos, que defienden como propia la propiedad del complejo, incluidas las murallas y exceptuado el oratorio.

En 1811, el Estado puso en venta el castillo y los habitantes de Alaró lo adquirieron mediante una recolecta popular, pero en 1885 las leyes de desamortización llevaron a la administración central a recuperarlo y a subastarlo a favor de Pere José Sampol Cañellas. La construcción se ubica en una finca adquirida por Antonio Ordinas Català en 1935

Hacienda investiga la propiedad del castillo

En los años sesenta, la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda inició varias actuaciones de investigación en torno a aquellos inmuebles que pudieran ser de su titularidad. Las pesquisas incluyeron la fortificación de Alaró. El expediente determinó que, pese a la irregular definición de las lindes de las fincas en las que se ubica, las ruinas del castillo y sus murallas son de titularidad estatal.

En 1969, el Gobierno declaró, de hecho, la inalienabilidad del inmueble y la afectación del mismo al entonces Ministerio de Educación y Ciencia. Desde entonces, se encuentra inscrito en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado. El traspaso de competencias a Balears en 1983 y la aprobación de su Estatut d'Autonomia generaron un limbo administrativo sobre la edificación que ha dificultado su gestión desde entonces. La familia Ordinas, sin embargo, se declara “legítima propietaria” del fortín y su recinto defensivo después de que el Estado dejara de ser titular del mismo a partir de 1885 y Ordinas Català se hiciera después con la finca.

La disputa entre los Ordinas y el Consell se remonta a principios de los años noventa, cuando el organismo insular ya intentó, sin éxito, negociar la compra del recinto. Desde entonces, los desencuentros han sido constantes, marcados por denuncias de limitación de acceso a senderistas y trabas a las labores de restauración impulsadas por las administraciones públicas. El año pasado, el conflicto alcanzó su punto álgido cuando la institución insular anunció su intención de expropiar la construcción defensiva alegando razones de interés general y de preservación patrimonial, una manifestación que se produjo tras años de negociaciones fallidas para llegar a un acuerdo de adquisición o cesión del uso del inmueble.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés (PP), aseguró entonces, y mantiene ahora, que Mallorca “no puede permitirse que uno de sus símbolos históricos esté en manos privadas y sin una gestión adecuada por parte de la administración”. La institución arguye que el castillo forma parte de la memoria histórica colectiva de Mallorca y debe garantizarse su acceso libre y su preservación adecuada. Recuerda, además, que la fortificación está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1931 y que, por tanto, las administraciones están obligadas a protegerlo.

La familia Ordinas, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones que no tiene intención de ceder el castillo a la administración y que la propiedad ha sido mantenida durante generaciones con recursos propios, principalmente como guardianes y hospitaleros de la hospedería, alegando que el Consell de Mallorca ha incumplido sus compromisos de colaboración en tareas de mantenimiento y vigilancia.