El abogado de Cristina Kirchner dijo que el PJ va a votar en contra del pliego de García-Mansilla en el Senado
Carlos Alberto Beraldi dio una conferencia de prensa después de presentar un recurso de queja en la Corte contra la sentencia que condenó a la expresidenta a seis años de cárcel
Carlos Alberto Beraldi, el abogado defensor de Cristina Kirchner, dijo hoy que los senadores peronistas votarán en contra del pliego para la Corte Suprema de Manuel García-Mansilla, a quien al expresidenta recusó esta mañana, cuando presentó en el máximo tribunal el último recurso que le queda contra la sentencia dictada en su contra por el caso Vialidad.
Beraldi dio una conferencia de prensa, esta mañana, en la sede del Partido Justicialista. Este jueves, el Senado tiene previsto tratar los pliegos de García-Mansilla y Ariel Lijo para la Corte. Tal como informó LA NACION, el oficialismo no tiene hoy los votos para que se les de acuerdo.
El abogado sostuvo que García-Mansilla, al estar nombrado en comisión, “no tiene la estabilidad” necesaria para resolver en un caso así, en el que Javier Milei dijo que Cristina Kirchner debe estar presa. Beraldi agregó además: “Es un hecho publico y notorio que el Partido Justicialista, a través de sus senadores, se va a oponer a que prospere el pliego [de García-Mansilla] en el Senado de la Nación. Es notorio entonces que este juez no puede intervenir en este proceso”.
Consultado sobre si existe alguna posibilidad de que Cristina Kirchner vaya presa ahora, el abogado respondió que no y negó que fuera habitual que la Corte rechace sin más un recurso como el presentado hoy por ella.
Ante la pregunta de si la expresidenta tiene miedo de que se ejecute la pena de prisión, afirmó: “Con lo que la conozco en estos diez años, Cristina nunca tiene miedo”. Y dijo: “Ella sabe por qué este proceso existe: porque ha hecho muchas reformas que hay gente que no le perdona”.
Horas antes, Cristina Kirchner había presentado su recurso de queja ante la Corte para que el máximo tribunal revise su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. Fue en esa presentación que además recusó a García-Mansilla.
Según la defensa, la Cámara de Casación “macrista”, que confirmó la condena de la expresidenta, rechazó los recursos de ella “sin responder ni tratar las violaciones a los derechos y garantías constitucionales planteadas”.
El escrito, de diez páginas, fue presentado en la causa por Beraldi. Es el último recurso que le queda a la expresidenta para evitar que se ejecute la pena dictada en su contra: si la Corte lo rechaza, la sentencia quedará firme. Al tener más de 70 años, en caso de que esto ocurra, puede pedir cumplir el castigo de prisión en prisión domiciliaria. No es algo que se conceda de forma automática. La ley dice que el juez “podrá” disponer que la prisión sea domiciliaria en casos determinados, como el de los mayores de 70.
Hace media hora nuestros abogados presentaron Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque el Tribunal de Casación Macrista rechazó el Recurso Extraordinario interpuesto contra su fallo sin responder ni tratar las violaciones a los derechos y garantías… pic.twitter.com/wouGZVumzO— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 31, 2025
“También recusamos a Manuel José García Mansilla, el cortesano que Milei designó por decreto violando la Constitución Nacional. El referido personaje, en la audiencia pública oficial ante el Senado de la Nación celebrada el 28 de agosto del año pasado, había declarado, ante el requerimiento específico de una senadora, que jamás aceptaría ser designado por decreto”, sumó.
Y remarcó: “Pero, además, por si todo ello no bastara… soy Presidenta del Partido Justicialista, fuerza política que se ha manifestado en contra de la designación de García Mansilla por ser contraria a la Constitución Nacional y ha solicitado sesión especial en el Senado de la Nación, para el próximo jueves 3 de abril, a los efectos de rechazar su pliego. La contundencia de los hechos y los dichos nos exime de mayores comentarios”.
En el mismo posteo, la expresidenta también hizo alusión a las declaraciones del presidente Javier Milei, que aseguró que “va a ir presa”. “No lo dijo solo en una oportunidad… Lo repitió varias veces con certeza absoluta y en forma agresiva… Casi como dando una orden”, dijo y marcó: “Esto, además de importar una indebida e intolerable intromisión en asuntos judiciales (algo expresamente vedado en el art. 109 de la Constitución Nacional), repercute en forma directa en la situación del juez nombrado en comisión quien ha sido emplazado en el cargo, como ya se dijo, por exclusiva voluntad de Javier Milei, quien reclama la condena a prisión de mi persona”.
La decisión de la Corte Suprema
La Corte Suprema no tiene plazos para decidir si deja firme la condena de Cristina Kirchner. El primer paso, una vez que ingrese este recurso, será enviárselo al procurador general interino Eduardo Casal, jefe de los fiscales y fiscal ante la Corte, quien deberá determinar si sostiene el recurso del fiscal de la instancia inferior. Una vez que tengan el dictamen, la Corte estará en condiciones de resolver. Al no tener un tiempo establecido, puede hacerlo en cuestión de semanas y apenas reciba ese dictamen, o tardar meses e incluso años, como ha sucedido en otros casos.
En caso de que el recurso sea rechazado antes del 17 de agosto, Cristina Kirchner no podrá ser candidata, ya que su condena incluye la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Si lo rechaza entre el 17 de agosto y el 26 de octubre, será difícil que se le impida competir. En cambio, si la decisión de la Corte se conoce luego del 26 de octubre, su participación en los comicios será legal y dispondrá de fueros parlamentarios.
Usualmente, y en este tipo de casos en los que hay condena con doble conforme y recurso extraordinario denegado, la Corte suele denegar el recurso de queja sin mayores explicaciones, recurriendo a una fórmula establecida en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que no obliga a explicar los motivos de la decisión. En caso de que esto ocurra, Cristina Kirchner se propone recurrir a los tribunales internacionales para denunciar lo que considera una violación de sus derechos al amparo del “lawfare”.