Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones y las normas para hacer efectivo este derecho, regulando el uso del suelo en interés general para impedir la especulación (Constitución, artículo 47). Frente al derecho, existen rentistas culpables y gobiernos responsables que impiden que el precepto constitucional se haga efectivo. Una manifestación por el derecho a la vivienda digna ha reunido este sábado en Madrid a miles de personas para pedir la bajada de los alquileres y el fin de la especulación inmobiliaria, en tanto que han advertido la posibilidad de llevar a cabo una huelga de alquileres para lograr sus objetivos. La marcha en la capital ha movilizado a más de 150.000 personas, según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y otras organizaciones sociales. La vivienda ha sido un derecho históricamente desprotegido en España, lo que viola el derecho a la vivienda que afecta a millones de personas. La vivienda se ha considerado un bien de consumo e inversión, en lugar de un derecho, lo que ha dificultado el acceso a la misma y de forma especial para las personas en situaciones más vulnerables. España es el país que más condenas ha recibido por vulnerar el derecho a la vivienda por parte del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas. La crisis de la vivienda en España hunde sus raíces en las últimas décadas, con especial incidencia de la crisis de 2008 cuyas consecuencias se arrastran hasta la actualidad. A todo ello se suma el impacto económico y social de la pandemia y las malas perspectivas actuales ante la crisis energética y el incremento del coste de la vida en un escenario de fuerte incertidumbre. La vivienda constituye la base de la estabilidad y la seguridad de los individuos y las familias. Es el centro de nuestra vida social, emocional y a veces económica y debería ser un santuario donde vivir en paz, con seguridad y dignidad. Considerada cada vez más como una mercancía, la vivienda es sobre todo un derecho humano. En virtud del derecho internacional, el derecho una vivienda adecuada entraña tener seguridad de la tenencia, sin la amenaza del desalojo o la expulsión del hogar. En el derecho a la vivienda hay que valorar una serie de aspectos. En primer lugar, estamos ante un derecho social en sentido estricto, es decir se trata de un derecho que no se configura como subjetivo y que, en consecuencia, no confiere a sus titulares una acción ejercitable en el orden a la obtención directa de una vivienda digna y adecuada. Actúa como un mandato a los poderes públicos en cuanto éstos están obligados a definir y ejecutar las políticas necesarias para hacer efectivo. Las referencias a la vivienda como derecho son escasas en las constituciones occidentales. La referencia directa más explícita se encuentra en el artículo 65 de la Constitución portuguesa de 1976 (así como en su reforma de 1989) en virtud del cual todos tendrán...
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones y las normas para hacer efectivo este derecho, regulando el uso del suelo en interés general para impedir la especulación (Constitución, artículo 47). Frente al derecho, existen rentistas culpables y gobiernos responsables que impiden que el precepto constitucional se haga efectivo. Una manifestación por el derecho a la vivienda digna ha reunido este sábado en Madrid a miles de personas para pedir la bajada de los alquileres y el fin de la especulación inmobiliaria, en tanto que han advertido la posibilidad de llevar a cabo una huelga de alquileres para lograr sus objetivos. La marcha en la capital ha movilizado a más de 150.000 personas, según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y otras organizaciones sociales. La vivienda ha sido un derecho históricamente desprotegido en España, lo que viola el derecho a la vivienda que afecta a millones de personas. La vivienda se ha considerado un bien de consumo e inversión, en lugar de un derecho, lo que ha dificultado el acceso a la misma y de forma especial para las personas en situaciones más vulnerables. España es el país que más condenas ha recibido por vulnerar el derecho a la vivienda por parte del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas. La crisis de la vivienda en España hunde sus raíces en las últimas décadas, con especial incidencia de la crisis de 2008 cuyas consecuencias se arrastran hasta la actualidad. A todo ello se suma el impacto económico y social de la pandemia y las malas perspectivas actuales ante la crisis energética y el incremento del coste de la vida en un escenario de fuerte incertidumbre. La vivienda constituye la base de la estabilidad y la seguridad de los individuos y las familias. Es el centro de nuestra vida social, emocional y a veces económica y debería ser un santuario donde vivir en paz, con seguridad y dignidad. Considerada cada vez más como una mercancía, la vivienda es sobre todo un derecho humano. En virtud del derecho internacional, el derecho una vivienda adecuada entraña tener seguridad de la tenencia, sin la amenaza del desalojo o la expulsión del hogar. En el derecho a la vivienda hay que valorar una serie de aspectos. En primer lugar, estamos ante un derecho social en sentido estricto, es decir se trata de un derecho que no se configura como subjetivo y que, en consecuencia, no confiere a sus titulares una acción ejercitable en el orden a la obtención directa de una vivienda digna y adecuada. Actúa como un mandato a los poderes públicos en cuanto éstos están obligados a definir y ejecutar las políticas necesarias para hacer efectivo. Las referencias a la vivienda como derecho son escasas en las constituciones occidentales. La referencia directa más explícita se encuentra en el artículo 65 de la Constitución portuguesa de 1976 (así como en su reforma de 1989) en virtud del cual todos tendrán...
