El rechazo en el Senado a los pliegos del juez Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla fue la foto final de una caída en cámara lenta que, solo por la falta de acuerdos políticos, se prolongó durante más de un año.

Lijo, cuya idoneidad técnica y moral fue cuestionada desde distintos sectores de la vida civil y política, dependía enteramente de lo que hoy sucediera en la Cámara alta puesto que, a diferencia de su compañero de viaje, decidió no asumir como ministro de la Corte para poner a salvo su Juzgado Federal, luego de ser nombrado por Javier Milei “en comisión”.

Así, convirtió una de sus principales fortalezas –la llegada que le daba su despacho en Comodoro Py a los distintos sectores del poder– en la razón por la cual no llegó a ocupar, aunque sea de manera temporal, un lugar en la Corte.

Menos cuestionado, pero no menos resistido, el ahora cortesano García Mansilla corrió siempre detrás, pero, sin ataduras, logró, aunque sea de momento, romper el slogan con el que el Gobierno promovía las candidaturas: “O los dos o ninguno”. Pero si el juez decide continuar como ministro se abrirá sobre la Corte, casi con seguridad, una nueva etapa de cuestionamientos.

El rechazo senatorial es el final de una trama que comenzó a tejerse hace 13 meses.

2024

Marzo. El Gobierno había dejado trascender los nombres para llenar las vacantes del supremo tribunal: el juez federal Ariel Lijo por la Elena Highton de Nolasco, que renunció en 2021, y el catedrático Manuel García-Mansilla para la que abriría Juan Carlos Maqueda en diciembre con su salida. “Ambas nominaciones permitirán restablecer el número de ministros de la Corte Suprema a cinco”, diría más tarde el comunicado oficial con el que el Gobierno destacó el “prestigio académico” de García Mansilla y la “prominente trayectoria” de Lijo como juez penal en Comodoro Py.

Abril. Se formaliza en el Boletín Oficial la propuesta del Poder Ejecutivo. Para la preselección de los candidatos, dice el texto, se tuvo en cuenta “el prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica”.

El anuncio abrió una ventana de 15 días para que la que ciudadanos y organizaciones de cualquier tipo pudieran presentar sus objeciones ante el Ministerio de Justicia. Contra Lijo, se presentarían 328 impugnaciones formales.

Mayo. Rodeados de controversia, los pliegos de los candidatos llegan al Senado. Las críticas a Lijo apuntaban, precisamente, a aquello que el Gobierno destacaba como su mayor virtud: su desempeño como juez en los tribunales de Comodoro Py.

La demora en los tramites más sensibles era el flanco al que apuntaban sus detractores. El académico García-Mansilla, por su parte, quedaba envuelto en los reparos que despertaba el histórico desbalance en la Corte Suprema en materia de género. Una discusión que se iría apagando conforme avanzara la novela durante los próximos meses.

Junio. Pese a los cuestionamiento, en el Gobierno se había instalado un genuino entusiasmo y creían posible conseguir los votos en el Senado. Daban casi por descontado que Lijo no tendría inconvenientes en reunir los dos tercios necesarios; aunque distinto era el caso del académico: los conteos nunca le sonrieron.

La estrategia del oficialismo, no obstante, fue siempre exhibirlos como si se tratara de una sola nominación, única e indivisible, con la idea quizás de que fuera el juez, con extendida influencia en la política, el encargado de traccionar los votos que le faltaban al “candidato ideológico” del Gobierno.

Julio. “Estoy convencido de enviar el pliego”, decía el Presidente en una entrevista con TN. “Las presiones mediáticas me tienen sin cuidado. Todos tienen algo para decir. La experiencia que tiene Lijo en el tema de la Justicia… Hay gente a favor y gente en contra. Es una sociedad dividida. Todo es materia de debate”.

Agosto. Los reparos corrían también en la Justicia. El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 8, a manos de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, rechazó el amparo colectivo interpuesto por diversas organizaciones para frenar las postulaciones. Antes, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había decidido no admitir el pedido de un grupo de asociaciones civiles que, por motivos jurídicos de género, había requerido una medida cautelar para suspender el tratamiento de los pliegos de Lijo y García Mansilla.

El 21 de este mes, le toco al juez Lijo defender su candidatura ante la Comisión de Acuerdos en una audiencia pública que se extendió por más de ocho horas: rechazó por infundados los cuestionamientos e impugnaciones a su calidad moral y estatura jurídica, puso en valor sus 20 años como magistrado y afirmó que en todo ese tiempo no recibió ni una sola sanción del Consejo de la Magistratura.

Por su parte, García Mansilla, una semana después, debió resistir las críticas que descargaron contra él algunas figuras del kirchnerismo, como el cristinista Oscar Parrilli, que lo acusaba de responder políticamente al “macrismo”.

Septiembre. Las negociaciones políticas para el tratamiento de los pliegos en la Comisión no prosperaban y surgían los primeros síntomas de impotencia, en el oficialismo y en los propios candidatos.

El Gobierno quería ensanchar el marco de negociación con la oposición e incluir otras cartas, como la ampliación de la Corte o el reparto de nombres para los cargos vacantes en la Justicia, pero para eso, debían primero aprobarse los pliegos. Por su peso específico en el Senado, cualquier conversación debió siempre incluir al kirchnerismo, que se resistió a firmar un “pagaré” por los votos de los candidatos.

La estrategia del oficialismo tuvo siempre la impronta del asesor Santiago Caputo y fue instrumentada casi de principio a fin por su ladero en el ámbito judicial, Sebastián Amerio.

Octubre. Un nuevo impulso en el Senado reanimó los pliegos y Lijo se aproximaba a reunir las nueve firmas necesarias para obtener dictamen en Comisión. El Gobierno, sin embargo, refrendaba su estrategia de negociación: “Son los dos o ninguno”, repetían. El kirchnerismo presionaba para llenar una de las dos vacantes de la Corte con un juez de su propuesta. Sus principales interlocutores fueron Juan Martín Mena, el senador Eduardo “Wado” de Pedro y el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos.

Noviembre. En medio de las negociaciones, el Gobierno anunció por segunda vez el envío al Senado del pliego de casi 150 jueces federales, algo que finalmente no ocurriría: el Gobierno cerró el 2024 sin elegir magistrados.

Con la marcha de los pliegos frenada, comenzaba a circular cada vez con más fuerza el rumor, no desmentido por el Gobierno, de que Milei podría nombrar “en comisión” –es decir, por decreto– a sus candidatos.

Diciembre. El pliego de Lijo ya contaba con las nueve firmas para pasar al recinto, pero el de García Mansilla seguía empantanado. El Presidente ya tenía escrito el borrador del decreto y, en paralelo, la Corte, todavía con cuatro miembros, resolvía a través de una acordada que podría funcionar con tres jueces tras la salida de Juan Carlos Maqueda a fin de mes. La disidencia fue de Ricardo Lorenzetti, promotor de la candidatura de Lijo.

2025

Febrero. Después de casi un año de negociaciones estériles, el Gobierno oficializó el nombramiento en comisión de sus candidatos. Fue un puñado de días antes de que el Congreso reanudara su actividad ordinaria y una semana después de que estallara el escándalo crypto por la promoción que hizo el Presidente de la moneda virtual $LIBRA.

“El Senado, en lugar de haber realizado un análisis serio y objetivo respecto de la idoneidad de los candidatos propuestos, ha optado reiteradamente por demorar su pronunciamiento en virtud de consideraciones motivadas por la conveniencia política”, decía el documento oficial, cuya publicación fue seguida de nuevas acciones de rechazo en la Justicia.

Al día siguiente, en una ceremonia sin estridencias, la Corte Suprema le tomó juramento a García-Mansilla, pero no a Lijo, que desde su nombramiento en comisión quedó en una encerrona: no estaba dispuesto a renunciar a su juzgado en Comodoro Py sin garantías de permanencia en la Corte dado que corría el riesgo de quedarse eventualmente sin ninguna de las dos judicaturas.

Marzo. La Corte Suprema rechazó el pedido de licencia del juez Lijo para poner entre paréntesis la titularidad del juzgado el tiempo que actúe como cortesano. Era su estrategia para no dejar a la intemperie a su juzgado en Comodoro Py. En una de sus primeras intervenciones como ministro de la Corte, García Mansilla —que siempre corrió detrás de Lijo en su camino hacia la Corte— votó en sintonía con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz y le negó la licencia al juez. Lorenzetti, en cambio, no se pronunció.