Carlos Mazón no se plantea declarar de forma voluntaria ante la jueza que investiga la gestión de la DANA
El presidente de la Generalitat valenciana transmite su "absoluta colaboración y máximo respeto" por la actuación judicial.
El presidente valenciano, Carlos Mazón, no se ha planteado personarse, ni él ni la Generalitat, en la causa que instruye el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la Dana de Valencia.
"Ni la Generalitat como persona jurídica ni nadie, incluido yo como persona física, hasta el momento nos hemos planteado la personación. Si hay algún cambio os lo trasladaremos", decía el presidente autonómico que no está investigado en la causa judicial sobre la gestión de la Dana por ser aforado. Así, también descarta la posibilidad de acudir a declarar voluntariamente al juzgado. "Estamos muy preocupados por la recuperación, seguimos trabajando", añade.
A su llegada al Palau de la Generalitat para presidir el pleno del Gobierno valenciano, Mazón ha querido transmitir su "absoluta colaboración y máximo respeto" por la investigación judicial abierta sobre la tragedia que acabó con la vida de más de 200 personas.
Imputan a Pradas y Argüeso
El juzgado de Catarroja que instruye la investigación sobre la gestión de la Dana cita como investigada a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y al ex secretario autonómico de ese departamento Emilio Argüeso.
No cita como investigado a Carlos Mazón, que es aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, aunque sí abre la puerta a la posibilidad de que lo hiciera él de forma voluntaria. Entonces sería una declaración como testigo y no como investigado. Pero el propio presidente valenciano ha negado que vaya a declarar este mismo martes.
La jueza reitera en este auto que el aviso a la población por el sistema Es-Alert a las 20:11 horas del 29 de octubre "fue tardío y erróneo", que la convocatoria del Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) a las 17 horas de ese día "se llevó a cabo con una gran demora" y que la toma de decisiones por la Administración autonómica destinada a alertar a la población se produjo "con un retraso todavía mayor".
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