Baja de retenciones por ley: el plan para dar certidumbre a un sector que siempre reclama

"A medida que se siga consolidando el sendero virtuoso, el superávit fiscal y la baja del gasto, continuaremos bajando las retenciones hasta que lleguen a cero y se queden ahí de una vez y para siempre", prometió el presidente Javier Milei el viernes 14 de marzo en Expoagro.

Como otras veces, el discurso presidencial endulza al sector del agro pero al mismo tiempo reflota los cuestionamientos sobre qué es lo que verdaderamente están recibiendo y a qué puede aspirar en el corto y mediano plazo.

Precisamente en ese contexto volvió a reunirse la Comisión de Agricultura en Diputados para poner sobre la mesa los reclamos por las retenciones, un hecho que según comentan no se daba desde 2008 con la histórica discusión sobre la Resolución 125.

El primer objetivo tiene que ver con intentar plasmar por ley cualquier mejora o plan de acción para la baja de las alícuotas, que garantice el cumplimiento a largo plazo y sobreviva a cualquier cambio de gobierno.

A partir de un decreto firmado en enero, está vigente una rebaja del 20% de la alícuota hasta junio, por lo que la intención es discutir que eso pueda convertirse en un piso para poder seguir mejorando la propuesta para el campo.

"Trajimos nuevamente el tema de las retenciones porque en realidad, más allá del discurso presidencial en favor de eliminarla, la certidumbre que pueda tener una actividad productiva la dan las leyes", explicó a El Cronista el diputado Atilio Benedetti, presidente de la comisión de Agricultura e integrante del bloque de la UCR.

En ese sentido, el entrerriano subrayó que "lo que estamos pensando es un marco de previsibilidad porque el presidente dice ‘las voy a eliminar para siempre', pero estamos en una república y puede haber alternancia y lo que necesita el sector desde hace años es tener al igual que nuestros vecinos un horizonte claro de cuestión impositiva para poder crecer".

Diputados de distintos sectores en la muestra agropecuaria

De manera informal, desde el agro le piden a Milei que le "tire un hueso" porque cuestionan que ayudan a otros sectores que no lo necesitan y que además generan presión en cuanto a la liquidación de cosechas y el ingreso de dólares.

Angeles Naveyra, titular de Barbechando, la organización que oficia como un nexo entre el campo y el sector legislativo, explicó a El Cronista que la prioridad es "dar previsibilidad" para los productores, es decir que tengan las mismas reglas de juego en la siembra que en la cosecha, por ejemplo. 

"Si nosotros no le damos eso, ese productor va a estar sembrando con una reducción temporaria y va a cosechar en diciembre nuevamente con un derecho de exportación aumentado. Y eso le quita la posibilidad de tener previsibilidad", insistió Naveyra, quien también destacó que diputados de distintos espacios pero con intereses en el sector agropecuario ya están trabajando en conjunto, con el modelo de Brasil, donde ya existe una organización más avanzada de los agrolegisladores. 

Por el lado del oficialismo, el vicepresidente de la comisión de Agricultura es el libertario Beltrán Benedit, pero quien también tiene visibilidad en el tema es Nicolás Mayoraz, diputado de LLA por Santa Fe, quien estima que este año habrá modificaciones en las alícuotas. Al mismo tiempo cuestiona que los gobernadores reclaman, pero no hacen las rebajas correspondientes en sus distritos, en impuestos como el inmobiliario rural. 

Hacia la reducción progresiva

En la comisión hay varios proyectos en danza, pero el que tiene mayores consensos es uno presentado por la Coalición Cívica que fue defendido por Juan Manuel López.

El texto que lleva la firma de los seis legisladores del espacio toma como referencia la rebaja que hizo el Gobierno por decreto este año como alícuota máxima, la convierte en permanente y obliga al Ejecutivo a bajarlas todos los años un quinto, hasta su eliminación total en el plazo de cinco años.

El proyecto establece dejar sin efecto los derechos de exportación vigentes, con excepción de aquellos que recaen sobre las habas (porotos) de soja y sus subproductos, cuya alícuota no podrá superar el 26% del valor imponible o del precio oficial FOB; el trigo, cebada, maíz y sorgo y sus subproductos, cuya alícuota no podrá superar el 9,5% del valor imponible o del precio oficial FOB; el girasol y sus subproductos, cuya alícuota no podrá superar el 5,5% del valor imponible o del precio oficial FOB y las mercaderías relativas a las actividades minera e hidrocarburífera.

Atilio Benedetti y Nicolás Mayoraz compartiendo panel

"Efectivamente competimos contra Paraguay, contra Brasil, contra Uruguay, que son nuestros vecinos, que innovan, que nos ganan mercados, y que más allá de que nosotros seamos pioneros, eficientes en nuestra producción; quedamos atrás", graficó López, quien insistió en cualquier medida "tiene que ser permanente, el agro necesita reglas claras, porque reservas van a acumular y porque además subir el tipo de producción y volver a invertir es indispensable".

Según comentaron fuentes parlamentarias especializadas en el tema, este sería uno de los caminos a transitar, aunque también hay un sector del radicalismo que pretende volver a trabajar en el proyecto de RIDA, que lo definen como una especie de RIGI pero para el agro y que ya cuenta con dictamen de comisión. Entre otros puntos contempla la amortización acelerada, la devolución anticipada de IVA y una evaluación distinta de los stocks.