Vicentin: la Justicia ordenó su intervención y Bunge, Viterra y ACA se despegan del conflicto

La Justicia de Santa Fe ordenó la intervención de Vicentin por 120 días. La empresa, que arrastra un default por más de u$s 1500 millones desde diciembre de 2019, estaba a la espera de la homologación de su acuerdo concursal que tenía a Bunge, Viterra y ACA como inversores principales. Ahora, tras la intervención, las gigantes se desentendieron del conflicto y las posibilidades de quiebra o cramdown toman cada vez más relevancia.

El expediente de la cerealera está actualmente en manos del Juez Fabián Lorenzini, quien ordenó la intervención del órgano de administración de la compañía, suspendiendo en forma provisoria los mandatos del actual directorio. Así, designó en su lugar a dos interventores judiciales, quienes, hasta el momento, eran veedores del proceso. 

Serán Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg, quienes asumirán el control total de la firma por los próximos 120 días hábiles. Vicentin, en tanto, no se expidió al respecto, aunque fuentes con conocimiento del caso transmitieron a este medio una sensación de "sorpresa" por parte de la compañía, a la vez que aseguraron que acatarán la decisión judicial.

La resolución, que cuenta con la firma de Lorenzini, asegura que "la Justicia concursal no ha sido pensada para gerenciar empresas, pero resulta necesario intervenir para prevenir daños mayores". El magistrado fue quien decidió rechazar la homologación del acuerdo concursal que había presentado Vicentin dos años atrás y que contaba con la adhesión del 70% de los acreedores de la compañía.

Este contemplaba el paso del 95% de la compañía a los llamados inversores estratégicos (Bunge-Viterra y ACA) a cambio de una inyección de u$s 300 millones en capital de trabajo y el blindaje de la empresa por 12 años. 

Sin embargo, esto ya no es una opción. Hoy, además, Lorenzini decidió devolver el expediente al tribunal subrogante (inferior), que, en este caso, es la Cámara de Rafaela. Esta última deberá dictar un nuevo fallo que, según pudo saber El Cronista, no será la homologación del acuerdo, ya que las recomendaciones de la Justicia santafesina van en el sentido contrario.

De esta forma, los inversores estratégicos se alejaron de la cerealera, ya que el requisito sine qua non para efectuar el desembolso era la homologación del acuerdo concursal.

Entonces, entre las posibles resoluciones para el conflicto, resuena el cramdown, una herramienta previa a la quiebra que permite que ciertos acreedores u otros actores externos hagan una propuesta para tomar el control de la empresa.

Este procedimiento ya se utilizó en el caso Vicentin en 2023, cuando no fluyó la primera propuesta concursal de la cerealera. Hoy, esta opción recae en manos de Grassi, representante de Commodities SA y el principal opositor de Vicentin en la carrera hacia la homologación del acuerdo.

"Los intereses de Grassi jugaron a favor de un hipotético cramdown. Sin embargo, no sabemos cómo podría resolver la situación, ya que esta herramienta necesita de la aprobación de los acreedores, así como también de una inyección de capital que el acreedor no comunicó hasta el momento", indicaron fuentes con conocimiento del concurso a El Cronista.

El Juez también dictó una medida inhibitoria anticautelar, que implica que ningún proveedor podrá cortar servicios esenciales como electricidad, gas, seguridad o transporte. Incluso, ordenó el restablecimiento de los que ya hayan sido interrumpidos. De esta forma, ningún organismo estatal podrá embargar las cuentas de la cerealera ni impedir su normal funcionamiento.

Los directivos salientes de la cerealera, Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Estanislao Bougain, están actualmente suspendidos y sin goce de sueldo. La resolución judicial fundamentó su decisión ante la inacción del directorio frente al agravamiento de la crisis de la cerealera, mientras que la compañía insiste en que la homologación del acuerdo concursal presentado dos años atrás podría haber evitado que el conflicto escalara aún más.

"El actual directorio naturalizó la parálisis societaria, abrazando como única certeza la espera pasiva de un salvataje", sostiene la resolución.

Esta noticia llegó pocos días después de que la cerealera lograra reactivar sus plantas de Avellaneda y Ricardone, tras un acuerdo Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías S.A. 

Las empresas habían acordado anticipar fondos por fasones de girasol y etanol, lo que le permitió a la empresa acreditar el 40% de los sueldos correspondientes a marzo, a la vez que se comprometió a pagar otro 40% antes de fin de mes.