Una ficción política madrileña
El domingo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, daba nueva muestra de su escasa catadura moral, y su ausencia de respeto por el estado de derecho, afirmando que había comprobado que uno de los testimonios sobre las muertes en residencias madrileñas durante la pandemia que se estaba retransmitiendo laSexta, no era una persona que hubiera tenido a ningún familiar en las mismas, añadiendo que, si le daban nombres y apellidos del resto, comprobaría si habían visitado a sus familiares en el tiempo que fueron asistidos por las residencias madrileñas. Lo de la catadura moral ni lo comento, pero ¿cómo tiene acceso el jefe de gabinete a los datos de familiares de residentes en el año 2020 un domingo por la noche? Por otro lado, el martes, cuando aún seguía coleando la polémica de MAR que, por supuesto, no va a dimitir ni va a ser cesado, comparecía el Fiscal General del Estado en el senado, para presentar la memoria anual de la fiscalía. Obviamente no es la memoria lo que ha interesado ni interesará a los medios de comunicación, pero me resultó muy inspirador en el relato del fiscal, el detalle de actuaciones realizadas, desde 2021, en relación con los fallecimientos de mayores en residencias de toda España durante la pandemia. Muchas familias, en muchos puntos del país, se vieron desamparados por el tratamiento que recibieron sus mayores y buscan y desean que se investiguen las actuaciones de residencias y responsables políticos por una necesidad fundamental de todo ser humano; saber la verdad, hacer justicia a sus familiares fallecidos y obtener reparación, si quiera moral, a su sufrimiento. Tiene sentido que la fiscalía actúe amparando estos derechos de investigación de las familias. La retahíla de actuaciones relatadas por el fiscal incluyen, además de acciones de investigación y averiguación, instrucciones a las diferentes fiscalías para que los familias sean escuchados durante los procesos de averiguación e instrucción que pudieran darse, sucesivas acciones de recopilación de información sobre la marcha de las causas y, la orden a la fiscal jefa de Madrid de recibir a los familiares de fallecidos en las residencias agrupados en las organizaciones Marea de Residencia y Verdad justicia y reparación, así como de recepcionar, formalmente, las conclusiones de la comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid, cosa que sucedió en 2023. Y aquí empieza mi ficción política, que bien podría ser el argumento de una novela de intriga; un experimentado y entrado en canas asesor presidencial, conoce de la investigación que la hacienda pública ha emprendido contra el novio de su presidenta, y sabe que no hay forma de que esto no le estalle a su jefa como un escándalo político. Se reúne con el abogado del novio y el susodicho a conocer el caso e intentar diseñar una estrategia para, de un solo golpe, salvar al defraudador de una condena que el letrado estima más que probable, y salvar a su jefa de a una caída empicado en los índices...
El domingo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, daba nueva muestra de su escasa catadura moral, y su ausencia de respeto por el estado de derecho, afirmando que había comprobado que uno de los testimonios sobre las muertes en residencias madrileñas durante la pandemia que se estaba retransmitiendo laSexta, no era una persona que hubiera tenido a ningún familiar en las mismas, añadiendo que, si le daban nombres y apellidos del resto, comprobaría si habían visitado a sus familiares en el tiempo que fueron asistidos por las residencias madrileñas. Lo de la catadura moral ni lo comento, pero ¿cómo tiene acceso el jefe de gabinete a los datos de familiares de residentes en el año 2020 un domingo por la noche? Por otro lado, el martes, cuando aún seguía coleando la polémica de MAR que, por supuesto, no va a dimitir ni va a ser cesado, comparecía el Fiscal General del Estado en el senado, para presentar la memoria anual de la fiscalía. Obviamente no es la memoria lo que ha interesado ni interesará a los medios de comunicación, pero me resultó muy inspirador en el relato del fiscal, el detalle de actuaciones realizadas, desde 2021, en relación con los fallecimientos de mayores en residencias de toda España durante la pandemia. Muchas familias, en muchos puntos del país, se vieron desamparados por el tratamiento que recibieron sus mayores y buscan y desean que se investiguen las actuaciones de residencias y responsables políticos por una necesidad fundamental de todo ser humano; saber la verdad, hacer justicia a sus familiares fallecidos y obtener reparación, si quiera moral, a su sufrimiento. Tiene sentido que la fiscalía actúe amparando estos derechos de investigación de las familias. La retahíla de actuaciones relatadas por el fiscal incluyen, además de acciones de investigación y averiguación, instrucciones a las diferentes fiscalías para que los familias sean escuchados durante los procesos de averiguación e instrucción que pudieran darse, sucesivas acciones de recopilación de información sobre la marcha de las causas y, la orden a la fiscal jefa de Madrid de recibir a los familiares de fallecidos en las residencias agrupados en las organizaciones Marea de Residencia y Verdad justicia y reparación, así como de recepcionar, formalmente, las conclusiones de la comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid, cosa que sucedió en 2023. Y aquí empieza mi ficción política, que bien podría ser el argumento de una novela de intriga; un experimentado y entrado en canas asesor presidencial, conoce de la investigación que la hacienda pública ha emprendido contra el novio de su presidenta, y sabe que no hay forma de que esto no le estalle a su jefa como un escándalo político. Se reúne con el abogado del novio y el susodicho a conocer el caso e intentar diseñar una estrategia para, de un solo golpe, salvar al defraudador de una condena que el letrado estima más que probable, y salvar a su jefa de a una caída empicado en los índices...
