Rueda llega al debate de política general huyendo de la sombra de Feijóo y volcado en el presidencialismo y el control mediático

Hace apenas dos semanas el presidente de la Xunta de Galicia recibía, de manos del ministro Ángel Torres, la gestión del litoral. Alfonso Rueda no solo asumía la histórica demanda del nacionalismo y la izquierda de cumplir con el vigente Estatuto y aumentar el autogobierno, también escenificaba una ruptura. Con su propio pasado: la transferencia ponía fin al erial de los gabinetes de Alberto Núñez Feijóo, de los que él mismo había formado parte, y que en 14 años no habían reclamado ni obtenido una sola competencia. Lo hace ahora sin aclarar del todo las razones políticas del giro, celebrado por la misma prensa afín que apenas mencionó el tema durante los gobiernos de su antecesor. El caso es que Rueda llega al debate de política general de la autonomía, que empieza este 23 de abril, huyendo de la sombra de Feijóo, volcado en reforzar el control mediático, sin encontrar soluciones claras al deterioro de la sanidad pública y aceptando, aun sin explicitarlo, reivindicaciones de la oposición.

No solo el litoral. El Gobierno gallego también ha solicitado los servicios de meteorología. Y la titularidad de su principal autopista, la AP-9, cuya concesión a Audasa fue prorrogada en su día por José María Aznar. Ni el BNG, que con 25 diputados es la segunda fuerza de la Cámara gallega, ni el Partido Socialista, acaban de fiarse, tras ver como las sucesivas mayorías absolutas del Partido Popular rechazaban una y otra vez sus iniciativas parlamentarias para ampliar el autogobierno. Todavía el mes pasado la derecha votaba en contra de una propuesta de los nacionalistas –apoyada por el PSdeG– para el traspaso de las competencias meteorológicas. ¿El argumento principal? Que la Xunta ya prepara una ley del clima en que “se contempla todo el rango normativo”. Pero esta negativa encaja, en todo caso, con la relación que Alfonso Rueda ha establecido, un año y dos meses después de su primera mayoría absoluta, con la oposición, prácticamente ninguna.

Desabrido con la oposición

El presidente gallego suele despachar las sesiones de control parlamentario con desabridos ataques a la líder del BNG, Ana Pontón, a la que acusa una y otra vez de manipular datos y cifras. También ha lanzado a la secretaria general de su partido, una Paula Prado que ha sustituido en la labor a Miguel Tellado, a una espiral de críticas contra el nacionalismo que no siempre se atienen al decoro parlamentario. Al portavoz de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, no le dispensa mejor trato, y lo dibuja como recadero de Pedro Sánchez y poco riguroso. Este mismo lunes Alfonso Rueda se permitía incluso recomendarles cómo ejercer su papel en el debate sobre el estado de la autonomía: “Espero que la oposición venga con mentalidad constructiva. Que no se ponga de perfil ni en el no por el no. Espero que por una vez vengan con propuestas”. Esas propuestas en realidad existen. Otro asunto es que el Partido Popular las rehúse y luego las haga, por lo menos en algunos casos y parcialmente, suyas.

El ejecutivo de Alfonso Rueda ha constituido una empresa de energías renovables con participación pública. El cambio respecto a la era Feijóo, que derogó el plan eólico del gobierno bipartito –coalición de BNG y PSdeG en el poder entre 2005 y 2009– y paralizó durante lustros el sector, resulta notable. Más aún la coincidencia con la oposición, que ha reclamado durante años la creación de una compañía pública para la materia. Eso sí, el BNG siempre ha defendido que el papel de la Administración sea mayoritario. En el proyecto de Rueda solo se reserva un tercio. El resto lo ocupan empresas privadas.

Otro de los asuntos que se encuentran en el centro del debate público y sobre el que la Xunta del PP ha rectificado es el de la problemática de la vivienda. Los sucesivos gobiernos de Feijóo, de los que el propio Alfonso Rueda formó parte en puestos destacados, redujeron hasta casi eliminar la construcción de vivienda pública. Aun en la actualidad y con todas las promesas realizadas, los números no alcanzan ni alcanzarán a lo construido por el bipartito. Pero los discursos de los cargos populares han cambiado y ahora asumen lo que hasta ahora solo reclamaban BNG y Partido Socialista. “No habíamos detectado el problema”, se excusó Alfonso Rueda preguntado por el viraje. No sería porque la oposición no había avisado. Como también avisó de las consecuencias de la política lingüística de Feijóo sobre el gallego.

Este consumó, nada más alcanzar la presidencia de la comunidad, el primer retroceso legal del gallego en la escuela tras la muerte de Franco. Desoyó a sindicatos, partidos de izquierda, colectivos escolares o instituciones culturales, y utilizó argumentos ultra y contrarios a toda evidencia empírica para reducir la enseñanza del idioma propio de Galicia. Alfonso Rueda se sumó con entusiasmo a aquella cruzada y una foto en la que acompaña una manifestación de asociaciones extremistas todavía lo persigue. El gallego perdió hablantes y su conocimiento y uso sobre todo entre los jóvenes cayó sensiblemente. El último informe del Instituto Galego de Estadística corroboró la situación que habían denunciado una y otra vez oposición y movimientos sociales: los 15 años de gabinetes de Rueda y Feijóo multiplicaron por dos el número de niños de entre 5 y 14 años que no saben hablar gallego, que ahora son un tercio del total. La Xunta volvió a cambiar el paso. El mismo Alfonso Rueda que se había movilizado contra la enseñanza del gallego llamaba ahora a articular un “pacto polo galego”. Ha dejado la misión en manos de su conselleiro de Cultura, José López Campos, sin que, por el momento, haya resultados. López Campos retrasó a noviembre su propuesta para reformar el Plan Xeral de Normalización Lingüística aprobado en 2005 por unanimidad parlamentaria y del que Feijóo se descolgó.

Medios públicos (aún) menos plurales

Superados los dos años de interinidad –cuando Rueda sustituyó a Feijóo a mitad de legislatura– con la mayoría absoluta de febrero de 2024, el presidente gallego empleó no pocas energías en construir una especie de culto presidencialista. Suprimió las vicepresidencias que ocupaban Diego Calvo y Ángeles Vázquez y apretó aún más las tuercas de la Compañía de Radio e Televisión de Galicia, los medios públicos autonómicos: el PP aprobó en marzo una nueva ley que le permite nombrar a su director general con mayoría parlamentaria simple. Las denuncias de manipulación a favor del PP no cesan y las protestas de parte importante de la plantilla se suceden cada viernes. Los Telexornais han prácticamente fusionado su línea editorial con los argumentarios de la derecha y el desfile de conselleiros, conselleiras y Rueda ofreciendo solo buenas noticias y críticas al Gobierno de Pedro Sánchez copa la escaleta.

También logró espacio prominente en el informativo el acto con el que Alfonso Rueda celebró en la Cidade da Cultura un año de su investidura. Ejemplo acabado de ejercicio de adhesión al líder, varios ciudadanos lo precedieron en el uso de la palabra para agradecer los efectos de la política de su gabinete. “Gracias a Dios y a la Xunta” llegó a afirmar una mujer que había obtenido un alquiler social. La función se titulaba Estilo Galicia, y el discurso de Rueda, no muy hilvanado, estuvo plagado de la retórica con la que adorna sus intervenciones propagandísticas: sentidiño, esconder decisiones políticas tras los técnicos administrativos. No hubo ninguna mención a Feijóo, su jefe en el Gobierno gallego durante 13 años y ahora responsable del PP estatal. El BNG no dudó en calificarlo de “franquista”: “Personas teniendo que agradecer como si fuesen favores que hacía el gobierno lo que eran derechos”.

Algunos de sus silencios son elocuentes, como lo es también la marcha atrás en lo que respecta a la financiación de otra iniciativa con origen en la etapa Feijóo: el proyecto de macrocelulosa de Altri. La compañía portuguesa, asociada con la gallega Greenalia –de cuya cúpula forma parte la ex conselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato–, pretende instalar una planta en Palas de Rei, en el corazón geográfico de la comunidad. Exige para ello 250 millones de euros públicos. Rueda, partidario del plan hasta el punto de que el BNG lo tilda de “comercial” de la firma, dijo en un primer momento que, si el Estado no gestionaba ese dinero, la Xunta lo buscaría. Ya no. Una vez que aprobó la declaración de impacto ambiental, se quitó de en medio y aseguró que no pondría fondos propios, que eso era cosa del Ejecutivo central. Algo ha pasado. Mientras, las multitudinarias protestas, que empiezan a evocar en su transversalidad y afluencia al espíritu de Nunca Máis, se suceden.