Que reclame uno pero se compense automáticamente a todos: la iniciativa del Gobierno para proteger colectivamente a los consumidores

El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley de acciones para proteger los derechos de consumidores y usuarios. El texto aprobado se enviará al Congreso de los Diputados para que comience el trámite parlamentario. 

Origen europeo. Con esta propuesta se prevé cumplir con una directiva europea que busca proteger los intereses colectivos de los consumidores. 

• Esta es una norma que estaba pendiente de transponer a la legislación nacional por parte del Ejecutivo. La fecha límite expiró el 25 de diciembre de 2022. 

Reclamaciones de los consumidores. La norma que llegará al Congreso prevé modificar el marco jurídico que regula los derechos de los consumidores para posibilitar que, por ejemplo: 

• Los usuarios puedan realizar reclamaciones (contra personas físicas o jurídicas) a través de entidades que velen por sus derechos y que estén legalmente registradas. 

• Estas entidades podrán ser de ámbito nacional, autonómico o local, explicaba la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

Un ejemplo. La modificación contempla que las reclamaciones que acarreen compensaciones económicas se efectúen en nombre de todos los usuarios que se hayan visto afectados por la práctica denunciada. En este sentido, desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 explican a Newtral.es que «una vez que se inicie la acción por parte de una asociación, y salvo que el tribunal establezca lo contrario, se entenderá que están representados el total de los potenciales perjudicados, sin necesidad de que tengan que adherirse expresamente a la acción».

• En los casos en los que el importe sea mayor de 3.000 euros por usuario afectado, el tribunal encargado podría decidir que la empresa compense solo a los usuarios que hayan mostrado expresamente su interés ante la reclamación. 

Modificar la ley de Enjuiciamiento Civil. La propuesta prevé una modificación en la ley de enjuiciamiento civil para que las organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores y el Ministerio Fiscal puedan dirigir acciones colectivas contra cualquier tipo de intromisión en los derechos de los usuarios.

Próximos pasos. El texto aprobado por el Consejo de Ministros será tramitado como un proyecto de ley, pasando por todo el trámite parlamentario habitual en el que la propuesta puede ser modificada o, incluso, vetada por alguna de las dos Cámaras.  Fuentes

• Referencias del Consejo de Ministros
• Resúmenes del Consejo de Ministros
• Directiva (UE) 2020/1828
• Gabinete de Comunicación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030