PSOE y PP se enzarzan en otro choque por vetos en Congreso y Senado en la tramitación de una ley

La tramitación de la ley de desperdicio alimentario ha llevado al Gobierno y al Partido Popular a enzarzarse de nuevo en un choque institucional que acabará dirimiéndose en el Tribunal Constitucional, según lo previsto. El Ejecutivo y el Grupo Popular en el Senado se acusan mutuamente de incumplir la legalidad: el Gobierno mantiene que la Cámara Alta, controlada por los populares, ha hecho caso omiso al veto presupuestario de Moncloa; y el PP —que ha contado con el apoyo de Junts en la votación— acusa al Ejecutivo de "mutilar" la ley y "silenciar" a la Cámara.

Todo este embrollo comenzó cuando el Gobierno comunicó al Senado su disconformidad ante la tramitación de varias enmiendas que se iban a introducir en el Senado a la ley de desperdicio alimentario. El Ejecutivo, "al amparo del artículo 134.6 de la Constitución y del artículo 151 del Reglamento del Senado", se negaba a la inclusión de esas enmiendas alegando su incompatibilidad presupuestaria.

Pero la Mesa del Senado rechazó esta disconformidad el 25 de febrero, al considerar que no estaba motivada. "Respecto a ninguna de las enmiendas se justifica cómo se ha estimado el importe que se indica de impacto presupuestario", reza el acuerdo alcanzado en la Mesa del Senado, de mayoría popular, y ratificado por el presidente de la Cámara.

De este modo, el proyecto de ley fue devuelto al Congreso de los Diputados, siguiendo el procedimiento habitual, para que la Cámara Baja revalidase las enmiendas introducidas en el Senado o las vetase, entre ellas las rechazadas por el Gobierno. La Mesa del Congreso, en la que los partidos del Gobierno de coalición forman mayoría, mantuvo el veto presupuestario del Ejecutivo, y llevó el proyecto de ley a votación en el Pleno sin las enmiendas. Esto supone, a ojos del Partido Popular, una "mutilación" de la norma.

Con lo cual, se han planteado esta misma semana varios conflictos de atribuciones. El Consejo de Ministro aprobó este martes el planteamiento de un choque institucional "ante el Tribunal Constitucional" contra el acuerdo del pasado 25 de febrero, en el que el Senado rechazó el veto del Gobierno, y contra la resolución del presidente del Senado, del 27 de febrero. El Senado, por su parte, ha debatido y aprobado este miércoles dos conflictos de atribuciones: uno entre el Senado y el Gobierno y otro entre ambas Cámaras Parlamentarias.

Los populares ya anunciaron el planteamiento del choque el pasado 2 de abril. La portavoz del PP en el Senado, Alicia Rodríguez, acusó al Gobierno de aprobar un veto "ilegal" y denunció que la Mesa del Congreso "no ha respetado el texto aprobado por el Pleno del Senado y decide, sin base constitucional alguna, someter a debate y votación en el Pleno del Congreso de los Diputados un texto distinto y mutilado al enviado por esta Cámara".

Este miércoles, durante el debate de la sesión plenaria del Senado, el popular Antonio Silván ha reprochado que la Mesa de la Cámara Baja, presidida por Francina Armengol, haga "lo que el zar disponga". "La Mesa de Congreso, acatando órdenes de Moncloa, acuerda manipular el mensaje remitido por el Senado", ha denunciado Silván, "el Senado por lo visto no es más que una Cámara de pega en el universo sanchista".

Según ha reivindicado el parlamentario, plantear un conflicto de atribuciones es "una obligación moral y democrática". Un deber ante una Mesa del Congreso que, "igual que hace el fiscal general del Estado con sus móviles, procede a borrar las enmiendas del Senado".

El diagnóstico de situación del Palacio de la Moncloa, claro, es frontalmente opuesto al que exponen los senadores del PP. El Gobierno considera que fue el Senado quien desoyó un mandato legal al ignorar el veto presupuestario del Gobierno. El portavoz de los socialistas en el Senado, Juan Espadas, habló este martes de la "impotencia del PP", anclado en su "versión antisistema" e instalado en el permanente "conflicto contra el Gobierno y también contra el Congreso".

El PSOE, al entender que el veto presupuestario del Gobierno es "una prerrogativa constitucional", acusa al PP de "ignorar un mandato constitucional".

"El PP solo quiere conflictos, conflictos y más conflictos, sin tener una política de Estado ni altura de miras. Los populares no se enteran de que el debate es otro, es hacer frente al órdago de Trump y coordinar esfuerzos con sentido común. El PP sigue sin norte y sin rumbo, sin un liderazgo claro", zanjó Juan Espadas el martes.

Pues bien, finalmente será el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido quien resuelva si el Gobierno, el Senado, o ninguno de los dos han invadido competencias que no le son propias.