Presupuestos Generales del Estado y Parlamento: una exigencia democrática
Hace unos días, el Gobierno anunciaba que no va a presentar proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025 salvo que consiga asegurar los apoyos parlamentarios necesarios para su aprobación, ante las críticas tanto de los partidos de oposición como de su propio socio de coalición. Así, se repite la situación acaecida en 2024, cuando, con la excusa de la minoría parlamentaria y, posteriormente, de la convocatoria de elecciones en Cataluña, el ejecutivo renunciaba a someter proyecto de presupuestos ante las Cortes Generales. La cuestión tributaria y presupuestaria está en el origen del constitucionalismo. Así lo ilustra el lema de la revolución americana: «No taxation without representation». Los presupuestos están estrechamente vinculados no sólo con el principio de representatividad, sino también con la separación de poderes y con el control democrático al Gobierno. Constituyen tanto la concreción del proyecto político del Gobierno para el año siguiente como el reflejo de la confianza del Parlamento que, en el diseño constitucional español, es la base de la legitimidad del Ejecutivo. La Constitución española es clara y taxativa: su artículo 134.3 establece la obligación del Gobierno de presentar proyecto de presupuestos al menos tres meses antes de la expiración del año anterior, es […]
Hace unos días, el Gobierno anunciaba que no va a presentar proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025 salvo que consiga asegurar los apoyos parlamentarios necesarios para su aprobación, ante las críticas tanto de los partidos de oposición como de su propio socio de coalición. Así, se repite la situación acaecida en 2024, cuando, con la excusa de la minoría parlamentaria y, posteriormente, de la convocatoria de elecciones en Cataluña, el ejecutivo renunciaba a someter proyecto de presupuestos ante las Cortes Generales. La cuestión tributaria y presupuestaria está en el origen del constitucionalismo. Así lo ilustra el lema de la revolución americana: «No taxation without representation». Los presupuestos están estrechamente vinculados no sólo con el principio de representatividad, sino también con la separación de poderes y con el control democrático al Gobierno. Constituyen tanto la concreción del proyecto político del Gobierno para el año siguiente como el reflejo de la confianza del Parlamento que, en el diseño constitucional español, es la base de la legitimidad del Ejecutivo. La Constitución española es clara y taxativa: su artículo 134.3 establece la obligación del Gobierno de presentar proyecto de presupuestos al menos tres meses antes de la expiración del año anterior, es […]