Palabras ofensivas
“En las últimas horas se dio a conocer una grave equivocación en el anexo de la Resolución 187/2025, publicada el 16 de enero de este año en el Boletín Oficial”, advertía desde la red social X Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que había firmado un cuestionado texto sobre el baremo, dirigido a establecer criterios de evaluación para las personas que pueden acceder o seguir siendo beneficiarios de una pensión por invalidez que el Gobierno aventa.El tan inconcebible y ofensivo uso de términos que dejaron de usarse hace 50 años, como “imbécil”, “idiota” y “retardado mental”, en la resolución firmada por el director de la Andis y publicada en el Boletín Oficial, condujo al escándalo. Las expresiones posteriores del funcionario, sin reflejar que se hacía cargo de sus dichos, irritaron aún más. No se entiende cómo alguien pudo desconocer los estándares médicos y normativos vigentes así como las referencias internacionales, para caer en una terminología ya obsoleta que obligó finalmente a modificar el texto de la resolución, no así las condiciones exigidas por el baremo.Un rato después, Spagnuolo tuiteó que los responsables de tan imperdonable situación ya habían sido desvinculados del organismo, desentendiéndose una vez más de su condición de firmante. Cuesta entender que lo que llega a ser publicado en el Boletin Oficial refleje tal nivel de improvisación.Cuando ya está claro que una discapacidad está muy lejos de definir a una persona o a su destino, el episodio implica una preocupante involución. Organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad no tardaron en manifestar su indignación ante lo que consideran una violación a la Convención Internacional de Discapacidad, a la que Argentina adhiere desde 2006. El bochornoso episodio, que retomó expresiones que refuerzan la discriminación, le hace mucho daño a una sociedad que ha dado muestras de madurez y crecimiento en este terreno. Todo aquello que conduzca a reforzar estereotipos, imponiendo tintes peyorativos mediante el uso de expresiones arcaicas debe ser dejado de lado en favor de la inclusión. Que desde una dependencia pública se cometan estos atropellos es doblemente condenable, mucho más cuando pretenden regular en un ámbito sin la participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad.
“En las últimas horas se dio a conocer una grave equivocación en el anexo de la Resolución 187/2025, publicada el 16 de enero de este año en el Boletín Oficial”, advertía desde la red social X Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que había firmado un cuestionado texto sobre el baremo, dirigido a establecer criterios de evaluación para las personas que pueden acceder o seguir siendo beneficiarios de una pensión por invalidez que el Gobierno aventa.
El tan inconcebible y ofensivo uso de términos que dejaron de usarse hace 50 años, como “imbécil”, “idiota” y “retardado mental”, en la resolución firmada por el director de la Andis y publicada en el Boletín Oficial, condujo al escándalo. Las expresiones posteriores del funcionario, sin reflejar que se hacía cargo de sus dichos, irritaron aún más. No se entiende cómo alguien pudo desconocer los estándares médicos y normativos vigentes así como las referencias internacionales, para caer en una terminología ya obsoleta que obligó finalmente a modificar el texto de la resolución, no así las condiciones exigidas por el baremo.
Un rato después, Spagnuolo tuiteó que los responsables de tan imperdonable situación ya habían sido desvinculados del organismo, desentendiéndose una vez más de su condición de firmante. Cuesta entender que lo que llega a ser publicado en el Boletin Oficial refleje tal nivel de improvisación.
Cuando ya está claro que una discapacidad está muy lejos de definir a una persona o a su destino, el episodio implica una preocupante involución. Organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad no tardaron en manifestar su indignación ante lo que consideran una violación a la Convención Internacional de Discapacidad, a la que Argentina adhiere desde 2006.
El bochornoso episodio, que retomó expresiones que refuerzan la discriminación, le hace mucho daño a una sociedad que ha dado muestras de madurez y crecimiento en este terreno. Todo aquello que conduzca a reforzar estereotipos, imponiendo tintes peyorativos mediante el uso de expresiones arcaicas debe ser dejado de lado en favor de la inclusión. Que desde una dependencia pública se cometan estos atropellos es doblemente condenable, mucho más cuando pretenden regular en un ámbito sin la participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad.
