Nicaragua, una dictadura conyugal
La ley de reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua, aprobada por unanimidad el pasado 30 de enero por la Asamblea Nacional en poder del sandinismo, acaba de blindar la permanencia en el poder de la pareja presidencial, integrada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se formaliza así el cargo de copresidenta, eleva el mandato de gobierno de cinco a seis años, elimina la separación de poderes y consolida el control del caudillo sandinista sobre el Ejército y la Policía.Además, incluye disposiciones que institucionalizan la represión mediante la creación de las Fuerzas Militares de Reserva Patriótica y de la Policía Voluntaria que, según los opositores al régimen, serían fuerzas parapoliciales y paramilitares para garantizar la estabilidad, la seguridad y la paz.La reforma introduce restricciones a las organizaciones religiosas, particularmente a la Iglesia Católica, tan largamente castigada, prohibiendo actividades que, según el régimen, atenten contra el orden público y faculta al gobierno a vigilar a la prensa.Cabe recordar que la lista de las víctimas perseguidas por el dictador Ortega y su cónyuge es enorme, porque el régimen no acepta el más mínimo resquicio de disidencia. Entre ellas figuran los comandantes y militantes sandinistas que rechazan la traición a los ideales de la revolución, dirigentes opositores, religiosos y prelados de la Iglesia católica, periodistas y, en general, cualquier ciudadano que defienda los principios de la democracia.Entre los críticos a esta nueva reforma está la Organización de los Estados Americanos (OEA) que mediante un duro comunicado afirmó que el texto de reforma es “ilegítimo en la forma y el contenido”, “constituye meramente una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial en el país centroamericano y es una agresión definitiva al Estado de Derecho Democrático”.Por su parte, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmó que, con la reciente modificación de la Carta Magna, la dictadura de Ortega y Murillo consolidó su control absoluto sobre el poder judicial, legislativo y electoral. Se trata de cambios grotescos que son una sentencia de muerte para el Estado de Derecho y las libertades fundamentales en Nicaragua.La Constitución de un país no es solo un conjunto de normas jurídicas; es el reflejo del pacto social que define los límites y alcances del poder político. Bajo el régimen de Ortega, el texto constitucional ha quedado rebajado a un mero instrumento de legitimación autoritaria porque altera su espíritu, sustituyendo principios democráticos por mecanismos de control absoluto.La comunidad internacional lleva demasiado tiempo paralizada mientras que el régimen dictatorial nicaragüense acelera su deriva autoritaria. No basta con condenar, urge ejercer presión diplomática y apoyar decididamente a quienes luchan por la libertad en el país, para que haya un real avance hacia la democracia. Los días oscuros que vive Nicaragua deben quedar en el pasado.
La ley de reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua, aprobada por unanimidad el pasado 30 de enero por la Asamblea Nacional en poder del sandinismo, acaba de blindar la permanencia en el poder de la pareja presidencial, integrada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se formaliza así el cargo de copresidenta, eleva el mandato de gobierno de cinco a seis años, elimina la separación de poderes y consolida el control del caudillo sandinista sobre el Ejército y la Policía.
Además, incluye disposiciones que institucionalizan la represión mediante la creación de las Fuerzas Militares de Reserva Patriótica y de la Policía Voluntaria que, según los opositores al régimen, serían fuerzas parapoliciales y paramilitares para garantizar la estabilidad, la seguridad y la paz.
La reforma introduce restricciones a las organizaciones religiosas, particularmente a la Iglesia Católica, tan largamente castigada, prohibiendo actividades que, según el régimen, atenten contra el orden público y faculta al gobierno a vigilar a la prensa.
Cabe recordar que la lista de las víctimas perseguidas por el dictador Ortega y su cónyuge es enorme, porque el régimen no acepta el más mínimo resquicio de disidencia. Entre ellas figuran los comandantes y militantes sandinistas que rechazan la traición a los ideales de la revolución, dirigentes opositores, religiosos y prelados de la Iglesia católica, periodistas y, en general, cualquier ciudadano que defienda los principios de la democracia.
Entre los críticos a esta nueva reforma está la Organización de los Estados Americanos (OEA) que mediante un duro comunicado afirmó que el texto de reforma es “ilegítimo en la forma y el contenido”, “constituye meramente una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial en el país centroamericano y es una agresión definitiva al Estado de Derecho Democrático”.
Por su parte, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmó que, con la reciente modificación de la Carta Magna, la dictadura de Ortega y Murillo consolidó su control absoluto sobre el poder judicial, legislativo y electoral. Se trata de cambios grotescos que son una sentencia de muerte para el Estado de Derecho y las libertades fundamentales en Nicaragua.
La Constitución de un país no es solo un conjunto de normas jurídicas; es el reflejo del pacto social que define los límites y alcances del poder político. Bajo el régimen de Ortega, el texto constitucional ha quedado rebajado a un mero instrumento de legitimación autoritaria porque altera su espíritu, sustituyendo principios democráticos por mecanismos de control absoluto.
La comunidad internacional lleva demasiado tiempo paralizada mientras que el régimen dictatorial nicaragüense acelera su deriva autoritaria. No basta con condenar, urge ejercer presión diplomática y apoyar decididamente a quienes luchan por la libertad en el país, para que haya un real avance hacia la democracia. Los días oscuros que vive Nicaragua deben quedar en el pasado.
