Moncloa intensifica la negociación con Junts para la reubicación de menores migrantes tras el desbloqueo competencial

La delegación de las competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña acordada entre el PSOE y Junts ha suscitado críticas tanto entre las filas socialistas como entre los socios del Gobierno, pero rebatir a los juntaires o hacer de menos lo acordado no es una opción en Moncloa. No lo es porque el caldo de cultivo logrado con los independentistas está reavivando un posible acuerdo para que estos apoyen la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para que la reubicación de los menores migrantes que llegan solos a los territorios frontera sea obligatoria y permanente. Aunque esto, según fuentes de Junts, solo se podría lograr si se tiene en cuenta el "esfuerzo previo" de Cataluña en los criterios de reparto.

Junts bloqueó el verano pasado —junto con el PP— la reforma del artículo 35 de la citada ley, pero a finales de año en Moncloa ya apuntaban a una posibilidad para lograr una mayoría alternativa con Junts: acelerar el traspaso de las competencias migratorias. Esas negociaciones se reactivaron tras casi un año bloqueadas y llegaron a buen puerto a principios de esta semana, con un pacto que no solo permite que los Mossos gestionen la seguridad de puertos y aeropuertos con la Guardia Civil y la Policía, también posibilita que la Generalitat controle los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), las autorizaciones de larga duración y de residencia y expida el documento de identidad para los extranjeros.

Se trata de un acuerdo que ha generado muchos recelos en la izquierda. Mientras Podemos lo ha rechazado de plano al considerarlo racista, Sumar también ha terminado por evidenciar su incomodidad. Y aunque en el PSOE la única voz que se ha alzado públicamente contra el pacto es la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entre las filas socialistas reconocen en privado que hay reticencias sobre la redacción del texto de la proposición de ley acordada, aunque concluyen que es un "mal menor".

Lo es porque, según fuentes del grupo parlamentario, la consigna socialista es que esto podría servir para desbloquear la reforma de la ley de extranjería y se requiere "prudencia" a la hora de rebatir a Junts para que de su brazo a torcer cuanto antes. Se trata de una contención a la que apeló abiertamente el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, principal negociador del Gobierno en materia de menores migrantes.

"Es arriesgado que se ataque a quien puede dar su voto favorable porque el PP se ha borrado y necesitamos los apoyos del 23 de julio más el de Junts. Necesitamos el voto de Junts. Es un error atacar a quien luego le vamos a pedir que nos apoye", zanjó el ministro, que constató que esta negociación con los independentistas para la reforma de la ley de extranjería está en marcha.

También lo hizo la ministra responsable de migraciones, Elma Saiz, que el mismo día en el que se hizo público el acuerdo con Junts para la delegación de competencias, aseguró que el Gobierno ya estaba trabajando "de forma intensa" para que la modificación de este artículo para que la "solidaridad sea obligatoria". Aunque ya se cerraron los criterios para la reubicación "puntual" y extraordinaria de los 4.500 menores migrantes, en el Gobierno insisten en que la prioridad siempre ha sido la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería y es lo que ahora se está poniendo sobre la mesa de negociación con Junts.

En este sentido y aunque aún no se han fijado criterios, los planes de contingencia migratoria que se aprueban en las conferencias sectoriales desde 2022 por todas las comunidades autónomas ya los referencian. Precisamente, entre los mismos está el de esfuerzo de acogida que la comunidad haya realizado en función de su población. De hecho, este era el que tenía más peso en la aplicación de referencia, que es la asignación territorial para la distribución de menores llegados a Ceuta en mayo de 2021: el 45% de las plazas se repartirían teniendo en cuenta las comunidades que en el semestre anterior tenían acogidas menos personas migrantes menores de edad.

Tanto desde el PSOE como desde Junts reconocen que la solución puede estar próxima y que los criterios de reparto tendrán mucho que ver en la misma. Fuentes del partido de Carles Puigdemont aseguran que lo que falta es definir ese criterio de esfuerzo previo ya que, aunque aseguran que desde el Gobierno están con el relato de "destensionar" Cataluña, ellos quieren "garantías" de que será así en la práctica. Con todo, se muestran convencidos de que "acabará habiendo acuerdo". "Solo hace falta que la ley sea acorde a su discurso", remachan.