Más de 5,5 millones de hogares, sin vivienda digna: "No debería ser solo un techo, sino donde construir un proyecto de vida"

El derecho a una vivienda "digna y adecuada" está recogido en el artículo 47 de la Constitución, aunque con frecuencia se obvian los dos adjetivos recogidos en la Carta Magna. En ellos se centra un estudio publicado este jueves por el Observatorio de Vivienda Digna de Esade en el que se pone de manifiesto que unos 5,6 millones de hogares en España no cuentan con una vivienda digna. "La vivienda no es solo un techo, debería ser un lugar seguro, estable y digno desde el que construir un proyecto de vida", destacó el director del Instituto de Innovación Social de Esade, Ignasi Martí, en la presentación del informe, que advierte del riesgo de perpetuar las desigualdades y la exclusión social y llama a prestar atención a las condiciones habitacionales a la hora de abordar de forma integral el problema de la vivienda.

El 29,5% de las familias que viven en España no cuentan con una casa en la que esté garantizado que el precio sea asequible ni que sea un espacio seguro y con acceso a servicios básicos y calidad ambiental. En concreto, existen 3,2 millones de hogares en situación de exclusión residencial severa y 2,3 millones en riesgo de llegar a este extremo, según el estudio, que apunta a que estas cifras son resultado en buena medida de la incesante subida de precios, la falta de oferta y la escasez de alternativas sobre todo para la población más vulnerable, una suma de factores que está haciendo cada vez más difícil el acceso a una vivienda digna.

Ante estas cifras, la investigación de Esade, firmada por Raluca Budian, Joan Roca e Ignasi Martí, advierte de que se está normalizando la precariedad habitacional, al verse cada vez más familias forzadas a aceptar condiciones "indignas", sobre todo personas vulnerables como jóvenes y familias monoparentales. "Lo que está sucediendo es la normalización de situaciones habitacionales que no deberían ser, por eso la necesidad de poner el acento en el adjetivo 'digna'", insistió Martí, que recalcó que pese a tratarse de un derecho reconocido en la Constitución, "para muchos no es el caso".

"El derecho a la vivienda es condición necesaria para otros derechos como la alimentación o los suministros básicos", añadió Budian, que recordó que la dificultad para acceder a un techo en unas condiciones dignas afecta de lleno al bienestar y la salud de las personas y condiciona aspectos fundamentales como la natalidad, la emancipación de los jóvenes o el empleo. De hecho, el informe señala que el 40% de las personas que viven en una situación de exclusión residencial severa sufren ansiedad o depresión. "La vivienda digna no se limita a ser un espacio físico, también es un entorno donde las personas pueden ejercer el control y la autonomía sobre su vida", apunta el estudio.

Sin embargo, la investigación revela que pese a tratarse de un "pilar fundamental" para el desarrollo integral de las personas actualmente no existen datos ni indicadores suficientes para medir la dimensión real del problema que supone la falta de acceso a una vivienda digna. "Es fundamental establecer unos requisitos mínimos de vivienda digna para evitar la normalización de la precariedad habitacional, un fenómeno que avanza de manera alarmante", plantea el informe.

Aspectos imprescindibles

Para avanzar en esa dirección, el Observatorio de Vivienda Digna de Esade propone una herramienta que permita evaluar las condiciones habitacionales en las que viven las personas, analizando numerosos factores que van desde la asequibilidad económica de la vivienda a su estabilidad o seguridad. "Es urgente definir qué significa una vivienda digna y establecer criterios claros para evaluar y mejorar las condiciones habitacionales", aseguró Martí, confiando en que el indicador diseñado por su equipo sirva como base para ayudar a conocer mejor esta realidad y orientar las políticas públicas.

El índice propuesto, que por el momento es una herramienta teórica diseñada específicamente para el contexto urbano español y está pendiente de llevarse a la práctica, analiza una amplia variedad de factores clasificados en dos categorías. Por un lado, aquellos aspectos imprescindibles sin los que un inmueble no puede considerarse una vivienda digna. Por ejemplo, que no requiera destinar más del 30% de la renta o que tenga una superficie de al menos 40 metros cuadrados si es para una persona pareja o 50 si es una familia con un hijo. Ha de ser una vivienda estable y con acceso a servicios básicos como el agua o la luz, pero también se tienen en cuenta otros aspectos no económicos como que no exista violencia machista, intrafamiliar o de ningún otro tipo.

Por otro lado, se contemplan también otros factores que se consideran importantes para mejorar la calidad de vida de las personas, pero no son determinantes para que una vivienda sea considerada digna, como por ejemplo tener conexión a internet, contar con zonas verdes cercanas y transporte público eficiente o que la casa esté adaptada al cambio climático. Por ejemplo, la privacidad o el entorno vecinal se ven como aspectos relevantes, pero no imprescindibles, al igual que que haya luz natural o que la artificial sea de suficiente calidad.

Pese a este ejercicio por reconocer qué condiciones objetivas determina que una vivienda sea digna, desde Esade matizan que se trata también de algo sujeto a las necesidades de quien habite el inmueble y que puede variar en el tiempo. "El concepto de vivienda digna debe entenderse en función de las necesidades específicas de quienes la habitan", subrayó en ese sentido Budian. "La vivienda debe responder a las particularidades de las personas", enfatizó.

En todo caso, el Observatorio de Esade advierte de que la necesidad de actuar para mejorar el acceso a una vivienda digna es urgente y llama a las administraciones a tomar medidas como la ampliación del parque de vivienda social y la regulación del alquiler, para garantizar precios asequibles y frenar la especulación. "En el contexto de emergencia residencial al que nos enfrentamos, la ausencia de criterios para captar la complejidad de la realidad habitacional no debería limitar la implementación de soluciones habitacionales urgentes por parte de los poderes públicos", concluye el informe.