Marlaska pone al Gobierno al borde del precipicio

En la versión más favorable para el Gobierno, Pedro Sánchez es un músico de jazz improvisando en una 'jam session' permanente. En la contraria, el presidente del Gobierno lleva tiempo sosteniendo varios platillos en el aire y consiguiendo que ninguno se caiga mientras el público teme que todo se venga abajo en cualquier momento. Quizá la verdad esté en el punto medio, pero lo que es seguro es que Fernando Grande-Marlaska ha entrado en el escenario, ha pegado una patada a los platillos y los ha lanzado por los aires.

Un día después de que Sánchez anunciara que ha encontrado 10.000 millones de euros rebuscando en los armarios del Gobierno para aumentar el gasto militar, sus socios descubrieron que la promesa de que España no iba a comprar más armamento a Israel era una ficción. Al menos lo era desde el momento en que el Ministerio de Interior llegó a la conclusión de que no le venía bien cancelar el contrato de compra de munición israelí para la Guardia Civil por valor de 6,6 millones de euros. A fin de cuentas, en Gaza solo se está produciendo un genocidio. ¿Quién podría molestarse por una compra de 15 millones de balas?

Ese es el nivel de ceguera política que coloca a los gobiernos de coalición al borde del precipicio. Si fuera la primera vez que ocurre un hecho de estas características es posible que los socios del PSOE se hubieran contenido. No es así y por eso su reacción no puede sorprender a nadie. Como dice la frase de un personaje de una novela de Ian Fleming, una vez es casualidad, dos veces es coincidencia y tres veces es un ataque enemigo. En Izquierda Unida han decidido que el tema que nos ocupa entra dentro de la tercera categoría.

La noticia de que las numerosas promesas de Sánchez y Marlaska sobre la compra o venta de material militar israelí admitían excepciones hizo que Sumar decidiera que ya ha tragado demasiado. Yolanda Díaz exigió una “rectificación inmediata”. IU fue más lejos. En una breve declaración ante los medios, su coordinador, Antonio Maíllo, utilizó cinco veces la expresión “crisis de Gobierno” en menos de cinco minutos para advertir de las consecuencias que tendría la decisión. “Si sigue (el PSOE) por ese camino, se abre la crisis de Gobierno más importante de esta legislatura”.

No era suficiente para IU, que convocó una rueda de prensa de Enrique Santiago en la mañana del miércoles. El portavoz de IU en el Congreso negó que sea imposible anular ese contrato, como sostiene el Ministerio de Marlaska, y en todo caso defendió que es mejor ir a un pleito en los tribunales. Vino a decir que es preferible perder ese juicio y pagar una alta indemnización que colaborar con la industria militar israelí.

No pidió directamente la dimisión del ministro de Interior, pero planteó que si hay altos cargos que no son capaces de cumplir el acuerdo de no comprar o vender armas a Israel, lo mejor es que den “un paso al lado”. Mencionó que Marlaska dijo en diciembre del año pasado que ese contrato “no había sido firmado” y que se había iniciado el proceso para cancelarlo.

Santiago se fue calentando en la rueda de prensa y pasó a hablar del aumento del gasto militar y la política de defensa de España. “El asunto es que no hacemos nada en la OTAN”, dijo. “Un euro dedicado a rearme es un euro que no se dedica a gasto social”. “El Congreso tiene que debatir sobre el rearme”, y no vale con una comparecencia de Sánchez en mayo para salir del paso. Se debe debatir y también votar, precisó, que es algo a lo que no está dispuesto el PSOE.

Marlaska ha conseguido que el aumento del gasto militar pase de ser un sacrificio difícil de aceptar para Sumar a convertirse en un momento insoportable. Yolanda Díaz había garantizado que la decisión no provocaría la ruptura del Gobierno. 24 horas después, todo parecía más complicado.

IU reclama que se revise el “mecanismo de relación con el socio”. Fue Sánchez quien decidió llevar el asunto al Consejo de Ministros del martes sin ningún consenso previo. La política exterior y de defensa es patrimonio exclusivo de Moncloa, pero si Sánchez aspira a que le apoyen sus socios en el Gabinete, no puede pretender que se enteren de todo por la prensa.

En la anterior legislatura, el Gobierno fue aumentando los fondos de defensa con los subterfugios presupuestarios que son habituales en España y Unidas Podemos lo aceptó sin plantear ningún escándalo. Ahora es diferente, cuando el debate del gasto militar está en todas las portadas y hay que incrementarlo hasta niveles inéditos. Como aviso implícito a Podemos, Santiago recordó que fue el único miembro de ese Gobierno que se manifestó en la calle contra la celebración en Madrid de la cumbre de la OTAN.

La respuesta inicial de Moncloa fue de esas que solo contribuyen a enfurecer aún más a los discrepantes. Fuentes de Moncloa dijeron que la Abogacía del Estado advirtió al Ministerio de que el resultado, en caso de anular el contrato, hubiera supuesto abonar el precio a la empresa israelí sin recibir la munición. Ese es un desenlace al que Sumar no pondría objeciones. No van a llorar por seis millones el día después de que se anuncie que se van a gastar 10.000 millones más en gasto militar.

Las fechas ponen en evidencia a Marlaska. El Ministerio de Interior informó de que el contrato fue adjudicado el 21 de octubre de 2024 por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Es decir, un año después del inicio de la campaña de bombardeos israelíes en Gaza cuando Sánchez y Marlaska ya habían anunciado en varias ocasiones en el Congreso que los únicos contratos de armamento que se ejecutaban eran aquellos firmados antes del 7 de octubre de 2023.

Una semana después, se inició el estudio para ver si se podía cancelar. Resulta extraño que la Guardia Civil se dedique a firmar contratos de suministro de armas o munición sin el conocimiento del Ministerio y que tengan que ponerse de inmediato a buscar la forma de no cumplirlos. La conclusión a la que se llegó es que no salía a cuenta. “La anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados”, según fuentes de Interior.

Esa respuesta no pasará el corte que exige Izquierda Unida. “Ni seis, ni 6.000 millones pueden justificar que España caiga en ser cómplice de un genocidio”, avisó Enrique Santiago. Ahora Sánchez tiene que decidir si merece la pena gastarse seis millones en mantener intacto el Gobierno de coalición. De lo contrario, los platillos pueden caerle sobre la cabeza.