Macrocausas judiciales en manos de fondos de inversión
Fondos de inversión van a decidir qué macrocausas judiciales se ponen en marcha contra las empresas que cometan fraudes masivos hacia los consumidores. Van decidirlo porque los fondos de inversión van a ser los patrocinadores de las acciones judiciales colectivas que emprendan las asociaciones de consumidores que se presten a ello. Obviamente seleccionarán a qué empresas prefieren que se lleve a los tribunales en función de las posibilidades de éxito que crean que van a tener y de lo bien o lo mal que se lleven con esas empressas. Si un fondo de inversión que financia acciones judiciales es accionista de una empresa, es evidente que no va a pegarse un tiro en el pie llevándola a juicio a esa empresa. La barbaridad que te estoy contando será la consecuencia de la aprobación de un proyecto de ley salido del Consejo de Ministros que en breve se debatirá en el Congreso de los Diputados. Un proyecto de ley basado en un texto en el que han participado fundamentalmente los ministerios de Justicia y Consumo y para cuya redacción han pasado olímpicamente de las reivindicaciones de FACUA. El proyecto de ley de acciones colectivas no solo va a fomentar que determinadas asociaciones de consumidores se pongan al servicio de los intereses de los fondos de inversión. También va a poner trabas a que las organizaciones independientes y sin ánimo de lucro podamos emprender por nuestra cuenta esas acciones en los tribunales. Porque para hacerlo vamos a necesitar recursos económicos. Así que los partidos políticos que voten a favor de este proyecto van a facilitar que la defensa de nuestros derechos mediante la vía judicial no sea más que un nuevo nicho de negocio para inversores. Evidentemente, los consumidores necesitamos una ley que regule y facilite el ejercicio de las acciones colectivas en los tribunales. Pero no esta ley, sino otra radicalmente distinta. Una ley que facilite que las organizaciones de defensa del consumidor podamos combatir los fraudes masivos ayudándonos a ello, fomentando mecanismos para la financiación pública de esas acciones en defensa del bien común, facilitando que podamos emprenderlas en lugar de poniéndonos obstáculos. Obstáculos como los que plantea el actual proyecto normativo, que obliga a las asociaciones a costear la puesta en marcha de plataformas electrónicas para gestionar los procedimientos y la relación con los consumidores que quieran personarse y que ni siquiera garantiza que tengamos derecho a la justicia gratuita completa. Es decir, que no tengamos que asumir el riesgo de pagar las costas si las sentencias son desfavorables a los consumidores. Esperemos que los grupos parlamentarios sean conscientes de lo grave que resultaría aprobar una ley de estas características y expresen su rechazo para que el Gobierno elabore un nuevo texto radicalmente distinto. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. TUS DERECHOS EN VENTA Aquí tienes el episodio de esta semana de En Ocasiones @VeoFraudes.https://t.co/P6bOyLlE6G — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) April 12, 2025 - Editorial del episodio 74 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes
Fondos de inversión van a decidir qué macrocausas judiciales se ponen en marcha contra las empresas que cometan fraudes masivos hacia los consumidores. Van decidirlo porque los fondos de inversión van a ser los patrocinadores de las acciones judiciales colectivas que emprendan las asociaciones de consumidores que se presten a ello. Obviamente seleccionarán a qué empresas prefieren que se lleve a los tribunales en función de las posibilidades de éxito que crean que van a tener y de lo bien o lo mal que se lleven con esas empressas. Si un fondo de inversión que financia acciones judiciales es accionista de una empresa, es evidente que no va a pegarse un tiro en el pie llevándola a juicio a esa empresa. La barbaridad que te estoy contando será la consecuencia de la aprobación de un proyecto de ley salido del Consejo de Ministros que en breve se debatirá en el Congreso de los Diputados. Un proyecto de ley basado en un texto en el que han participado fundamentalmente los ministerios de Justicia y Consumo y para cuya redacción han pasado olímpicamente de las reivindicaciones de FACUA. El proyecto de ley de acciones colectivas no solo va a fomentar que determinadas asociaciones de consumidores se pongan al servicio de los intereses de los fondos de inversión. También va a poner trabas a que las organizaciones independientes y sin ánimo de lucro podamos emprender por nuestra cuenta esas acciones en los tribunales. Porque para hacerlo vamos a necesitar recursos económicos. Así que los partidos políticos que voten a favor de este proyecto van a facilitar que la defensa de nuestros derechos mediante la vía judicial no sea más que un nuevo nicho de negocio para inversores. Evidentemente, los consumidores necesitamos una ley que regule y facilite el ejercicio de las acciones colectivas en los tribunales. Pero no esta ley, sino otra radicalmente distinta. Una ley que facilite que las organizaciones de defensa del consumidor podamos combatir los fraudes masivos ayudándonos a ello, fomentando mecanismos para la financiación pública de esas acciones en defensa del bien común, facilitando que podamos emprenderlas en lugar de poniéndonos obstáculos. Obstáculos como los que plantea el actual proyecto normativo, que obliga a las asociaciones a costear la puesta en marcha de plataformas electrónicas para gestionar los procedimientos y la relación con los consumidores que quieran personarse y que ni siquiera garantiza que tengamos derecho a la justicia gratuita completa. Es decir, que no tengamos que asumir el riesgo de pagar las costas si las sentencias son desfavorables a los consumidores. Esperemos que los grupos parlamentarios sean conscientes de lo grave que resultaría aprobar una ley de estas características y expresen su rechazo para que el Gobierno elabore un nuevo texto radicalmente distinto. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. TUS DERECHOS EN VENTA Aquí tienes el episodio de esta semana de En Ocasiones @VeoFraudes.https://t.co/P6bOyLlE6G — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) April 12, 2025 - Editorial del episodio 74 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes
