Los veterinarios critican la Ley del Medicamento: "Está en riesgo la vida de los animales"

Cerca de 2.000 veterinarios se reunieron el pasado miércoles 5 de marzo frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para protestar por la nueva ley que limita el uso de medicamentos -en particular, antibióticos- que estos profesionales pueden recetar y administrar en animales.

Se trata del Real Decreto 666/2023, conocido popularmente como Ley del Medicamento o Ley de Medicamentos Veterinarios, cuyo objetivo original era, según recoge el Boletín Oficial del Estado, "mejorar el mercado, la fabricación, la importación y exportación, el suministro, la distribución, la farmacovigilancia, el control y el uso de los medicamentos veterinarios, garantizando al mismo tiempo el más alto nivel de protección de la salud pública, la sanidad animal y el medio ambiente".

Un reglamento europeo con más restricciones en España

Este reglamento se aprobó como respuesta a la preocupación del sector por la resistencia a los antibióticos cuando hay una exposición continuada a ellos, que, en el caso de los animales de granja, puede pasarse a los humanos a través del consumo de productos como huevos y lácteos.

Sin embargo, pese a ser un reglamento europeo de obligada aplicación en todos los Estados miembros, estos tienen la potestad de desarrollar leyes o normas complementarias para regular aspectos específicos. Esto es, de hecho, lo que ha ocurrido en España: el Gobierno implementar la normativa mediante el Real Decreto 666/2023, que introdujo restricciones adicionales que no existen en otros países. Pero, ¿cuáles son estas medidas complementarias y por qué han causado tanto revuelo entre los veterinarios? Hablamos con Rocío Hidalgo, veterinaria del Hospital de Urgencias HURVET.

Hacer cultivos antes de recetar medicamentos

La principal queja de los veterinarios frente a esta ley reside en la obligatoriedad de realizar cultivos previos para recetar ciertos medicamentos, lo que, aseguran, no solo cuestiona su criterio profesional, sino que ralentiza el tratamiento de los pacientes en caso de urgencia.

"Nosotros hemos estudiado una carrera para saber, por ejemplo, cuál es el patógeno típico en infecciones respiratorias y qué antibiótico hay que utilizar", se queja la veterinaria Hidalgo. "Ahora la ley nos dice que tenemos que hacer cultivos sí o sí", lo que supone esperar varios días a los resultados de laboratorio, que pueden marcar la diferencia entre la supervivencia y la muerte de un animal.

"Se pone en riego la vida de los animales porque si a mí me llega un animal con una urgencia, con por ejemplo, una septicemia, que es una infección en la sangre, o una peritonitis, que es líquido libre abdominal, hay que actuar de forma rápida y ponerle un antibiótico inmediatamente, porque va a ser bacteriano casi seguro", explica a 20minutos Rocío.

Además, alargar la burocracia supone, necesariamente, costes adicionales para los dueños de los animales. "Hay propietarios que económicamente tampoco pueden permitirse hacer tantas pruebas", añade la veterinaria.

Adquirir los medicamentos solo en farmacia

El segundo gran problema de la ley es que contempla también una importante limitación respecto a los fármacos que pueden dispensar los veterinarios: la nueva normativa obliga a adquirir en farmacias muchos medicamentos que antes podían vender directamente las clínicas.

"No nos dejan vender medicamentos a nosotros, entonces tenemos que hacerle la receta al propietario y el propietario ir a la farmacia, pero estas muchas veces no tienen los medicamentos de veterinaria y hasta pasados varios días no se los pueden dar", denuncia la médica veterinaria.

Una vez más, esto es un problema sobre todo en los casos de urgencia. Por ejemplo, si la mascota debe empezar un tratamiento en festivo, cuando las farmacias suelen estar cerradas, no podrán recibir el medicamento hasta el siguiente día laborable.

Los veterinarios denuncian que la nueva normativa les enfrenta a un dilema ético: cumplir con la ley, a pesar de saber que esto podría poner en riesgo la vida de un animal, o incumplirla, lo que implicaría el riesgo de enfrentarse a sanciones económicas que varían entre 3.000 y más de un millón de euros. Un ejemplo reciente de esto es el caso de un veterinario en Baleares, multado con 90.000 euros por no seguir el procedimiento estipulado por la normativa y vender medicamentos en su consulta.

PresVet, burocratizar los diagnósticos

La tercera queja de los veterinarios con esta nueva normativa se centra en el sistema PresVet, una herramienta telemática obligatoria desde enero de 2025 que sirve para registrar la prescripción de antibióticos en mascotas. ¿El conflicto? Los profesionales consideran que este sistema genera una burocracia excesiva y resta tiempo de atención y diagnóstico a los animales.

"Registrar en la base informática todas las comunicaciones referentes a los antibióticos nos lleva entre 15 y 20 minutos, un tiempo valiosísimo, sobre todo en urgencias, que perdemos de tratar y diagnosticar al paciente", explica Rocío Hidalgo.

Aunque el objetivo es mejorar la trazabilidad y combatir la resistencia a los antimicrobianos, el sector denuncia que se han impuesto medidas excesivamente restrictivas que dificultan su trabajo, aumentando la carga burocrática sin aportar mejoras reales en el control de los medicamentos.

El IVA veterinario está al 21%

En las protestas, los veterinarios han aprovechado para exigir la reducción del IVA de los servicios veterinarios, que actualmente tributan al 21%, el tipo más alto en España. Argumentan que salvar la vida de una mascota no debería ser un lujo ni un delito y reclaman la derogación del Real Decreto para poner en valor su criterio profesional y proteger la salud de sus pacientes-