"Llevar el timón o morir asesinado": por qué refugiados de guerra sudaneses llenan las cárceles de Grecia

Samuel estudiaba Derecho cuando tuvo que huir de Geneina, su ciudad natal, poco después de que la saquearan en una de las peores masacres de la brutal guerra civil de Sudán, donde decenas de miles de personas han muerto y más de 13 millones han sido desplazadas. Tras llegar a Libia por tierra, Samuel (19) pasó dos días de junio en una travesía por el Mediterráneo antes de que un carguero los rescatara y fueran escoltados hasta Creta por los guardacostas griegos.

Ahora Samuel vive prisionero junto a otros 50 sudaneses en la cárcel juvenil de Avlona, 45 kilómetros al norte de Atenas. Según abogados y activistas, son en su mayor parte refugiados de guerra que han sido detenidos y acusados de tráfico de migrantes tras llegar a la isla griega de Creta y solicitar asilo en Europa.

Otros pasajeros de la embarcación identificaron a Samuel como el patrón, lo que significa una violación de varias leyes griegas, entre ellas la de ayudar al traslado de migrantes sin papeles. Si es declarado culpable, la pena podría ser de hasta 15 años de cárcel.

Él dice que no es un traficante, sino un refugiado que viajaba a Europa en busca de seguridad. Por el viaje pagó a los traficantes libios 12.000 dinares [unos 1.925 euros]. Según él, una tarifa reducida a condición de que llevara el timón aunque no supiera hacerlo y tampoco supiera nadar. “Era llevar el timón o morir asesinado”, dijo a los fiscales griegos durante su testimonio.

Cientos de personas han sido detenidas en virtud de la dura ley griega contra el contrabando de personas que entró en vigor en 2014 y estipula penas de hasta 25 años de cárcel. Los traficantes de migrantes representan en este momento el segundo grupo más numeroso en las cárceles griegas, por detrás de los delitos relacionados con las drogas.

Según activistas y abogados, los que llevan el timón suelen ser los migrantes más vulnerables, hombres que aceptan hacerlo a cambio de una reducción en el precio de su pasaje o el de sus familiares. Argumentan que criminalizar a refugiados y solicitantes no sirve para desarticular las redes de contrabando, porque los verdaderos contrabandistas casi nunca van a bordo.

“Es inútil”

Según Spyros Pantazis, el abogado penalista que lleva el caso de Samuel, “la durísima ley contra el contrabando [de personas] es el arma de siempre del gobierno para minimizar la inmigración ilegal”. “Lo cierto es que es completamente inútil, solo sirve para llenar las cárceles griegas de personas sin antecedentes ni relación con delitos penales”, dijo.

Pantazis, que vive en Atenas, describió a Samuel como una persona “valiente en busca de un futuro mejor”. Según él, el caso de la fiscalía griega solo se basa en las declaraciones de testigos tomadas por los guardacostas griegos, sin imágenes, evidencias digitales o pruebas de lucro por parte de Samuel. Ningún testigo tendrá que comparecer ante el tribunal, añadió, lo que priva a Samuel del derecho a hacer frente a sus acusadores.

“Mi familia quedó destrozada, tengo madre y padre y soy el mayor de seis hermanos”, declaró Samuel ante la fiscalía en junio de 2024. “Unos amigos me dijeron que estaban en campos de refugiados, pero hace más de un año que no hablo con ellos”.

En los últimos tiempos Creta se ha convertido en el principal punto de entrada para los inmigrantes en Grecia. Desde enero de 2025, más de una cuarta parte de todas las llegadas han sido por la isla, superando a anteriores puntos de acceso como Lesbos y como Samos. Según las autoridades griegas, en lo que va de año más de 2.500 personas procedentes de África han llegado a Creta.

Los sudaneses representan el cuarto grupo más numeroso de solicitantes de asilo en Grecia, llegando a superar el número de sirios y palestinos, que solían ser más comunes. De acuerdo con las cifras del ACNUR, las llegadas a Creta durante 2024 multiplicaron por más de seis a las de 2023.

Según Gabriella Sánchez, investigadora en la Universidad de Georgetown (EEUU), criminalizar a los refugiados de la guerra civil de Sudán va contra el protocolo de la ONU sobre tráfico ilícito de migrantes, donde se “establece claramente que no se puede procesar a un migrante o a una migrante por facilitar su propio tráfico”. “La práctica en los países de la UE de procesar a jóvenes migrantes como traficantes va en contra de los principios del protocolo”, dijo.

Justin Angui, de 19 años, es otro refugiado de guerra que huyó de Sudán en 2023. En marzo fue hallado culpable de contrabando, pero está recurriendo su condena. Dijo que antes de huir de Sudán vio cómo mataban a su padre. “Mi madre me dijo que me fuera a cualquier precio, así que hui a Libia, trabajé en un supermercado para ahorrar, y luego utilicé esos ingresos, junto con la pequeña cantidad que me había dado mi madre, para pagar a un contrabandista y hacer el viaje hasta aquí”, relató en su testimonio ante el tribunal.

Ahora anhela hablar con su madre y sus dos hermanas pequeñas. “No he tenido contacto con ellas desde que me encarcelaron hace seis meses, he perdido la esperanza, todo es oscuro en este momento”, dijo.

Según Julia Winkler, politóloga y coautora de un informe de 2023 sobre la criminalización de los migrantes en Grecia, “lo que está ocurriendo en Creta es un ejemplo brutal de la manera en que la llamada 'guerra contra el contrabando' de Europa está criminalizando, en los hechos, el propio acto de migrar”.

Consultado por el periódico The Guardian, el Ministerio griego de Inmigración y Asilo rechazó hacer comentarios.