La universidad de los fariseos
En los últimos años, las comunidades autónomas han dejado que universidades poco solventes vayan tomando el sistema, detrayendo potenciales alumnos (con sus consiguientes matrículas) al sistema público y privado serio. Si se arrincona la universidad pública y se marchita, habrá que pagar por lo que hoy es casi gratis y el ascensor social acabará por caer a plomo Desde los años 2000, el mercadeo universitario, ese que quiere hacer negocio con la matrícula de los alumnos y la expectativa de sus padres, empezó a vivir un boom que se ha intensificado en la última década. Empresas, fondos e inversores extranjeros se dieron cuenta de que si cobrabas mucho al alumnado, pero ajustabas el coste en profesores y en el proyecto, el margen de beneficio podía ser grande. Desde finales de los 90, acompañando al empujón que España dio al sistema superior público –complementado con serias universidades privadas– hay proyectos que venden humo (o chiringuitos) con la connivencia de comunidades autónomas que han permitido campus que no aguantan un asalto. Son proyectos que exigen a los alumnos que lo puedan pagar menos calidad para que lleguen al mismo título a los que otros (de la pública o privada) llegan con más exigencias y esfuerzos. Los atractivos turísticos de Madrid o de algunas ciudades de España han desembocado en el 'grado turístico', lo que hace que se monten sedes de multinacionales de la educación para ir moviendo –y cobrando– matrículas de acá para allá, donde la experiencia de viaje, el photoshop y los retratos de chicos guapos y felices en los folletos publicitarios son más importantes que el proyecto docente e investigador. En los últimos años, las comunidades autónomas han dejado que este tipo de empresas –que a veces ni siquiera tienen relación con la educación sino con la construcción o las finanzas– vayan tomando el sistema, detrayendo potenciales alumnos (con sus consiguientes matrículas) al sistema público y privado serio. Como publicó elDiario.es hay casos flagrantes, como el de la primera universidad privada de Extremadura, que va a abrir en un centro comercial, que sigue adelante pese a un demoledor informe que refleja que no hay un proyecto serio y que tiene una viabilidad dudosa: el Estado debe proteger también a los posibles alumnos de aventuras educativas que pueden dejarlos tirados si no alcanza los niveles de rentabilidad esperados. Muchos de estos proyectos se montan y presentan para pasar el 'examen' de la burocracia y luego se improvisa el campus. El caso de Madrid es de los más flagrantes, porque además de acumular muchos de estos 'campus de papel', está llevando a cabo paralelamente un plan de cerrar el grifo a las universidades públicas y obligarlas a meter patrocinios, capital privado y cátedras 'ad hoc' para empresas si quieren sobrevivir. La cruzada de Ayuso no es solo económica, es ideológica, como se deduce de muchas de sus declaraciones: “La izquierda tiene colonizada la universidad”. De todos los actores, ¿quiénes son los únicos beneficiados si cae y empeora la pública y hay muchos proyectos privados? Las empresas. E, incomprensiblemente, gobiernos públicos que las impulsan frente al interés de los ciudadanos, para los que es mucho más conveniente tener proyectos públicos de calidad. Mejores universidades a coste reducido debería ser una bandera que salir a defender como se defiende la sanidad pública. Aunque siempre habrá quien quiera defender, de manera incomprensible, universidades poco solventes con precios altos, algo que tampoco les interesa a las universidades privadas serias. El Gobierno ha presentado esta semana un decreto para frenar esta inflación de proyectos sin solvencia, pero solo limitando este mercado fariseo universitario no se va a obrar el milagro. Debe ir acompañado de más (y mejor) financiación de las universidades públicas, hacerlas más atractivas y competitivas, adaptarlas a los nuevos intereses de la sociedad, ayudarles a reducir la burocracia y desincentivar que, ellas también, acaben primando el humo, arrastradas por una inercia utilitarista y efectista de lo que antes era calidad y prestigio ante la urgencia de dinero que no llega. Si se arrincona la universidad pública y se marchita, habrá que acabar pagando por lo que hoy es casi gratis y el ascensor social acabará por caer a plomo.
En los últimos años, las comunidades autónomas han dejado que universidades poco solventes vayan tomando el sistema, detrayendo potenciales alumnos (con sus consiguientes matrículas) al sistema público y privado serio. Si se arrincona la universidad pública y se marchita, habrá que pagar por lo que hoy es casi gratis y el ascensor social acabará por caer a plomo
Desde los años 2000, el mercadeo universitario, ese que quiere hacer negocio con la matrícula de los alumnos y la expectativa de sus padres, empezó a vivir un boom que se ha intensificado en la última década. Empresas, fondos e inversores extranjeros se dieron cuenta de que si cobrabas mucho al alumnado, pero ajustabas el coste en profesores y en el proyecto, el margen de beneficio podía ser grande. Desde finales de los 90, acompañando al empujón que España dio al sistema superior público –complementado con serias universidades privadas– hay proyectos que venden humo (o chiringuitos) con la connivencia de comunidades autónomas que han permitido campus que no aguantan un asalto. Son proyectos que exigen a los alumnos que lo puedan pagar menos calidad para que lleguen al mismo título a los que otros (de la pública o privada) llegan con más exigencias y esfuerzos. Los atractivos turísticos de Madrid o de algunas ciudades de España han desembocado en el 'grado turístico', lo que hace que se monten sedes de multinacionales de la educación para ir moviendo –y cobrando– matrículas de acá para allá, donde la experiencia de viaje, el photoshop y los retratos de chicos guapos y felices en los folletos publicitarios son más importantes que el proyecto docente e investigador.
En los últimos años, las comunidades autónomas han dejado que este tipo de empresas –que a veces ni siquiera tienen relación con la educación sino con la construcción o las finanzas– vayan tomando el sistema, detrayendo potenciales alumnos (con sus consiguientes matrículas) al sistema público y privado serio. Como publicó elDiario.es hay casos flagrantes, como el de la primera universidad privada de Extremadura, que va a abrir en un centro comercial, que sigue adelante pese a un demoledor informe que refleja que no hay un proyecto serio y que tiene una viabilidad dudosa: el Estado debe proteger también a los posibles alumnos de aventuras educativas que pueden dejarlos tirados si no alcanza los niveles de rentabilidad esperados. Muchos de estos proyectos se montan y presentan para pasar el 'examen' de la burocracia y luego se improvisa el campus.
El caso de Madrid es de los más flagrantes, porque además de acumular muchos de estos 'campus de papel', está llevando a cabo paralelamente un plan de cerrar el grifo a las universidades públicas y obligarlas a meter patrocinios, capital privado y cátedras 'ad hoc' para empresas si quieren sobrevivir. La cruzada de Ayuso no es solo económica, es ideológica, como se deduce de muchas de sus declaraciones: “La izquierda tiene colonizada la universidad”. De todos los actores, ¿quiénes son los únicos beneficiados si cae y empeora la pública y hay muchos proyectos privados? Las empresas. E, incomprensiblemente, gobiernos públicos que las impulsan frente al interés de los ciudadanos, para los que es mucho más conveniente tener proyectos públicos de calidad. Mejores universidades a coste reducido debería ser una bandera que salir a defender como se defiende la sanidad pública. Aunque siempre habrá quien quiera defender, de manera incomprensible, universidades poco solventes con precios altos, algo que tampoco les interesa a las universidades privadas serias.
El Gobierno ha presentado esta semana un decreto para frenar esta inflación de proyectos sin solvencia, pero solo limitando este mercado fariseo universitario no se va a obrar el milagro. Debe ir acompañado de más (y mejor) financiación de las universidades públicas, hacerlas más atractivas y competitivas, adaptarlas a los nuevos intereses de la sociedad, ayudarles a reducir la burocracia y desincentivar que, ellas también, acaben primando el humo, arrastradas por una inercia utilitarista y efectista de lo que antes era calidad y prestigio ante la urgencia de dinero que no llega. Si se arrincona la universidad pública y se marchita, habrá que acabar pagando por lo que hoy es casi gratis y el ascensor social acabará por caer a plomo.
