La subida de las pensiones provoca la reducción de prestaciones a las familias de personas con grandes discapacidades

La situación, que repercute también en el acceso al bono social eléctrico, puede afectar hasta a 35.000 personas. “Siempre somos los últimos de la fila”, lamentanHacienda confirma que el salario mínimo pagará IRPF por primera vez tras la nueva subida María, que prefiere no usar su verdadero nombre, trabaja a jornada partida. Sale a las ocho y media de la tarde. Su familia es monoparental: tiene un hijo de 28 años con una discapacidad reconocida del 99%. “Necesita estar 24 horas con alguien. Hay que hacerle todo”, explica. Es usuario de un centro de día, pero a las cinco de la tarde está en casa y una persona debe acompañarle. “Alguien a quien hay que pagar, evidentemente”, señala la madre. Su hijo recibe una pensión no contributiva de invalidez y, hasta ahora, eso suponía deducciones fiscales de unos 4.200 euros. Ya no. La subida de las pensiones ha hecho que superen el mínimo exento en el pago del IRPF y pierdan buena parte de esas ayudas. “Normalmente, me devolvían unos 4.200 euros. Pero el pasado noviembre me llegó una declaración paralela según la cual debo pagar 90 euros”, explica María a elDiario.es. Lo ha recurrido, al tiempo que lo ponía en conocimiento de la Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral (Apamp) de Vigo, de la que forma parte. “En Apamp me han explicado que están denegando las apelaciones, porque las personas con parálisis cerebral no tienen la consideración de grandes dependientes”, señala. El laberinto burocrático en el que se enreda la cuestión es denso. Todo parte de la actualización de las pensiones. En el caso de María, el aumento anual de la no contributiva que percibe su hijo es de en torno a los 600 euros. “Perdemos más de 4.000. Que nos dejen como estábamos”, dice. La Federación Galega de Asociacións de Atención ás Persoas con Discapacidade (Aspace Galicia) hace meses que ha iniciado movimientos para, primero, entender qué sucedía y, segundo, proponer alternativas al Gobierno. El caso más extendido, indican a este periódico desde Aspace, es el de padres o madres de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo. Sus descendientes recibían una pensión no contributiva íntegra con complemento del 50% por tener una discapacidad igual o superior al 75% y necesidad de tercera persona cuyo importe era inferior a los 8.000 euros, el mínimo exento de IRPF. Hacienda aplicaba a estos casos una deducción por hijo a cargo con discapacidad de unos 1.200 euros, que podían figurar en la declaración de la renta o ser abonados anticipadamente a razón de 100 euros mensuales. Ya no. 35.681 pensionistas Las pensiones no contributivas dependen del Imserso, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En contacto con elDiario.es, un portavoz del mismo confirma la situación. Según las cifras que manejan en el departamento de Pablo Bustinduy, a enero de 2025, eran 35.681 las personas que cobraban una pensión no contributiva y tienen el complemento por necesidad de tercera persona reconocido. “El importe máximo de estas pensiones es de 11.858 euros anuales”, expone el portavoz, “cifra superior a los 8.000 euros que se marcan como límite para poder ser beneficiario de esa deducción [por descendiente con discapacidad a cargo]”. Que se aplicaba en la declaración de sus familiares. El ministerio no dispone de información concreta sobre el particular, pero matiza que “es posible que no todos se vean afectados”, dado que los 11.858 euros anuales son el importe máximo y “puede ser inferior [el importe de la pensión que se recibe] al reducirse por ingresos personales o de las personas con las que convive el pensionista”. A Manuela –también un nombre ficticio– le sucedió lo mismo que a María. Ella es madre de un hijo de 35 años con una discapacidad del 99%. Él es uno de los 35.681 beneficiarios de una pensión no contributiva con complemento por tercera persona. Manuela relata algunos de los gastos a los que se enfrenta la familia y que la deducción fiscal contribuía a sufragar. Su hijo acude a un centro de día, financiado parcialmente por la Xunta de Galicia, pero aun así sujeto a copago. Además, necesita una ayudante el resto del día. Las personas con parálisis cerebral, como es el caso, suelen sufrir problemas intestinales. Los médicos especialistas en proctología no entran por la Seguridad Social. La actualización de las pensiones también dificulta, recuerda, el acceso a otras ayudas. Pone de ejemplo el bono social eléctrico. “Cuando tienes a cargo una persona con discapacidad, pones más lavadoras de lo normal. Las sillas de ruedas eléctricas también gastan. O los respiradores para hacer nebulizadoras”, dice. El bono eléctrico, un descuento en la factura de la luz, lo concede el Ministerio para la Transición Ecológica, pero lo hace consultando con Hacienda los ingresos de los solicitantes. “Estamos acostumbrados a los encontronazos con la administración, porq

Feb 15, 2025 - 17:37
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La subida de las pensiones provoca la reducción de prestaciones a las familias de personas con grandes discapacidades

La subida de las pensiones provoca la reducción de prestaciones a las familias de personas con grandes discapacidades

La situación, que repercute también en el acceso al bono social eléctrico, puede afectar hasta a 35.000 personas. “Siempre somos los últimos de la fila”, lamentan

Hacienda confirma que el salario mínimo pagará IRPF por primera vez tras la nueva subida

María, que prefiere no usar su verdadero nombre, trabaja a jornada partida. Sale a las ocho y media de la tarde. Su familia es monoparental: tiene un hijo de 28 años con una discapacidad reconocida del 99%. “Necesita estar 24 horas con alguien. Hay que hacerle todo”, explica. Es usuario de un centro de día, pero a las cinco de la tarde está en casa y una persona debe acompañarle. “Alguien a quien hay que pagar, evidentemente”, señala la madre. Su hijo recibe una pensión no contributiva de invalidez y, hasta ahora, eso suponía deducciones fiscales de unos 4.200 euros. Ya no. La subida de las pensiones ha hecho que superen el mínimo exento en el pago del IRPF y pierdan buena parte de esas ayudas.

“Normalmente, me devolvían unos 4.200 euros. Pero el pasado noviembre me llegó una declaración paralela según la cual debo pagar 90 euros”, explica María a elDiario.es. Lo ha recurrido, al tiempo que lo ponía en conocimiento de la Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral (Apamp) de Vigo, de la que forma parte. “En Apamp me han explicado que están denegando las apelaciones, porque las personas con parálisis cerebral no tienen la consideración de grandes dependientes”, señala. El laberinto burocrático en el que se enreda la cuestión es denso. Todo parte de la actualización de las pensiones. En el caso de María, el aumento anual de la no contributiva que percibe su hijo es de en torno a los 600 euros. “Perdemos más de 4.000. Que nos dejen como estábamos”, dice.

La Federación Galega de Asociacións de Atención ás Persoas con Discapacidade (Aspace Galicia) hace meses que ha iniciado movimientos para, primero, entender qué sucedía y, segundo, proponer alternativas al Gobierno. El caso más extendido, indican a este periódico desde Aspace, es el de padres o madres de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo. Sus descendientes recibían una pensión no contributiva íntegra con complemento del 50% por tener una discapacidad igual o superior al 75% y necesidad de tercera persona cuyo importe era inferior a los 8.000 euros, el mínimo exento de IRPF. Hacienda aplicaba a estos casos una deducción por hijo a cargo con discapacidad de unos 1.200 euros, que podían figurar en la declaración de la renta o ser abonados anticipadamente a razón de 100 euros mensuales. Ya no.

35.681 pensionistas

Las pensiones no contributivas dependen del Imserso, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En contacto con elDiario.es, un portavoz del mismo confirma la situación. Según las cifras que manejan en el departamento de Pablo Bustinduy, a enero de 2025, eran 35.681 las personas que cobraban una pensión no contributiva y tienen el complemento por necesidad de tercera persona reconocido. “El importe máximo de estas pensiones es de 11.858 euros anuales”, expone el portavoz, “cifra superior a los 8.000 euros que se marcan como límite para poder ser beneficiario de esa deducción [por descendiente con discapacidad a cargo]”. Que se aplicaba en la declaración de sus familiares. El ministerio no dispone de información concreta sobre el particular, pero matiza que “es posible que no todos se vean afectados”, dado que los 11.858 euros anuales son el importe máximo y “puede ser inferior [el importe de la pensión que se recibe] al reducirse por ingresos personales o de las personas con las que convive el pensionista”.

A Manuela –también un nombre ficticio– le sucedió lo mismo que a María. Ella es madre de un hijo de 35 años con una discapacidad del 99%. Él es uno de los 35.681 beneficiarios de una pensión no contributiva con complemento por tercera persona. Manuela relata algunos de los gastos a los que se enfrenta la familia y que la deducción fiscal contribuía a sufragar. Su hijo acude a un centro de día, financiado parcialmente por la Xunta de Galicia, pero aun así sujeto a copago. Además, necesita una ayudante el resto del día. Las personas con parálisis cerebral, como es el caso, suelen sufrir problemas intestinales. Los médicos especialistas en proctología no entran por la Seguridad Social.

La actualización de las pensiones también dificulta, recuerda, el acceso a otras ayudas. Pone de ejemplo el bono social eléctrico. “Cuando tienes a cargo una persona con discapacidad, pones más lavadoras de lo normal. Las sillas de ruedas eléctricas también gastan. O los respiradores para hacer nebulizadoras”, dice. El bono eléctrico, un descuento en la factura de la luz, lo concede el Ministerio para la Transición Ecológica, pero lo hace consultando con Hacienda los ingresos de los solicitantes. “Estamos acostumbrados a los encontronazos con la administración, porque siempre somos los últimos de la fila”, lamenta Manuela, “pero no se pueden perder derechos, no se pueden dar pasos atrás. No entendemos esta discriminación”.

Consultado por este periódico, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se limitó a una respuesta genérica sobre la revalorización de las pensiones, aseguró que la misma ha reducido la tasa de pobreza en un 16,4% y, para el caso de las no contributivas, remitió al Imserso, dependiente de Derechos Sociales.

Reformar la ley del IRPF

Aspace Galicia, que agrupa a las asociaciones de familias de personas con parálisis cerebral, considera que una solución viable a esta problemática –un efecto colateral de la subida de las pensiones– pasa por el Ministerio de Hacienda. “La única vía pasa por conseguir un cambio normativo en la ley del IRPF”, aseguran: que las pensiones no contributivas por invalidez sean reconocidas como rentas exentas “en los mismos términos que las prestaciones de incapacidad permanente o gran invalidez y la prestación por hijo o hija a cargo”. María, la mujer cuyo hijo de 28 años, critica que esta equiparación no exista ya. “Nuestros hijos nunca trabajaron porque nunca pudieron trabajar, pero son grandes dependientes”, argumenta.

ElDiario.es pidió al Ministerio de Hacienda una valoración sobre la reclamación de Aspace, sin obtener respuesta.

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