La negativa autonómica por la cesión a Junts y los futuros recursos al TC dejan en la incertidumbre la reubicación de menores

No ha sido fácil tener un texto definitivo y tampoco será aplicarlo. Al menos no todo lo sencillo que le gustaría al Gobierno, que ha estado un año trabajando para reformar la ley de extranjería que obligará a las comunidades a acoger a menores migrantes de los territorios más tensionados. Hay, por ahora, varios frentes abiertos: uno es sostener el apoyo de Junts, con quien pactó un texto que beneficia a Cataluña, hasta que la iniciativa sea sometida a votación en el Congreso; el otro es asegurar la supervivencia de la norma tras su paso por el Tribunal Constitucional (TC), después de que al menos cuatro comunidades hayan avanzado que la recurrirán por invasión de competencias.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el decreto que reforma la ley de extranjería para instaurar un mecanismo que permita reubicar, en un plazo de 15 días, a menores migrantes no acompañados de las autonomías más saturadas, que actualmente son Canarias y Ceuta. En torno a 4.400 niños y jóvenes deberían ser trasladados al resto de autonomías según esta nueva iniciativa, que define unos criterios para determinar el número de menores que debe acoger cada comunidad. Este ha sido, de hecho, el punto de discordia principal, pues según esos requisitos, hay comunidades, como Cataluña, que saldrán claramente beneficiadas —Junts calcula que apenas deberán recibir unos 20 o 30 menores—, mientras otras, como Madrid, acogerán a más de 700.

Esto le ha valido al Gobierno un aluvión de críticas del PP, que considera que lo pactado con los de Carles Puigdemont no es más que "una política de reparto de inmigrantes a la carta". Algunos barones populares llegaron incluso a decir que no recibirían a ningún menor en su territorio, aunque, pasados los días, ya han bajado el tono y han asumido que tendrán que acatar la ley si sale adelante. Quemarán, eso sí, un último cartucho: el del Constitucional. Al menos cuatro comunidades —Aragón, Madrid, Cantabria y Castilla y León— han anunciado ya que recurrirán el decreto del Ejecutivo y Andalucía dice que estudia hacerlo.

Madrid lo hizo nada más conocerse el acuerdo con Junts. La presidenta Isabel Díaz Ayuso cargó contra el "lamentable" pacto y dijo que recurriría a los tribunales y la Unión Europea (UE). Por su parte, el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha dado también el visto bueno a la interposición del recurso al TC por considerar que el acuerdo quiebra el principio de solidaridad y de igualdad entre los españoles. "Cantabria va a recurrir sí o sí", sentenció la presidenta cántabra, María José Saenz de Buruaga, antes de calificar el decreto como un "atropello" que pone en peligro el sistema de protección de su comunidad autónoma. En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco dijo igualmente que iba a recurrir un texto que, reprocha, ha sido impuesto a las comunidades sin su acuerdo.

El Gobierno esperará a tenerlo todo asegurado

Una vez presentado el recurso, hay dos opciones. Que el tribunal de garantías decrete la suspensión del decreto mientras resuelve el fondo del asunto y que se paralice todo el proceso hasta que haya fallo; o que deje que la iniciativa siga su curso hasta que dictamine. En cualquier caso, fuentes del Gobierno insisten en que no se producirá ningún traslado hasta que la reforma sea convalidada en el Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo cuenta con los apoyos suficientes para que salga adelante —a diferencia de lo que sucedió en julio, que decayó por el 'no' del PP, Junts y Vox—, pero visto el ambiente político que hay en la Cámara Baja, el Ministerio de Política Territorial, aconsejado por la Abogacía del Estado, prefiere esperar "para evitar afecciones a los menores que pudieran derivarse y que posteriormente el decreto no saliera convalidado".

Aunque, si todo va bien, el objetivo del Gobierno es que en la primera quincena de abril se pueda efectuar el reparto de menores migrantes. Antes, las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para trasladar el número total de menores migrantes que tutelan en sus respectivos territorios, y así calcular luego a cuántos acoge cada una para aliviar la sobreocupación que sufren Canarias y Ceuta. Ese cálculo se hará, en principio, en base a los criterios definidos en el decreto —que tienen en cuenta factores como el paro, la población, la renta per cápita o el esfuerzo previo realizado en la acogida—; aunque esos requisitos (y el peso que tenga cada uno) podrán ser modificados por unanimidad en el seno de una Conferencia Sectorial de Infancia.

El TC ya se pronunció sobre los menores migrantes

No será la primera vez que el Constitucional se pronuncie sobre este tema. En pleno rifirrafe político por la gestión de la acogida de los menores migrantes entre Canarias y la Moncloa, el dirigente canario, Fernando Clavijo, aprobó a finales de verano un polémico protocolo que limitaba la competencia de la comunidad para hacerse cargo de los menores que llegan al archipiélago en cayucos y se la otorgaba al Estado.

En febrero, el tribunal anuló por unanimidad dicho protocolo, recalcando la "irrenunciabilidad e indisponibilidad" de las competencias autonómicas —los menores migrantes— y exponiendo que, aun comprendiendo las dificultades y el desbordamiento que sufre Canarias, ello "no puede justificar la renuncia" de la comunidad en la acogida, "debiendo atenderse también al principio de cooperación y colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas". Es decir, que en cierta parte avaló la postura del Gobierno y defendió el deber de las autonomías de colaborar mutuamente para asegurar la protección de esos niños y adolescentes.