La muerte de Francisco deja en el limbo el pacto entre el Gobierno y la Iglesia para reparar a las víctimas de la pederastia

Años, incluso décadas, de silencio. De negación. De encubrimiento. De obstrucción. De justificación. De indignidad. Y de infamia. Pasó en Canadá, en EEUU, en Irlanda, en Bélgica, en Alemania, en Austria, en Países Bajos, en Australia, en Francia, en Portugal, en Suiza, en América Latina… Y España nunca fue una excepción, sino uno de los países donde hubo más casos de pederastia en el ámbito de la iglesia católica. La Conferencia Episcopal y las instituciones públicas cerraron los ojos a una realidad abyecta como pocas durante lustros. Era solo un secreto a voces hasta que algunas investigaciones periodísticas y, sobre todo, el informe de octubre de 2023 del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, encargado por el Congreso de los Diputados, consiguió helar la sangre y zarandear la conciencia de muchos con una cifra: 440.000 ciudadanos habían sufrido abusos sexuales desde 1945. 

La mitad de las agresiones fueron cometidas por sacerdotes y religiosos. La otra mitad, por laicos. Son datos escalofriantes, brutales y aterradores. Sin embargo, la respuesta del papa Francisco no fue en este caso la esperada por las víctimas y los poderes públicos. Y eso que sus declaraciones cuando se conocieron otros estudios sobre la pederastia en diferentes países fueron muy críticas, convocó a los obispos de todo el mundo a una cumbre dedicada exclusivamente a la protección de los menores, prometió una batalla sin cuartel contra los abusos y eliminó el secreto pontificio sobre estos delitos. 

Bergoglio no dijo una palabra pública sobre lo ocurrido en España, aunque interviniera de forma personal en casos concretos de personas que le escribieron para relatar su infierno. Su fallecimiento deja por tanto en el limbo la posibilidad de un acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los obispos españoles para reparar a las víctimas.

El informe del Defensor del Pueblo no gustó a la Conferencia Episcopal, que invocó la prescripción de los delitos, cuestionó los datos y se negó a cooperar con las recomendaciones que proponía el texto, especialmente con la de crear un organismo independiente que estudie caso por caso y fije los baremos de las indemnizaciones. 

Los obispos crearon su propio plan con el nombre de PRIVA, que estaba compuesto por un grupo de expertos elegidos a dedo, sin la participación de las víctimas y cuyo trabajo —el de investigar cada denuncia y establecer una cuantía— no es de obligado cumplimiento para los responsables subsidiarios, es decir, para cada uno de los 70 obispados y las más de 300 congregaciones religiosas. A las asociaciones de afectados les parece una broma, recelan de su mecanismo y han denunciado incluso la premeditada dilación del procedimiento. Igualmente, la Moncloa la rechaza por tratarse de una fórmula unilateral que no cuenta con la supervisión y el control del Estado.

El caso es que desde el Gobierno de Sánchez no han cejado en el empeño para que la Iglesia indemnice a las víctimas de la pederastia y, ante la falta de respuestas, han llegado a plantear la implementación de mecanismos legales que obliguen a los obispos a asumir el coste de las reparaciones. La negociación hasta el momento entre el Ministerio de la Presidencia y la Conferencia Episcopal ha sido baldía. No se atisba en el horizonte, según admiten fuentes gubernamentales, un acuerdo temprano. Y la muerte del papa, a quien Pedro Sánchez visitó en el Vaticano por última vez el pasado noviembre, añade incertidumbre a una posible salida pactada.

Los encuentros entre Parolin y Bolaños

El presidente del Gobierno intentó desatascar el asunto de las indemnizaciones con el pontífice, como antes había hecho su ministro Félix Bolaños en múltiples encuentros –unos públicos y otros privados– con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, pero más allá de la recurrente y declarada disposición al acuerdo, el resultado ha sido nulo. 

Todo lo que no pase por un mecanismo de reparación a las víctimas con intervención pública no será admitido por el Ejecutivo, y no solo porque fuera esta la fórmula prevista en las recomendaciones del Defensor del Pueblo, sino también porque cuenta con una amplísima mayoría de grupos parlamentarios y el respaldo de las asociaciones de víctimas de la pederastia en el ámbito de la iglesia. 

El asunto es nuclear teniendo en cuenta la dimensión del problema, el delito del que se trata y los años de omertá en una sociedad que durante 40 años de dictadura fue instruida bajo la doctrina del pecado del sexto mandamiento de una ley dictada por un supuesto dios. 

Otras cuestiones, no menores, que generaron desconfianza y desacuerdo entre el Gobierno y la iglesia han sido, sin embargo, resueltas durante el pontificado de Francisco gracias a la pericia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El hombre de Sánchez que coordina las relaciones con las instituciones religiosas ha sido una figura clave en los distintos acuerdos entre el Gobierno y la iglesia católica en los últimos dos años y medio. Y, sin embargo, Félix Bolaños, a diferencia de otras personalidades públicas, no ha salido esta semana tras el fallecimiento del papa a proclamar ni su estrecha relación con Francisco, ni a contar urbi et orbi las veces que estuvo reunido con el pontífice, ni mucho menos a relatar si determinó o no sus decisiones vitales o políticas.

Sin embargo, ha sido el ministro que más encuentros ha tenido con el pontífice, “un gran conocedor de la realidad política y social de España”, como asegura Bolaños en conversación con elDiario.es, que pudo constatar en sus diferentes encuentros. Fueron cinco. Algunos, en audiencia privada. 

Bolaños ha sido, junto al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, el artífice del acuerdo con la Iglesia para la resignificación de Cuelgamuros, incluida una parte de la basílica, un asunto que llevaba años bloqueado y por el que finalmente los benedictinos seguirán en el Valle. Aunque la Iglesia participará en el concurso internacional para modificar parte del interior del templo, que no será desacralizado, los obispos ultras se han revuelto contra el acuerdo de igual modo que una parte de la izquierda. El de Cuelgamuros ha sido un pacto para unos insuficiente y para otros bastante razonable teniendo en cuenta hasta dónde se atrevieron –más bien, no lo hicieron– otros ejecutivos. 

El acuerdo se cerró en Roma el pasado febrero, cuando el papa Francisco ya estaba muy enfermo e ingresado en el hospital Gemelli. De ahí que, para que quedara blindado, Bolaños exigiera que se plasmara por escrito con el cardenal de Madrid, José Cobo, después de que Parolin, gran conocedor de la realidad de Cuelgamuros y de la ley de Memoria Democrática, hubiera dado el visto a que los nostálgicos del franquismo como el exprior Cantera y otros dos religiosos salieran del Valle, una petición expresa del Ejecutivo que ya se ha cumplido.

De la bula fiscal a la equiparación con entidades sin ánimo de lucro

Antes de esta entente, durante la pasada legislatura y entonces como responsable de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, Bolaños ya había logrado la segunda modificación de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 para derogar la exención para la iglesia católica del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. La decisión afectó a las diócesis (70), parroquias (casi 23.000) y a las órdenes y congregaciones, que quedaron equiparadas en materia fiscal con cualquier entidad sin ánimo de lucro conforme al principio de no privilegio y no discriminación.

El ministro de Presidencia ya había arrancado un año antes a la Conferencia Episcopal Española la confesión de que al menos un millar de los 35.000 bienes (20.000 de ellos lugares de culto) de los que inmatriculó de forma extraordinaria a partir de 1998 aprovechando la reforma de José María Aznar no eran de su propiedad, sino de un tercero. Desde entonces, ya se han devuelto más de 1.000 de bienes a sus propietarios.

Con todo, el acuerdo más simbólico para la izquierda social y política durante el pontificado de Bergoglio fue el alcanzado entre el Gobierno de Sánchez y el Vaticano para el traslado de los restos de Franco desde el Valle de los Caídos en octubre de 2019. Sea quien sea el sucesor de Francisco en el Vaticano, en la Moncloa creen que será difícil superar la buena relación de este Gobierno con el pontífice que ya descansa en la basílica de Santa Maria Maggiore y, sobre todo, que haya un Papa con mayor conocimiento de la realidad política y social de España.

Conocía con detalle, según han contado quienes a menudo le frecuentaban, todos los comentarios que sobre él habían hecho los líderes políticos que más recelaban de su magisterio y también los cardenales del Vaticano que hacían de confidentes a la ultraderecha española.