La Ley de protección a menores crea nuevos delitos para imágenes con IA y el engaño online y exige más control a las redes sociales

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la ley de protección a la infancia en el ámbito digital, una norma que busca poner fin a la "ley de la selva" que impera en internet y que acaba perjudicando en el desarrollo de la infancia y la adolescencia. El proyecto, impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia, contempla medidas como la penalización de la creación y difusión de imágenes sexuales realizadas con Inteligencia Artificial (IA), órdenes de alejamiento virtual, la obligación de que todos los dispositivos tecnológicos vengan ya de fábrica con control parental incorporado o el aumento hasta los 16 años de la edad permitida para crearse un perfil en redes sociales.

La norma recibió el pasado noviembre el visto bueno por unanimidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), e incorpora las recomendaciones del grupo de 50 expertos designado por el Ejecutivo para que hicieran un diagnóstico sobre el impacto de las tecnologías en las personas menores de edad. Irá, además, de la mano de una Estrategia Nacional en la que el departamento dirigido por Sira Rego está trabajando, y la cual abordará otros enfoques más preventivos y de promoción de "otras formas de uso" de los entornos digitales "tan importantes como la regulación", según cuentan fuentes del ministerio.

"Esta ley responde a un compromiso del presidente [Pedro Sánchez], que quiso recoger la preocupación de las familias españolas en relación con los entornos digitales y los riesgos que ello supone", ha subrayado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo. La norma, según ha defendido, cobra especial relevancia a raíz de los datos e informes que se han ido publicando y que evidencian una realidad "preocupante" para los niños y adolescentes: la edad media del primer móvil en España son los 11 años, que es también cuando los niños suelen acceder a la pornografía por primera vez. El 99% de los adolescentes con móvil está en redes sociales y el 91% se conecta todos los días a internet.

Control parental por defecto

Así, el proyecto de ley —que el Ejecutivo envía ahora al Congreso para su tramitación parlamentaria— recoge, medidas que afectan tanto al ámbito educativo, como al sanitario o al propio Código Penal. Una vez entre en vigor la norma, todos los dispositivos que se fabriquen—móviles, tabletas, ordenadores, etc.— deberán incluir un control parental por defecto y gratuito, que se activará en el momento de la configuración inicial. En esa línea de establecer mecanismos de control a la industria, la ley exigirá que todos los aparatos tecnológicos incluyan un "etiquetado entendible" que explique los peligros y riesgos de un uso inadecuado y sus efectos para el desarrollo físico, mental y moral de los menores de edad. "Esto obliga a las empresas fabricantes a asumir sus responsabilidades y realizar un análisis riguroso del impacto de sus productos sobre la infancia y la adolescencia", defienden desde Juventud e Infancia.

Reforma del Código Penal

La norma reforma el Código Penal en varios puntos distintos. El primero contempla la incorporación de un "catálogo de penas" que prohibirán el acceso o la comunicación en el entorno digital de los agresores con sus víctimas. "Creamos lo que podemos llamar órdenes de alejamiento digital", ha explicado Bolaños. La segunda modificación tipifica como delito cualquier conducta que consista en poner material pornográfico a disposición de los menores de edad; y, la tercera consiste también en el reconocimiento de los deepfakes como un delito nuevo del Código Penal, entendiendo estos como los contenidos vejatorios o de carácter sexual, creados con ánimo de parecer reales, para que parezca que los está realizando otra persona. "Serán delito cuando por su grado de realismo pretendan vejar a una persona en concreto", ha precisado el ministro.

Por último, la norma regula lo que se denomina grooming, que es el engaño online a menores de edad, y que se tipificará como un agravante en los delitos contra la libertad sexual. Son prácticas que consisten en la creación de un perfil falso por parte de un adulto, que se hace pasar por un menor, con el objetivo de ganarse la confianza de un adolescente para obtener, normalmente, contenido audiovisual pornográfico. Y, por último, se incluye como delito el ciberbullying.

Redes sociales: solo a partir de los 16 años

Se modifica la ley de protección de datos personales, para que, desde la entrada en vigor del proyecto, la edad mínima para que un menor de edad pueda abrirse un perfil en redes sociales sean los 16 años, y no los 14, como está estipulado ahora. También se modifica la ley general de comunicación audiovisual, para que los grandes operadores de comunicación e influencers con muchos seguidores dispongan de canales de denuncia por "contenidos inapropiados" para menores.

Asimismo, el proyecto prohíbe el acceso de los menores a mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos y plataformas —conocidos como loot boxes—, algo que, según ha señalado Bolaños, ha sido "especialmente trabajado" con la Comisión Europea.

Los jueces podrán retirar contenido "inadecuado"

Hay otro bloque de medidas que reforma la ley orgánica del poder judicial y la ley de jurisdicción contencioso-administrativa, para permitir la intervención judicial y que los jueces y magistrados puedan ordenar la "interrupción temporal" de un servicio digital que ofrezca "contenido inadecuado a menores, e incluso retirar dicho contenido.

Detectar adicciones en la Atención Primaria

En el ámbito sanitario, se obligará a las administraciones a que elaboren guías y programas de promoción y prevención de la salud en la Atención Primaria, para poder identificar comportamientos adictivos de los niños y adolescentes con el móvil y las redes sociales. Según el texto aprobado en junio, se elaborarán unos test sanitarios para detectar precozmente cualquier cambio de conducta o problemas de salud física, psíquica y emocional, derivados de un uso inadecuado de las pantallas.

Regular los móviles en clase

En el entorno educativo, la ley impulsa ciclos formativos y de alfabetización digital en todos los cursos y exige a los centros educativos que regulen "expresamente" el uso de los móviles, tanto en las aulas como en las actividades extraescolares, conforme a las normativas autonómicas que ya existen o que, de no existir, tendrán que definirse. Concretamente, se regulará el uso de dispositivos móviles en Infantil, Primaria, ESO, Bachiller y Educación Especial.