¿La inseguridad justifica todo?

Mientras nos debatimos entre los aranceles, Trump y sus políticas regresivas, los terroríficos hallazgos en Teuchitlán y su pésimo tratamiento —de no creerse el menosprecio a las organizaciones buscadoras—, otras cuestiones transitan sin tanta publicidad, pero de igual o mayor trascendencia. Me refiero a que están por aprobarse disposiciones legales que cambiarán nuestra vida y la relación entre la ciudadanía y el Estado.

En múltiples ocasiones lo hemos mencionado y las encuestas lo evidencian sistemáticamente: cuando la ciudadanía se siente amenazada, es capaz de cambiar libertades y derechos por seguridad y confort. En particular, he referido como un ejemplo de lo anterior el caso de El Salvador y su presidente Bukele; hechos similares se multiplican a lo largo de la historia y los lamentables resultados están documentados: por lo inmediato se empeñan libertades y después se sufren las consecuencias.

Sin pretender presagiar nada, pero evidenciando los hechos, es necesario apuntar que en nuestro país, con poca publicidad pero a paso firme, desde el año pasado se hicieron reformas constitucionales en materia de seguridad pública, se fortaleció la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y ahora la Presidencia de la República sometió a la consideración del Congreso dos leyes: la de reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública y el nuevo Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad.

Adicionalmente, a raíz de los descubrimientos en Jalisco y las manifestaciones de luto en todo el país, la Dra. Sheinbaum ofreció una estrategia para atender el lacerante problema de personas desaparecidas. La había anunciado para el pasado jueves y, reconociendo la complejidad, pospuso su presentación. ¡Enhorabuena! No estamos para improvisaciones simplificadoras. Incluyo esta estrategia en esta reflexión en virtud de que, al igual que las otras disposiciones, seguramente formará parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

La inseguridad es sin duda el principal problema que aqueja a nuestra sociedad. Añejo asunto que se ha solapado, se ha pretendido atacar con estrategias fallidas y a las exitosas no se les ha dado continuidad bajo una lógica política-sexenal y no como un problema que requiere una visión de Estado. Mientras tanto, quienes se dedican a actividades ilícitas han diversificado sus mercados, incursionando en casi todos, y han penetrado los ámbitos de la política y del ejercicio gubernamental.

Nadie duda de que la inseguridad tiene que atacarse antes de que el deterioro social y político sea mayor y de que el Estado irreversiblemente sea incapaz de atender una de sus principales responsabilidades, la de garantizar la libre convivencia y tránsito de la ciudadanía y el respeto al trabajo digno, a la inversión y a los bienes de la población.

Sin embargo, una cuestión tan delicada tiene que abordarse con eficacia, pero en el marco del respeto a los derechos humanos y con una propuesta que se haga cargo de que la presencia permanente de la milicia en las calles no es el panorama que habla de una sociedad segura, ni que atender el problema justifica imponer un estado policiaco.

El anterior no es un juicio al aire, deriva de las implicaciones de las reformas legales en curso. Veamos algunas de las más relevantes: coordinación entre todas las autoridades de los tres niveles de gobierno responsables de la seguridad, lo que implica, entre otras cuestiones, que toda la información en materia de seguridad, independientemente de su origen, debe concentrarse en la SSPC, quien supervisará los centros de comando y control (conocidos como C4 y C5) y las academias de policías.

Adicionalmente, la SSPC creará bases de datos con información proporcionada por instancias públicas y privadas, no sólo por lo que hace directamente a indicios de conductas delictivas, sino además, al parecer de manera permanente y sistemática, en materia fiscal, transacciones financieras, registro de propiedades, vehículos, celulares, llamadas telefónicas, entre otros datos personales.

Por si fuera poco, las iniciativas consideran la creación de una cédula única de identidad que se convertirá en el medio obligatorio de identificación. Registro que contendrá datos personales y biométricos de toda la población, incluidos los infantes, para lo que previsiblemente se prevé que el INE proporcione la información con la que cuenta.

Para muchos, esas medidas parecerán razonables y necesarias dado el nivel del problema que se pretende atender, y sin duda se requiere de algunas de ellas; la cuestión a considerar es preguntarnos si las instancias gubernamentales pueden acceder sin más a esa información, sin que medie recurso que lo justifique.

Una medida de esa naturaleza conduce irremediablemente a la arbitrariedad y a la disposición de información “personalísima”, dirán los abogados, sin consentimiento del individuo y sin que exista una instancia autónoma que norme y obligue al cuidado de los datos personales y a la máxima publicidad de las actividades gubernamentales. Al desaparecer el INAI, el gobierno se volvió juez y parte.

El asunto se complica aún más si consideramos que la reforma al Poder Judicial traerá consigo un debilitamiento de esa instancia, de manera tal que, en caso de requerirse, será difícil acudir ante autoridades jurisdiccionales para la defensa ante abusos de la autoridad.

Una atención pragmática y con visión de corto plazo de un problema ingente y urgente puede llevarnos a la configuración de un Estado policiaco y, por ende, autoritario, al no existir contrapesos ante los que la ciudadanía pueda acudir para hacer valer sus derechos.

Estamos ante los riesgos de la concentración del poder en el Ejecutivo federal. Sí, la cooptación ilegal del Legislativo, el sometimiento del Judicial mediante una reforma y la desaparición o disminución de facultades de instancias autónomas tienen sus costos.