La huelga en la Seguridad Social concluye su primera semana sin una solución a la vista

El escenario no puede ser más contradictorio: mientras la Seguridad Social intenta gestionar el bienestar de millones de personas, sus propios trabajadores no lo están pasando bien. La huelga indefinida iniciada el pasado 1 de abril en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) cierra su primera semana con un seguimiento mayoritario. Según datos de los convocantes, el paro ha contado con una participación media del 65%, que asciende al 90% en provincias como Madrid, Valencia, Sevilla o Zaragoza.

La movilización, impulsada por directivos y predirectivos territoriales del INSS, busca llamar la atención sobre lo que describen como una situación de colapso en la gestión de las prestaciones. Entre sus demandas, exigen medidas estructurales ante una plantilla envejecida, una sobrecarga crónica de trabajo y la incorporación de nuevas competencias sin refuerzo de recursos.

El conflicto se intensificó tras una reunión mantenida el 26 de febrero con el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. Los representantes del INSS denuncian que no se ha trasladado ninguna propuesta concreta desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Desde entonces, aseguran, no ha habido avances ni canales de negociación abiertos.

Los datos internos recogidos en el comunicado reflejan el alcance de la acumulación de expedientes:

- Más de 133.000 bajas médicas de más de un año están sin resolver (un 80% más que en 2023).

- 82.000 expedientes de incapacidad permanente permanecen pendientes.

- 80.000 reclamaciones del Ingreso Mínimo Vital siguen sin respuesta.

- 42.000 revisiones de pensiones se encuentran en espera, muchas por agravamiento de enfermedad o cambios en la situación laboral.

- Los tiempos de espera en algunos trámites superan los dos años.

Los trabajadores advierten además del impacto de la deslocalización de la gestión, que ha desvinculado los expedientes del lugar de residencia de los ciudadanos. Esta reorganización, señalan, ha contribuido a saturar las unidades de revisión y a debilitar el vínculo entre el sistema y las personas que dependen de él.