La Generalitat planea volver a bonificar a los jueces por cada sentencia en catalán

Las sentencias en catalán solo son ahora el 5,3% de Cataluña, mientras que a principios de los años 2000 eran el 20%. Son datos que ha dado a conocer este lunes la conselleria de Justicia y Calidad Democrática, que ha explicado que, para volver al porcentaje de entonces, trabajará para bonificar, como se hacía en aquel momento, a los jueces cuando las redacten en esta lengua.

Esta es una de las medidas incluidas en un paquete que se ha presentado para revertir la tendencia a la baja del uso del catalán en la justicia, en el marco de la reunión de la Mesa por el Pacto Nacional por la Justicia. Ha estado presidida por el conseller del departamento, Ramon Espadaler, que ha pedido "la cooperación y la complicidad" de los agentes jurídicos, así como de los colegios profesionales de abogados, procuradores y de notarios.

La Generalitat contempla, asimismo, bonificar a los abogados privados que inician las actuaciones judiciales en lengua catalana, como ya ocurre con los del turno de oficio. Estos obtienen 25 euros cada vez que lo hacen. "En este sentido, conviene recordar que en 2025 el Departamento de Justicia y Calidad Democrática destinará 500.000 euros al impulso del catalán en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita", han apuntado desde la conselleria.

Esta pretende, además, impulsar el conocimiento de la lengua catalana como mérito en el proceso de selección de los miembros de la carrera judicial. También ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), junto con la Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (Eadop), una propuesta para que su Centro de Documentación Judicial -repositorio de sentencias judiciales- pueda traducirse automáticamente al catalán gracias al traductor jurídico que está desarrollando el departamento de Justicia.

La conselleria, además, está desarrollando, con ayuda de fondos europeos, "la textualización de las vistas orales que permitirá localizar y transcribir los textos catalanes de los audios resultantes de las vistas".

"El hecho de que en el 80% de los casos en que se pide explícitamente la tramitación en catalán de un procedimiento judicial, esta opción se incumpla es una muestra de la profunda irregularidad lingüística del sistema judicial en Cataluña. El 80% de nuestra sociedad sabe hablar catalán, incluidas el 50% de las personas nacidas al extranjero. Es urgente que la Administración de Justicia asuma la realidad de la sociedad para la que trabaja y que los operadores judiciales garanticen los derechos lingüísticos de la población", ha afirmado el conseller de Política Lingüística, F. Xavier Vila.

En la reunión, por otro lado, la secretaria de Administración de Justicia, Iolanda Aguilar, ha presentado el plan de implementación de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial. Al hacerlo, ha subrayado la importancia de poder debatir sobre la nueva ley en un foro como la Mesa por el Pacto Nacional por la Justicia, creado como punto de encuentro para mejorar el servicio público de justicia en Cataluña.

La mesa ha contado también con la presencia de la consellera de Salud, Olga Pané, el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y la consellera de Igualdad y Feminismos, Eva Menor. Además, han participado en el encuentro los grupos parlamentarios del PSC, Junts, ERC, la CUP y el diputado de los Comuns Andrés García Berrio en calidad de presidente de la Comisión de Justicia.

Han asistido, asimismo, representantes de los colegios profesionales de la abogacía, los procuradores, los notarios, los registradores de la propiedad, los graduados sociales y los censores jurados; las patronales Fomento y Pimec; los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CSIF; entidades del mundo local como la Federación Catalana de Municipios, la Asociación Catalana de Municipios y la asociación micropueblos; y entidades de defensa de la lengua catalana como Plataforma por la Lengua.