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La Fiscalía Europea asume el 'caso Siglo XXI', que investiga la malversación de fondos públicos para menores migrantes
La entidad cobró 12 millones de euros en plena emergencia humanitaria para acoger a los supervivientes, pero parte del dinero acabó en viagra, tratamientos de belleza y hoteles de lujoHemeroteca - Las claves del 'caso Siglo XXI': cómo el dinero para menores migrantes acabó en viagra, sesiones de belleza y restaurantes La Fiscalía Europea asume el caso Siglo XXI, que investiga la desviación de fondos dedicados a la atención de menores migrantes en Canarias. Anticorrupción denunció en 2023 indicios de malversación de caudales públicos, administración desleal y falsedad en documento mercantil en la gestión de la Fundación Siglo XXI. La entidad recibió 12 millones de dinero público entre 2021 y 2023, pero parte de este dinero acabó en tratamientos de belleza, viagra y hoteles de lujo. El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria trasladó el caso al tribunal europeo ya que cerca de dos millones de euros recibidos por la Fundación procedían de los fondos Next Generation de la Unión Europea. El auto emitido por el Juzgado el pasado 12 de febrero y al que ha tenido acceso este periódico recoge que las diligencias practicadas hasta el momento evidencian que las personas investigadas manejaron fondos públicos en beneficio propio “sin perjuicio de las eventuales responsabilidades de las autoridades y funcionarios públicos que no hayan realizado un cabal control y seguimiento de la aplicación del gasto''. Entre 2019 y 2022, la Consejería de Derechos Sociales adjudicó diferentes contratos a la Fundación Siglo XXI por la vía de emergencia. El propósito era hacer frente al aumento de llegadas de niños y adolescentes a través de la ruta migratoria hacia Canarias. Los centros investigados son Puerto Bello, Guiniguada y Acorán, en Gran Canaria, y Yaiza y La Santa, en Lanzarote. En concreto, la Justicia comenzó a investigar a cuatro directores de centros en Gran Canaria y otros dos de Lanzarote. Una de las querelladas por Anticorrupción fue María de los Ángeles Barroso, directora del recurso Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, entre 2020 y 2021. Entonces era también vicesecretaria y tesorera de Vox en la provincia de Las Palmas. Durante su periodo como responsable del dispositivo, un grupo de trabajadores se quejó del trato dispensado por Barroso a los menores y de sus comentarios racistas. La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, liderada entonces por Podemos, defendió en ese momento que el centro funcionaba de forma correcta y que Barroso era una profesional ''respetada en el mundo del menor''. Esta Fundación ya había estado antes en el ojo del huracán por supuestos casos de explotación sexual, intimidación, agresiones y racismo en sus centros de Gran Canaria. La entidad se ha defendido alegando que es “parte activa y colaboradora” en la investigación que inició la Fiscalía, entregando 24.709 páginas de facturas y comprobantes digitalizados.
La entidad cobró 12 millones de euros en plena emergencia humanitaria para acoger a los supervivientes, pero parte del dinero acabó en viagra, tratamientos de belleza y hoteles de lujo
Hemeroteca - Las claves del 'caso Siglo XXI': cómo el dinero para menores migrantes acabó en viagra, sesiones de belleza y restaurantes
La Fiscalía Europea asume el caso Siglo XXI, que investiga la desviación de fondos dedicados a la atención de menores migrantes en Canarias. Anticorrupción denunció en 2023 indicios de malversación de caudales públicos, administración desleal y falsedad en documento mercantil en la gestión de la Fundación Siglo XXI. La entidad recibió 12 millones de dinero público entre 2021 y 2023, pero parte de este dinero acabó en tratamientos de belleza, viagra y hoteles de lujo.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria trasladó el caso al tribunal europeo ya que cerca de dos millones de euros recibidos por la Fundación procedían de los fondos Next Generation de la Unión Europea.
El auto emitido por el Juzgado el pasado 12 de febrero y al que ha tenido acceso este periódico recoge que las diligencias practicadas hasta el momento evidencian que las personas investigadas manejaron fondos públicos en beneficio propio “sin perjuicio de las eventuales responsabilidades de las autoridades y funcionarios públicos que no hayan realizado un cabal control y seguimiento de la aplicación del gasto''.
Entre 2019 y 2022, la Consejería de Derechos Sociales adjudicó diferentes contratos a la Fundación Siglo XXI por la vía de emergencia. El propósito era hacer frente al aumento de llegadas de niños y adolescentes a través de la ruta migratoria hacia Canarias. Los centros investigados son Puerto Bello, Guiniguada y Acorán, en Gran Canaria, y Yaiza y La Santa, en Lanzarote.
En concreto, la Justicia comenzó a investigar a cuatro directores de centros en Gran Canaria y otros dos de Lanzarote. Una de las querelladas por Anticorrupción fue María de los Ángeles Barroso, directora del recurso Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, entre 2020 y 2021. Entonces era también vicesecretaria y tesorera de Vox en la provincia de Las Palmas. Durante su periodo como responsable del dispositivo, un grupo de trabajadores se quejó del trato dispensado por Barroso a los menores y de sus comentarios racistas.
La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, liderada entonces por Podemos, defendió en ese momento que el centro funcionaba de forma correcta y que Barroso era una profesional ''respetada en el mundo del menor''.
Esta Fundación ya había estado antes en el ojo del huracán por supuestos casos de explotación sexual, intimidación, agresiones y racismo en sus centros de Gran Canaria. La entidad se ha defendido alegando que es “parte activa y colaboradora” en la investigación que inició la Fiscalía, entregando 24.709 páginas de facturas y comprobantes digitalizados.
