La FAPE y la APM muestran preocupación después de la imputación de periodistas por publicar un informe de la causa de García Ortiz

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han emitido un comunicado este martes en el que expresan su "profunda preocupación" por la imputación de cuatro periodistas de 20minutos, El País y El Mundo por la publicación de informaciones recogidas en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la causa que afecta al fiscal general del Estado.

Los cuatro periodistas han sido llamados a declarar el próximo 19 de junio por revelación de secretos ante el Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid. Tal y como explican la FAPE y la APM, "el juez imputa a los periodistas por revelación de secretos al dar a conocer el informe sobre el teléfono móvil y el correo electrónico de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez", que junto a Álvaro García Ortiz está siendo investigada en el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos.

Rodríguez trasladó una queja ante el juez que instruye la causa en el Supremo, Ángel Hurtado, por las filtraciones del informe de la UCO a medios de comunicación. El instructor la remitió al decanato de los juzgados de Madrid y el asunto recayó en el Juzgado de Instrucción número 20.

El comunicado conjunto de la FAPE y la APM deja patente el "respeto" de ambas organizaciones "a la independencia judicial", pero subraya que "las decisiones que se adopten no pueden poner en peligro el secreto profesional de los periodistas y su derecho a no revelar las fuentes a través de las cuales han conocido la información" publicada. "Se trata de un derecho recogido en el artículo 20 de la Constitución y es uno de los pilares fundamentales en un estado democrático", subraya el escrito.

Asimismo, las asociaciones recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) "ha establecido reiteradamente que las garantías de la libertad de prensa no decaen, aunque la fuente del periodista haya violado algún deber de secreto". El comunicado recuerda que este tribunal "ha condenado en varias ocasiones a distintos Estados por actuaciones de este tipo, entre ellas, investigar a periodistas o registrar sus despachos por publicar informaciones obtenidas a través de filtraciones supuestamente ilegales".

Acto seguido, las asociaciones hacen "un llamamiento al juez para que reconsidere su decisión" y aseguran que "respaldarán a los periodistas citados como investigados en su derecho a no dar a conocer las fuentes por las que pudieron acceder a un informe que resulta de interés para sus lectores". Tal y como apunta el comunicado, "el mencionado informe está considerado como la pieza clave en la instrucción abierta en el Supremo".