La dotación presupuestaria, la gran duda del mundo asociativo ante las reformas de la discapacidad

Tras meses de espera, ya ha llegado al Consejo de ministros el anteproyecto de ley que modifica dos leyes que afectan de manera muy directa a las personas con discapacidad: la propia Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social y la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Ambas reformas, de salir adelante, tendrán un impacto directo en la vida de los más de cuatro millones de personas que conviven con algún tipo de discapacidad.

Entre las novedades más interesantes, la eliminación de incompatibilidades en dependencia, la oferta de nuevos servicios como la teleasistencia o la asistencia personal, la prohibición de la discriminación en los seguros o el fomento de la accesibilidad universal, entre otros. Aunque habrá que esperar, por un lado, a que se apruebe en el Congreso de los diputados y, por otro, a que se materialice en medidas concretas y, sobre todo, a que cuente con el presupuesto necesario para hacerlo.

De momento, y a la espera de ver cómo se desarrollen los acontecimientos políticos, los principales representantes del mundo asociativo de la discapacidad han dado la bienvenido a unas reformas que llevaban reclamando años, pero exigen a los responsables políticos que no se quede solo en una declaración de intenciones. Estas son sus reacciones a lo que sabemos del anteproyecto de ley.

Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión: "Este anteproyecto demanda una inversión suficiente"

Desde Plena Inclusión España, valoran positivamente la llegada del anteproyecto, pues lo consideran una "oportunidad de redirigir el sistema de dependencia hacia las personas vulnerables, sus familias y comunidades", una reforma legal que, en palabras de su presidenta, Carmen Laucirica, "demanda de una inversión suficiente, en los próximos 10 años, que sostenga un plan que haga realidad el cuarto pilar del Estado del bienestar".

Por eso, su principal reivindicación, además de los recursos suficientes para llevarla a cabo, es que llegue a las personas que la necesitan, y eso solo se logrará si se consigue "superando los retrasos que se dan en las listas de espera y asegurando la sostenibilidad del sistema de dependencia en toda España para así garantizar unos niveles de cobertura similares, para todas las personas, y que no dependan de la comunidad autónoma en la que residan".

Por otro lado, valoran muy positivamente que esta norma proponga desterrar la mala práctica de traslados no consentidos de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a residencias para personas mayores de 65 años, "se trata de un modo de actuar poco respetuoso, así como de una práctica inhumana, al decidir el futuro de las personas sin preguntarles antes si están o no de acuerdo", explica Tomás A. Sancho, presidente de Plena Inclusión Madrid y miembro de la Junta Directiva de Plena inclusión España.

Ana Terrón, delegada de Asuntos Públicos de Autismo España: "Es necesario que tenga en cuenta sus necesidades reales y específicas"

Desde Autismo España también celebran que estas esperadas reformas estén más cerca, "es una imperante necesidad que se venía reclamando desde hace bastante tiempo, como elemento vertebral de un sistema de cuidados integral", asegura Ana Terrón, delegada de Asuntos Públicos de la confederación. En este sentido, consideran que la reforma es un avance, pero creen necesario que esta reforma vaya acompañada de financiación y propuesta económica, así como que incorpore de verdad la figura del asistente personal, "reclamamos que sea más ambiciosa y que profundice de manera más decidida en la promoción de la autonomía personal. En ese sentido, es necesario que se desarrolle una figura que consideramos central para garantizar un proyecto de vida independiente y la comunidad, que garantice la conciliación familiar en el caso de las personas con mayores necesidades de apoyo, hablamos de la asistencia personal", añaden.

Por otra parte, y en línea con el desarrollo de un proyecto de vida independiente, esperan también que garantice que las personas con autismo elijan la vida que quieran vivir, "nos parece elemental que se incorpore la capacidad jurídica en la reforma legislativa como eje estructural", insisten.

En definitiva, consideran que para que esta, o cualquier reforma que afecte de manera directa a las personas con autismo, tenga en cuenta sus especificidades, "no se debería dejar atrás su derecho a la autonomía personal", y para ello, "es necesario que tenga en cuenta sus necesidades reales y específicas, promoviendo en primer lugar, que tengan acceso equitativo y efectivo a las prestaciones y servicios y que estos se adapten para poder ofrecer los apoyos flexibles y especializados que el colectivo necesita. Un colectivo que, recordemos, representa a aproximadamente a 1 de cada 100 y con una prevalencia en aumento".

Daniel-Aníbal García Diego, secretario de finanzas de COCEMFE: "Si todo no va acompañado de presupuestos, va a quedar muy descafeinado"

Desde COCEMFE -Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica -están esperando a hacer una lectura más pormenorizada del texto para hilar más fino y hacer alegaciones cuando corresponda, pero quieren destacar dos cosas: que 'a priori' su opinión es positiva y que hay que ser cautos, pues es caso de que este texto, o este texto tras algunas modificaciones, se aprobara, aún falta para que sea una realidad, "le queda mucho recorrido, y eso no es malo, porque pensamos que hay cosas que se pueden mejorar y que dejaremos constan en nuestras alegaciones", responde Daniel-Aníbal García Diego, secretario de finanzas de la entidad.

Para empezar, desde COCEMFE esperan que se concreten algunos puntos, pues hay cosas que no queda demasiado claras, como el tema de la asistencia personal, "en la Dependencia, pasa de ser prestación a servicio de catálogo, al igual que la figura de atención comunitaria en el entorno… pero queremos que quede bien concretada y reflejada porque, sobre todo la del asistente, es una figura imprescindible para las personas con discapacidad física y grandes necesidades de apoyo".

Otras, como la del préstamo de productos de apoyo no lo acaban de ver, "desde COCEMFE queremos dejar claro que hay cosas, muchos productos que deben ser de una persona, que cada persona tiene que tener el suyo, a no ser que sean artículos de muy corto uso".

Entre las medidas que aplauden sin duda, la modificación de la propiedad horizontal para que los entornos comunitarios sean más accesibles o la creación de un registro de tarjetas de aparcamiento, "es una de nuestras demandas históricas, porque creemos que es indispensable para evitar el mal uso", señala.

Además, creen que los centros especiales de empleo deberían contar con al menos un 50% de personas con discapacidad en lugar del 70%, como se propone en el anteproyecto, y les gustaría que se especificara más qué es una empresa de carácter social.

Además, como el resto de las entidades, quieren insistir en la necesidad de garantizar una financiación suficiente para que todo lo que se plantea se materialice en derechos, "si todo esto no va acompañado de trasferencias crediticias a las comunidades autónomas o las CCAA no invierten de sus presupuestos, va a quedar muy descafeinado. Dicho esto, la conclusión sería que estamos esperanzados, pero somos cautos", concluye.

Confederación Aspace: "La viabilidad del sistema depende de un modelo de financiación estable y suficiente"

Confederación ASPACE considera que la aprobación de este anteproyecto de ley supone "un paso significativo para mejorar el acceso a los apoyos que requieren las personas con parálisis cerebral". Sin embargo, creen que, como han reivindicado en reiteradas ocasiones, "es fundamental que las personas con grandes necesidades de apoyo cuenten con garantías específicas dentro del sistema de atención a la dependencia, así como medidas concretas que aseguren la provisión de apoyos adecuados y personalizados para el colectivo".

Otra de las preocupaciones que muestran, y que es una constante en todas las entidades, es el tema de la financiación, pues consideran que hay una "falta de garantía de sostenibilidad y financiación adecuada, una falta de dotación presupuestaria suficiente que podría comprometer el acceso real de las personas con discapacidad a los apoyos que necesitan".

En este sentido, la entidad considera que "la viabilidad del sistema de atención social y asistencial depende de un modelo de financiación estable y suficiente que permita ofrecer servicios de calidad sin poner en riesgo la continuidad de las entidades prestadoras, que mayoritariamente pertenecen al movimiento asociativo de la discapacidad".

Por otro lado, ASPACE aplaude la mejora de la accesibilidad en la vivienda y el reconocimiento de la asistencia personal dentro del catálogo de servicios, así como la eliminación de las incompatibilidades, "estas medidas suponen un avance hacia un modelo más flexible y adaptado a las necesidades de las personas con parálisis cerebral y responden a una demanda histórica del Movimiento ASPACE", aseguran.

Desde la entidad insisten, además, en que es imprescindible que las leyes de dependencia y discapacidad garanticen la igualdad territorial en el acceso a prestaciones y servicios y hace un llamamiento a que, durante la tramitación del anteproyecto, "se incorporen mejoras que garanticen la equidad en el acceso a los apoyos y se refuercen los mecanismos de inclusión para las personas con mayores necesidades de apoyo".