La decisión de obligar a tributar por el salario mínimo queda en manos de un paso atrás de Hacienda o de que PP y Sumar se alineen

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó la subida del salario mínimo hasta los 1.184 euros al mes en 14 pagas. Pero esa medida, pactada con los sindicatos, quedó opacada por la decisión del Ministerio de Hacienda de no actualizar el mínimo exento de tributación en el IRPF, lo que, en la práctica, implica obligar a los perceptores del sueldo mínimo a pagar este impuesto por primera vez. La decisión suscitó el rechazo furibundo de Sumar, pero también del PP, y ambos —al igual que Podemos— registraron sendas iniciativas en el Congreso para tumbarla. Si lograran el apoyo de los socios de izquierdas del Gobierno, los populares y los de Yolanda Díaz tendrían mayoría parlamentaria para hacerlo. Y eso dejaría a Hacienda en una situación delicada.

El alcance del choque entre PSOE y Sumar es inédito en esta legislatura, especialmente por lo repentino que ha sido el estallido de un conflicto que llevaba semanas larvándose, pero que nadie esperaba que detonase este martes, apenas media hora antes de que tuviera lugar la rueda de prensa en la que el Gobierno iba a presentar la subida del salario mínimo. Es la primera vez que los de Díaz anuncian que presentarán en el Congreso una iniciativa legislativa para tumbar una decisión del ala socialista del Gobierno, aunque también es verdad que están dando margen para la negociación con el objetivo de intentar evitar el choque frontal a nivel parlamentario.

Sumar registró su proposición de ley pasadas las 19.30 horas del martes, pero su primera opción es intentar remediar el desencuentro en el seno del Gobierno. Fuentes de la coalición explican que los ministerios de Trabajo y Hacienda estuvieron hablando este martes por la tarde para intentar alcanzar un acuerdo, si bien al cierre de esta edición esas conversaciones aún no habían dado sus frutos. No obstante, Sumar es relativamente optimista: un dirigente señala que, pese al patinazo que —consideran los de Díaz— ha dado el departamento que lidera María Jesús Montero, ésta rectificará en los próximos días obligada tanto por la presión como por la posibilidad de que PP y Sumar tumben su subida fiscal en el Congreso.

El entorno de Díaz, no obstante, no disimulaba este martes su enfado por lo que consideran como una decisión tomada a las bravas por Montero, sin haberla negociado con Sumar y sin ni siquiera haberla comunicado previamente. Fuentes del ala minoritaria de la coalición aseguran que no solo ellos se enteraron por los medios de comunicación del paso dado por Hacienda, como confesó la propia Yolanda Díaz tras el Consejo de Ministros. Siempre según Sumar, el anuncio también habría pillado por sorpresa a ministros del PSOE.

La propia Díaz criticó tras el Consejo de Ministros la falta de "comunicación" de Montero, y fue allí, en esa misma rueda de prensa, donde primero se hizo evidente el choque entre las dos almas del Gobierno. Tanto fue así que, mientras la líder de Sumar aseguraba que ninguno de los ministros sabía de la decisión de Montero hasta pocos minutos antes de la comparecencia ante los medios, la ministra portavoz, la socialista Pilar Alegría, sentada a su lado, le reprochaba en voz baja: "Eso no es así".

El PSOE cierra filas con Montero

Horas después, el choque público continuó en privado. Moncloa decía lo contrario que Díaz: que el ala socialista era perfectamente consciente de la posición de Montero y que era falso que la mayoría de los ministros del PSOE se hubieran enterado de la misma justo antes de la reunión. La decisión estaba ya tomada y Hacienda la defendía desde hace semanas, sostienen. Sin embargo, no aclaran si la decisión se le comunicó directamente a Díaz antes de que se publicase en los medios.

Voces de Moncloa, además, se muestran muy críticas con la respuesta de Sumar y su iniciativa en el Congreso para torcer el brazo a Hacienda, la cual necesitará obligatoriamente el apoyo del PP para salir adelante. "Eso es populismo parlamentario elevado a la máxima expresión", señala un ministro socialista, mientras otro asegura que Díaz ha actuado por "desesperación" y defiende que lo que se recaudará con ese 20% de trabajadores asciende a unos 2.000 millones de euros, "que es el presupuesto de vivienda", apunta esta voz acreditada en Moncloa.

La respuesta de Sumar a ese argumento la dio la propia Díaz: un Gobierno progresista, dijo, no puede subir los impuestos a las personas de ingresos más precarios mientras ofrece "regalos fiscales" a los "rentistas" para que pongan sus viviendas en alquiler a un precio marcado por el Estado. Y Moncloa, por su parte, no confirma ni desmiente que se plantee dar un paso atrás para no enfrentarse a una votación que el PSOE perdería si se a los tres grupos (PP, Sumar y Podemos) que han impulsado iniciativas sobre el tema se une algún otro aliado progresista del Gobierno.

En todo caso, fuentes del ala socialista del Ejecutivo intentan quitar hierro al asunto y apuntan a que Sumar busca espacio y marcar posición, algo que, reconocen, al PSOE no le viene mal de cara a 2027. Por su parte, el argumento de Hacienda para defender esta medida es que no les gusta que se ponga el foco en la tributación porque esto contribuye a estigmatizar el pago de impuestos y que la recaudación a través de la tributación de los perceptores del salario mínimo ascendería a los citados 2.000 millones, lo que además comparan con el presupuesto de las políticas de vivienda.

Mientras tanto, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, no participará hoy en la sesión de control en el Congreso. Aunque estaba prevista su intervención por preguntas de varios diputados, el Gobierno dijo ayer que se encuentra con fiebre y no podrá asistir al pleno.

Feijóo registra su propia iniciativa

En pleno choque entre las dos almas del Gobierno, el PP también ha exigido a Hacienda una rectificación. "Que se ajuste el IRPF del nuevo salario mínimo y que las cantidades del salario mínimo no tributen para que el principal ganador no sea el Gobierno y el Ministerio de Hacienda", urgió Alberto Núñez Feijóo en el Congreso durante un acto dirigido a todo su grupo parlamentario. De hecho, poco antes de que Hacienda confirmara su decisión, la oposición ya acusaba al Gobierno de "querer hacer caja". "Es un buen negocio: subamos el salario mínimo, lo pagarán otros, y nosotros nos quedamos con la mitad", denunciaba Feijóo, que anunciaba que, "en las próximas semanas", el PP ofrecería su alternativa "al infierno fiscal".

No obstante, el estallido de la crisis entre el PSOE y Sumar hizo que el PP rebajara, en un principio, su perfil. "El foco es para ellos", apuntaban desde Génova, donde no querían ni avanzar las líneas de su alternativa al plan del Gobierno ni tampoco posicionarse sobre la propuesta de Yolanda Díaz, que no es otra que la que exigía Feijóo minutos antes. "De momento se han sumado a nuestra denuncia, ahora toca esperar", valoraban otras fuentes populares, que ponían encima de la mesa la posibilidad de que una de las partes del Ejecutivo acabe reculando. "Tiempo al tiempo; de este gobierno no te puedes fiar".

No obstante, a última hora de la tarde, el PP quiso volver a liderar un debate que, tal y como recuerdan fuentes populares, es el que lleva defendiendo Feijóo desde enero de 2024. Las proposiciones de ley registradas en el Congreso y el Senado por los de Feijóo exigen al Gobierno que exima de tributación la subida del salario mínimo para "evitar que el Gobierno haga caja a costa de los trabajadores", y fuentes internas explicaban que su objetivo es "garantizar que se aprobará en al menos en el Senado", gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta el PP, y "forzar a los socios del Gobierno" a votar la iniciativa del PP en el Congreso.