La alargada sombra de la gran riada de 2010 que planea sobre Córdoba

En la mente de cualquier vecino que lleve un tiempo viviendo en Córdoba y haya sido testigo de las intensas lluvias de los últimos días habrá estado el episodio que la capital registró en febrero de 2010 , hace casi justo quince años. Y la pregunta caerá por su peso: ¿son los dos fenómemos comparables? Dicho de otro modo: ¿la gravedad que han revestido es similar? Con matices, la respuesta es que no, porque lo que aconteció en la ciudad hace tres lustros fue mucho más grave por sus consecuencias ciudadanas, así como por la propia naturaleza del fenómenos meteorológico. Baste un dato: entonces, setecientas familias se las parcelaciones cercanas al Guadalquivir se vieron obligadas a dejar sus viviendas -el agua llegó en algunas de ellas a alcanzar los tejados-, cuando ahora son poco más de diez las que han tenido que dejar sus casas por orden del Consistorio: se trata de vecinos de Guadalvalle, Altea, Ribera Baja, Camino de Carbonell y Molino Ciego en el Arroyo Pedroche. Además, en 2010 el Guadalquivir a su paso por Córdoba capital superó la lamina de agua en más de ocho metros, y ahora el nivel máximo se encuentra en 4,28 metros. Hay dos factores diferenciales fundamentales más entre uno y otro episodio. El primero tiene que ver con la política de desembalses -y con qué administración es la competente para ordenarlos- y el segundo con el aprendizaje de los errores de la gestión de la dana de Valencia, el pasado otoño. La primera cuestión, la de la liberación de agua de los pantanos que han alcanzado su límite o que están próximos a él, es clave. Entonces, en 2010, decidía sobre los desembalses la Agencia Andaluza del Agua -esto es, la Junta de Andalucía - y ahora quien los dirige es el Gobierno central a través de la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir (CHG) . Y si en el episodio actual la liberación de agua se produce fundamentalmente en San Rafael de Navallana y del Guadalmellato, hace quince años los desembalses fueron masivos , con el agravante de que cada delegado de Medio Ambiente de la Administración autonómica decidía sobre los que estaban en su territorio. Y los fallos de coordinación entre las provincias vecinas fueron evidentes. La propia Audiencia Nacional señaló en una sentencia que la Junta cometió un fallo de seguridad en la gestión del sistema hídrico de la cuenca del Guadalquivir, que perjudicó no sólo a cientos de vecinos que vieron dañadas sus casas sino también a numerosos agricultores, a quienes los juzgados les llegaron a reconocer una indemnización de 2 millones de euros por el mal que le causó la riada de 2010. De otro lado, y con posterioridad a la avenida de 2010, el Tribunal Constitucional acabó por anular la cesión de las competencias sobre la gestión de la cuenca a la Agencia Andaluza del Agua, que en el caso de Córdoba volvieron a la CHG. Si en la última semana y media ha llovido en Córdoba , más lo hizo en febrero de 2010: cayó agua durante dos semanas seguidas, de tal modo que se superó en un 300 por ciento le media de precipitaciones del cuarto de siglo inmediatamente anterior. Este dato concreto sobre el episodio de estos días se podrá calcular cuando concluya de un modo definitivo, si bien quienes trabajan sobre el terreno dan por hecho que la cifra quedará lejos. José Carlos Dorado es el jefe de la dotación de Protección Civil del Ayuntamiento de Córdoba y asegura que «lo que estamos viviendo hoy es más leve que lo sucedió en 2010: no tiene ni punto de comparación». Tampoco lo tiene la capacidad de anticipación de las autoridades y de los técnicos de alto nivel que las asesoran: «Ahora contamos con unos elementos de predicción satelital mucho más avanzados que nos permitan tomar decisiones con mucho más tiempo, para lo que nos ayuda también la información que proporcionan las balizas que la Confederación tiene por el cauce del río», indica Dorado en declaraciones a ABC . Hay otro elemento importante, decisivo: que en la memoria de todos -políticos y ciudadanos- está fresca la memoria y dolorosa de la dana de Valencia y los fallos en su gestión. En este sentido hay que destacar que el alcalde, José María Bellido, activó la pasada semana la Fase de Emergencia del Plan Local de Emergencia , que data de 2005 , y ha facilitado información precisa a los ciudadanos a través de ruedas de prensa y de notas de prensa remitidas a los medios de comunicación de la información de servicio de interés para evitar riesgos o al menos de aminorarlos en lo posible. La difusión, además, de imágenes del propio regidor y de su equipo en reuniones de coordinación del dispositivo de emergencias y de visitas a las zonas afectadas ha sido constante y contrasta con el ritmo que llevó el Ayuntamiento en 2010. Entonces, cuando el Consistorio tuvo que retirar más de 800 toneladas de barro de las parcelaciones afectadas con un gasto de más de un millón de euros que se sumaron a los 25 que abonó el Consorcio de Compensación de Seguros, la autoridad municipal se vio obligada a improvisar una oficina en la terminal del aeropuerto para facilitar los trámites a los damnificados. La pista del aeropuerto, por cierto, estaba en ese momento en obras, y AENA se decidió a levantar una escollera con un coste de 21 millones de euros para ponerle coto al agua. Pero hay algo que no ha cambiado en quince años: sigue habiendo casas en terrenos inundables, por más que tras los graves hechos de entonces, y del susto de otra crecida en 2018 , el Ayuntamiento las prohibiera. Este periódico ha tratado desde el pasado lunes de que el Jefe de Coordinación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, aportara el punto vista técnico sobre las similitudes y diferencias de las crecidas de 2010 y de 2025, pero la jefa de prensa de la citada institución se ha negado por dos veces a que atienda a ABC.