Junts registra una ley para que las comunidades de vecinos puedan pedir el desalojo de pisos okupados

Junts ha registrado una proposición de ley en el Parlament de Catalunya que permitiría a las comunidades de propietarios iniciar procedimientos judiciales contra viviendas ocupadas cuando "alteren la convivencia, el orden público o se ponga en peligro la seguridad o la integridad del inmueble". La iniciativa habilitaría la solicitud de medidas cautelares, incluido el desahucio. Para ello, se plantea modificar el quinto libro del Código Civil y la ley de la vivienda de 2023. El texto registrado, en consonancia con la propuesta hecha por el Colegio de Abogados de Barcelona, es similar a la que presentaron la pasada legislatura, que en el punto de las comunidades de vecinos fue tumbado por una mayoría de la cámara en febrero de 2023.

Al igual que los ayuntamientos pueden iniciar procedimientos judiciales contra ocupaciones, la proposición de ley de Junts plantea que se "habilite" a las comunidades de propietarios a actuar en estos casos en sustitución de éste "y en las mismas condiciones". Lo podrían hacer cuando no lo haga el propietario y tengan lugar "actividades o actos contrarios a la convivencia normal en la comunidad o que estropeen o hagan peligrar el inmueble", así como actividades prohibidas expresamente por los estatutos, la normativa urbanística o la legislación vigente.

En este sentido, el documento recoge que la presidencia de la comunidad, a iniciativa propia o a petición de una cuarta parte de los propietarios, "tiene que requerir fehacientemente a quien los haga que deje de hacerlos". Y si los requeridos "persisten, "la junta de propietarios puede ejercer contra los propietarios y los ocupantes para hacerla cesar". Se tendría que tramitar "de acuerdo con las normas procesales correspondientes", y la demanda tendría que ir acompañada del requerimiento y el certificado del acuerdo de la junta de propietarios.

La diputada de Junts en el Parlament Glòria Freixa ha explicado que el objetivo es que no solo puedan actuar los ayuntamientos, sino también las comunidades de vecinos que se vean "indefensas" porque el propietario gran tenedor "no hace nada para desocupar" un piso. El Parlament aprobó en febrero de 2023 una proposición de ley de Junts contra las ocupaciones, pero quedó fuera de la norma, por carencia de acuerdo, la posibilidad de habilitar las comunidades de vecinos. "Es evidente que hay un problema, un conflicto, y que se da más en los barrios más vulnerables y con menos recursos. Creemos que ahora habrá grupos que verán la necesidad de que las comunidades de propietarios puedan actuar", ha añadido. Freixa también ha remarcado que se trata de una propuesta que han planteado los colegios de abogados y que Junts ha llevado en el Parlament.

La propuesta del partido de Puigdemont también establece que "la comunidad de propietarios podrá solicitar la medida cautelar de cese u otras que fueran necesarias para la efectividad del proceso declarativo, incluida la de desalojo del bien inmueble".

Finalmente, sobre este punto, la iniciativa recoge que "la comunidad tiene derecho a indemnización por los perjuicios que se le causen y, si las actividades prohibidas continúan, a instar judicialmente a la privación del uso y disfrute del elemento privativo por un periodo que no puede exceder los dos años".

Incumplimiento de la función social

En la misma línea, la reforma de Junts también recoge la modificación de los artículos 5 y 41 de la ley de vivienda para incluir como incumplimiento de la función social de la propiedad el hecho de que grandes tenedores "no inicien las acciones de desahucio en supuestos de alteración de la convivencia, del orden público o se ponga en peligro la seguridad o la integridad del inmueble". Y añade como uso anómalo de las viviendas el hecho de mantener la desocupación permanente e injustificada de las viviendas".

La proposición de Junts, que recoge una propuesta hecha por el Colegio de Abogados de Barcelona, ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlament este martes. Junts ha solicitado la tramitación por lectura única, para acortar los plazos parlamentarios, sobre la que se tendrá que pronunciar la semana que viene la Junta de Portavoces.

En paralelo, el partido de Carles Puigdemont también registró una proposición de ley para que el Congreso, a iniciativa del Parlament, modifique la ley para permitir el "desalojo inmediato" de estas ocupaciones en un máximo de 48 horas. En este caso se tramitó, pero la Mesa rechazó la tramitación urgente.