Juez de EU abre camino para que miles de trabajadores federales se acojan a la indemnización de Trump
Forbes México. Juez de EU abre camino para que miles de trabajadores federales se acojan a la indemnización de Trump Juez de EU ha desestimado las demandas de los sindicatos que argumentaban la ilegalidad de las acciones de Trump al despedir a miles funcionarios públicos. Juez de EU abre camino para que miles de trabajadores federales se acojan a la indemnización de Trump Forbes Staff

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Juez de EU abre camino para que miles de trabajadores federales se acojan a la indemnización de Trump

Decenas de miles de funcionarios públicos estadounidenses recibieron autorización el miércoles para aceptar una indemnización por parte de la administración de Donald Trump después de que un juez federal dictaminara que el esfuerzo de reducción sin precedentes podía continuar.
Un portavoz de la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos dijo que unos 75,000 trabajadores se han apuntado a la oferta, lo que equivale al 3% de la fuerza laboral civil. La administración de Trump ha prometido pagarles los salarios hasta el 30 de septiembre sin obligarlos a trabajar, aunque los sindicatos han advertido que la oferta no es fiable.
Los sindicatos que representan a los trabajadores federales habían presentado una demanda para detener el programa y lo habían demorado durante seis días mientras el juez de distrito de EU George O’Toole en Boston analizaba el asunto. Pero el juez falló el miércoles que los sindicatos no tenían legitimidad legal para presentar la demanda y dijeron que el tema debía abordarse en otros foros antes de llegar a los tribunales.
La administración dijo que el programa ahora está cerrado para nuevos solicitantes. “Ya no hay ninguna duda: el Programa de Renuncia Diferida era legal y una opción valiosa para los empleados federales”, dijo la Oficina de Administración de Personal en un comunicado.
Los sindicatos involucrados en la disputa no dijeron inmediatamente si apelarían la decisión del juez o buscarían otras opciones. “La decisión de hoy es un revés en la lucha por la dignidad y la justicia de los funcionarios públicos, pero no es el final de esa lucha”, dijo Everett Kelly, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, que representa a 800,000 trabajadores federales.
La compra es una de las muchas estrategias que Trump está adoptando para reducir una fuerza laboral civil de 2.3 millones de personas, a la que ha criticado por ineficaz y parcializada en su contra. También ha ordenado a las agencias gubernamentales que se preparen para recortes de empleos de gran alcance , y varias ya han comenzado a despedir a empleados recientemente contratados que carecen de plena seguridad laboral.
Se ha dicho a los funcionarios que preparen recortes de personal de hasta el 70% en algunas agencias, dicen las fuentes. La oferta de Trump de pagar salarios y beneficios hasta el 30 de septiembre puede no ser infalible. Las leyes de gasto actuales expiran el 14 de marzo y no hay garantía de que los salarios se financien más allá de esa fecha.
Los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos habían descrito la iniciativa como una “salida humana” para aquellos frustrados por los planes más amplios de Trump de reducir el tamaño de la fuerza laboral y poner fin a la capacidad de muchos de trabajar desde casa.
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Los sindicatos que representan a los empleados federales argumentaron en su demanda que el programa era “sorprendentemente arbitrario” y viola una ley que impide a las agencias gastar más dinero del aprobado por el Congreso.
Advirtieron que la compra, que no se aplica a los guardias fronterizos, controladores de tráfico aéreo y algunos otros trabajadores, podría reducir la fuerza laboral de manera arbitraria y perturbar servicios gubernamentales vitales.Los sindicatos y los fiscales generales demócratas han presentado otras demandas impugnando la rápida reestructuración del gobierno por parte de Trump y obtuvieron algunas victorias iniciales. En una demanda separada presentada el miércoles, cinco sindicatos presentaron una demanda para bloquear lo que llamaron un posible despido masivo de cientos de miles de trabajadores que resisten la presión para aceptar las indemnizaciones.
Trump ha designado al multimillonario Elon Musk para dirigir el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, que está revisando registros de pagos y personal en un esfuerzo por recortar un billón de dólares del presupuesto federal, que totalizó 6.75 billones de dólares el año pasado.
Los salarios de los trabajadores civiles representan menos del 5% de ese total. Si la compra reduce la plantilla en menos del 3%, podría suponer un ahorro anual de menos de 10,000 millones de dólares. Según cifras federales, aproximadamente el 6% de la fuerza laboral renuncia o se jubila cada año.
Trump ha ordenado a las agencias federales que trabajen con el equipo de Musk para identificar a los empleados que pueden ser despedidos y las funciones que pueden eliminarse por completo. El miércoles por la noche, CNN informó que se estaban llevando a cabo despidos de empleados en período de prueba en el Departamento de Educación y la Administración de Pequeñas Empresas, citando a empleados federales y fuentes sindicales. Ni el Departamento de Educación ni la SBA respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
Hasta ahora, el equipo de Musk se ha centrado en 15 agencias y ha desmantelado dos: una que proporciona un salvavidas a los necesitados del mundo y otra que protege a los estadounidenses de prestamistas inescrupulosos. Algunos expertos republicanos en presupuestos dicen que la iniciativa refleja una ideología conservadora más que un esfuerzo de buena fe para ahorrar dinero de los contribuyentes.
El propio Trump ha descartado recortes a los populares beneficios de jubilación y salud para las personas mayores, que representan el 36% del gasto federal y se proyecta que consumirán una mayor parte del presupuesto a medida que la población envejece. Mientras tanto, los aliados republicanos de Trump en el Congreso están preparando un plan presupuestario que recortaría los impuestos y aumentaría el gasto en seguridad, lo que según expertos independientes añadiría billones de dólares a la deuda nacional.
Con información de Reuters.
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