Grandes empresas y organizaciones terroristas: aprender a lidiar con los nuevos riesgos

Apenas ascienden a la superficie, y se hacen cada vez más visibles, una serie de nuevos riesgos que tendrán que aprender a prevenir tanto instituciones financieras como grandes empresas nacionales y multinacionales que operan en México y Estados Unidos, por la reciente designación de seis “cárteles” como Organizaciones Terroristas Foráneas (FTO’s por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT’s por sus siglas en inglés).

Los llamados “cárteles” son grandes conglomerados de células criminales que poseen, cada una, su propia estructura, liderazgo, zonas de influencia, giros de negocio, etcétera. Es decir, estamos en primer lugar frente a un desafío informativo relativo a conocer cuáles son los grupos criminales que integran, según las agencias de inteligencia estadounidenses, esas grandes confederaciones criminales llamadas Cártel de Sinaloa (CDS), Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste (CDN), la Nueva Familia Michoacana (NFM), el Cártel del Golfo (CDG) y Cárteles Unidos (CU).

Por ejemplo, de acuerdo con la inteligencia de fuentes abiertas que recolectamos en Lantia Intelligence, el CDS está integrado actualmente por 83 mafias; el CJNG por 85; el CDN por 2; la NFM por 10; el CDG por 5; y CU por 21. Por lo tanto, esos seis cárteles son en realidad 206 bandas de tamaño y capacidades diversas. Ahora bien, estas bandas tienen extensa presencia geográfica; especialmente las que integran el CDS y el CJNG, los cuales tienen presencia nacional.

Los cárteles designados han acumulado grandes cantidades de recursos y propiedades a lo largo de los últimos años. Varias de ellas tienen negocios ilícitos (narcomenudeo, extorsión, trata y tráfico de personas, entre otros), pero también negocios legales en sectores como minería, agricultura, ganadería y comunicaciones y transporte, entre otros. Y gran cantidad de los empleados directos e indirectos de todas estas empresas (lícitas e ilícitas), que suman cientos de miles, poseen cuentas bancarias, es decir, están vinculados con el sistema financiero.

Lo anterior representa un desafío mayúsculo para las empresas que operan en México, pues de ahora en adelante tendrán que navegar a través del complejo paisaje de las regulaciones antiterroristas y evitar a toda costa que se les acuse de mantener algún tipo de relación sospechosa con organizaciones terroristas. Bajo la legislación estadounidense, proveer “apoyo material” a la organización designada como terrorista es un delito grave que acarrea multas estratosféricas o, incluso, la prisión.

Las empresas que operan en las áreas controladas por las organizaciones criminales, o que mantienen algún vínculo con ellas, están en riesgo de ser acusadas de violar algún estatuto o código antiterrorista estadounidense, lo que las pondría bajo la lupa de las autoridades, con el riesgo de que incauten parte de sus activos, y se hagan merecedoras también de denuncias civiles por parte de quienes se consideran víctimas de alguna organización terrorista.

El alcance del Acta Anti-Terrorismo (ATA, por sus siglas en inglés) es explícitamente extraterritorial, lo que implica que sus disposiciones están dirigidas a regular también las acciones de entidades desvinculadas de Estados Unidos. Por otra parte, las seis organizaciones designadas han sido añadidas a la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Nacionales Especialmente Designados (Lista SDN, por sus siglas en inglés), lo que implica que cualquiera de sus activos registrados será bloqueado.

Dos casos dan cuenta del amplio alcance que tiene el criterio de “apoyo material” a las organizaciones criminales. En 2007, la empresa multinacional Chiquita Brands International fue sancionada con una multa de 25 millones de dólares por realizar pagos a una organización terrorista internacional ubicada en Colombia, con el fin de proteger a su personal y sus instalaciones. Por otra parte, en 2022, la empresa francesa de construcción Lafarge fue acusada por procurar apoyo material al terrorismo, por realizar pagos a ISIS y al Frente al-Nusrah (vinculado con Al Qaeda), también para proteger a sus empleados y continuar operando en áreas que ellos controlaban.

De modo que durante el resto del año las empresas nacionales o multinacionales que operan en México, en regiones de alta densidad criminal, deberán tomar un conjunto de medidas para evitar violar normas estadounidenses que castigan severamente el “apoyo material” al terrorismo. Entre estas medidas cabría sugerir, como ejemplo, las siguientes:

1. Evaluación de riesgos en zonas de producción y distribución.

2. Implementación estricta de procedimientos de conocimiento del cliente.

3. Capacitación de personal operativo en zonas de riesgo sobre identificación temprana de vínculos de empleados con segmentos de la organización terrorista, y también sobre manejo de encuentros casuales con miembros de organizaciones terroristas.

4. Monitorear estrechamente los cambios en la regulación, políticas y modalidades de aplicación de la ley, en lo referente a la designación de los cárteles mexicanos.

5. Y mejorar el control y auditar periódicamente la caja chica, los reembolsos de gastos y otras potenciales fuentes de recursos a las que accedan los empleados para pagar “derechos de piso” u otros impuestos criminales.