Elección judicial en Kafkahuamilpa
En la última semana, se confirmó que en la elección judicial no habrá voto universal y que el Senado manipuló las listas de candidatos que entregó al INE.
Cada paso hacia la votación del Poder Judicial revela graves alteraciones a los principios básicos de una elección auténtica y democrática. Solo en la última semana se confirma que no habrá voto universal, sino sufragio desigual y fraccionado, y, encima, se sabe que el Senado manipuló las listas de candidaturas incluyendo a gente no inscrita. Analicemos los hechos y sus consecuencias.
El voto universal está en la base de una elección democrática. Implica que todos los ciudadanos pueden votar por todos los cargos que les competen y hacerlo en igualdad de condiciones. Una persona, un voto por cargo: así de claro. En la elección judicial del 1° de junio no será así: el ciudadano recibirá un número diferente de boletas electorales en función de su lugar de residencia y no votará por los mismos cargos de juzgadores y magistrados del Poder Judicial. Habrá electores más “empoderados” que otros, cuyo voto valdrá más. Por ejemplo, desde la Ciudad de México se va a decidir la elección de 104 magistraturas y 64 jueces (168 en total), mientras que en el Estado de México se votará por 55 de estos cargos, en Nuevo León por 38, en Oaxaca por 16 y en Baja California Sur y Colima solo por seis.
El origen de este atropello a la igualdad del voto nació con la idea misma de la elección judicial: ese Poder no se concibió en términos de representación, sino de administración. Los circuitos judiciales se conformaron para atender cargas de trabajo y nada tienen que ver con los distritos electorales. Pretender hacer compatibles ambas geografías es como querer jugar beisbol sobre un tablero de ajedrez: es imposible, el resultado sería un disparate. Justo lo que tenemos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) dividió los 32 circuitos judiciales —algunos de los cuales abarcan el territorio de más de una entidad federativa— en 60 “distritos judiciales electorales”. Estos últimos no se corresponden, claro está, con los 300 distritos electorales federales que marca la Constitución para la elección de la Cámara de Diputados, que se distribuyen en el territorio del país en función del peso de la población registrada por el censo en cada entidad federativa, lo que permite la igualdad en la representación. En los distritos judiciales electorales recién inventados, el peso de la población no importa: la Ciudad de México tiene 11, Jalisco cuatro, mientras que el Edomex —la entidad con más gente— tendrá tres, igual que Nuevo León. Once entidades tendrán dos distritos electorales judiciales y 15 solo uno.
En las 17 entidades con más de un distrito judicial, el INE va a sortear las materias judiciales por las que se podrá votar. Habrá quien no pueda sufragar por determinadas materias. El derecho a votar y ser votado queda al azar, no sujeto al principio jurídico de igualdad y universalidad: una “tombocracia”.
Como si lo anterior no bastara, el Senado remitió al INE las listas de candidaturas con deficiencias y manipulaciones. Por ejemplo, la magistrada Lilia Mónica López Benítez, quien se opone a la reforma judicial y por congruencia no participó en el proceso, apareció como candidata del Ejecutivo federal. Es de tal magnitud el desaseo que cuando el INE pidió al Senado completar información faltante sobre distintas candidaturas, lo que recibió a cambio fue una nueva lista con aspirantes eliminados y otros recién incorporados cuando el Comité de selección ya había concluido su labor.
Además, el INE dio a conocer que de las 955 postulaciones del Poder Ejecutivo, ninguna va acompañada de clave de elector, CURP, correo electrónico o teléfono. Es decir, el INE no sabe bien a bien a quién corresponde cada nombre de la lista recibida, si cada persona está en efecto inscrita en el padrón electoral, si no se trata de homonimias y no cuenta siquiera con datos de contacto para verificar la información ni para dar seguimiento y fiscalizar los gastos de campaña de tales candidaturas.
Nunca en una elección había pasado que ni la propia autoridad electoral supiera a ciencia cierta a qué personas corresponden los nombres que imprime en la boleta. Candidaturas desconocidas ya no solo para el elector, sino para el árbitro electoral. La certeza, principio constitucional de las elecciones, queda reducida a cero.
Podría pensarse que este mal sueño ocurre en un país imaginario, en Kafkahuamilpa. No es así: es el México real, cuya división de poderes y democracia constitucional están siendo barridas por una farsa electoral siniestra.
