El único observatorio valenciano de vivienda: a cargo de un director 'antiokupa' y financiado por constructoras
El director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda en la Universidad Politécnica, Fernando Cos-Gayón López, cree que se "demoniza" a quien tiene una casa en alquiler "llamándole rentista peyorativamente", y asegura que la okupación atemoriza a los propietarios, que prefieren pasarse al alquiler de temporadaEl Ayuntamiento de Valdemoro, del PP, presume de que la empresa ultra Desokupa desahucie en el municipio madrileño La primera manifestación estatal por la vivienda que se celebró el pasado sábado 5 de abril en las principales capitales del país ha suscitado varias reacciones de expertos en esta materia en la red social Linkedin. Uno de ellos ha sido Fernando Cos-Gayón López, director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València. “Da una idea clara de las intenciones que se proponga abiertamente la ilegalización de las empresas desokupas”, comentaba en uno de los párrafos de su publicación en los que contraargumentaba cada consigna lanzada el pasado sábado con medidas que mejorarían el acceso a la vivienda y la seguridad por parte de los rentistas, bajo su punto de vista. Sin embargo, en una entrevista telefónica con elDiario.es, Cos-Gayón ha asegurado que si una empresa infringe la ley, “entiendo que la justicia actuará contra ellas”, insistiendo a su vez que está en contra de este tipo de empresas. “Lo que propongo es que desde la Administración Pública se lleven a cabo desalojos legales, lo que daría seguridad a los propietarios para poner su vivienda en alquiler”, defiende. Asimismo, incide en que prohibir estas empresas, que usan métodos delictivos para coaccionar o amenazar, “no solucionaría el problema estructural de la vivienda”, y que la okupación realmente supone “un auténtico drama para la gente que lo padece”: “Todos conocemos personas que lo viven. Nadie puede considerarse prookupa porque es una acción ilegal. Hay familias que no son vulnerables y están entrando en viviendas para aprovecharse y alquilarlas a familias con menos recursos. Hay que raspar en esta realidad para ver qué sucede”, relata. A preguntas de elDiario.es, asegura que la okupación no supone un problema estructural, porque ya estaríamos hablando de “un Estado fallido”. Sin embargo, habla de que es una realidad que está generado un temor a los propietarios y que por eso escogen otro tipo de clientes como las residencias de media estancia o de temporada: “Hacia allí se ha desplazado la demanda, no solo por la rentabilidad, sino especialmente por la inseguridad percibida”. El único observatorio de la vivienda en el territorio valenciano En la Comunitat Valenciana, la Cátedra de la Vivienda de la UPV ofrece informes en solitario y se encarga de elaborar estudios trimestrales sobre el panorama inmobiliario en la capital valenciana. Sin embargo, su financiación es exclusiva de constructoras y promotoras que aparecen anunciadas en su página web como White Investing (ahora Talvion), Vialterra Infraestructuras, Porcelanosa, la Asociación de Promotores de Valencia (APROVA), Olivares Consultores, el HUB de Inversión Inmobiliaria, Urbania Developer y el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia, entre otras. Y es que en el DOGV no aparece ninguna partida presupuestaria para esta cátedra; a diferencia de la que hubo en su momento en la Universitat de València, que tuvo que desaparecer con la entrada del Gobierno de Mazón en el Consell. Así lo confirma Albert Noguera, exdirector de la Cátedra de Vivienda y Derecho a la Ciudad. “Se aprobaron los mismos presupuestos anuales de 2023 en diciembre de 2024, sin embargo, en enero cuando se asentaron ya en cada conselleria decidieron no ejecutarlo. Nos enviaron una carta a la Universitat donde indicaban que la Cátedra no entraba dentro de sus prioridades políticas y nos solicitaban que rechazáramos la asignación presupuestaria”, confiesa Noguera. En este sentido, desde la UV declinaron esta petición: “El presupuesto se ejecutaba a través de un convenio entre la universidad y la Conselleria. Si la Universitat hubiera renunciado al presupuesto, la partida hubiese quedado liberada”, permitiendo destinarla para otros fines. Noguera, preguntado por la financiación de la Cátedra, explica que solo se sustentaban a base de fondos públicos, a diferencia de la de la UPV, basada en empresas privadas con intereses particulares: “Si tienes un financiador privado, el grado de autonomía se reduce y te condicionan en la práctica”, manifiesta. A su vez, puntualiza que desde la institución académica han manifestado la voluntad de mantener esta cátedra, pero que su supervivencia se basa en la financiación externa, y que sin esta, la unidad académica que investiga sobre el área socioterritorial y urbanística desaparece de una de las universidades mejor posicionadas en los ránquines interna

El director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda en la Universidad Politécnica, Fernando Cos-Gayón López, cree que se "demoniza" a quien tiene una casa en alquiler "llamándole rentista peyorativamente", y asegura que la okupación atemoriza a los propietarios, que prefieren pasarse al alquiler de temporada
El Ayuntamiento de Valdemoro, del PP, presume de que la empresa ultra Desokupa desahucie en el municipio madrileño
La primera manifestación estatal por la vivienda que se celebró el pasado sábado 5 de abril en las principales capitales del país ha suscitado varias reacciones de expertos en esta materia en la red social Linkedin. Uno de ellos ha sido Fernando Cos-Gayón López, director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València.
“Da una idea clara de las intenciones que se proponga abiertamente la ilegalización de las empresas desokupas”, comentaba en uno de los párrafos de su publicación en los que contraargumentaba cada consigna lanzada el pasado sábado con medidas que mejorarían el acceso a la vivienda y la seguridad por parte de los rentistas, bajo su punto de vista.
Sin embargo, en una entrevista telefónica con elDiario.es, Cos-Gayón ha asegurado que si una empresa infringe la ley, “entiendo que la justicia actuará contra ellas”, insistiendo a su vez que está en contra de este tipo de empresas. “Lo que propongo es que desde la Administración Pública se lleven a cabo desalojos legales, lo que daría seguridad a los propietarios para poner su vivienda en alquiler”, defiende.
Asimismo, incide en que prohibir estas empresas, que usan métodos delictivos para coaccionar o amenazar, “no solucionaría el problema estructural de la vivienda”, y que la okupación realmente supone “un auténtico drama para la gente que lo padece”: “Todos conocemos personas que lo viven. Nadie puede considerarse prookupa porque es una acción ilegal. Hay familias que no son vulnerables y están entrando en viviendas para aprovecharse y alquilarlas a familias con menos recursos. Hay que raspar en esta realidad para ver qué sucede”, relata.
A preguntas de elDiario.es, asegura que la okupación no supone un problema estructural, porque ya estaríamos hablando de “un Estado fallido”. Sin embargo, habla de que es una realidad que está generado un temor a los propietarios y que por eso escogen otro tipo de clientes como las residencias de media estancia o de temporada: “Hacia allí se ha desplazado la demanda, no solo por la rentabilidad, sino especialmente por la inseguridad percibida”.
El único observatorio de la vivienda en el territorio valenciano
En la Comunitat Valenciana, la Cátedra de la Vivienda de la UPV ofrece informes en solitario y se encarga de elaborar estudios trimestrales sobre el panorama inmobiliario en la capital valenciana. Sin embargo, su financiación es exclusiva de constructoras y promotoras que aparecen anunciadas en su página web como White Investing (ahora Talvion), Vialterra Infraestructuras, Porcelanosa, la Asociación de Promotores de Valencia (APROVA), Olivares Consultores, el HUB de Inversión Inmobiliaria, Urbania Developer y el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia, entre otras.
Y es que en el DOGV no aparece ninguna partida presupuestaria para esta cátedra; a diferencia de la que hubo en su momento en la Universitat de València, que tuvo que desaparecer con la entrada del Gobierno de Mazón en el Consell. Así lo confirma Albert Noguera, exdirector de la Cátedra de Vivienda y Derecho a la Ciudad. “Se aprobaron los mismos presupuestos anuales de 2023 en diciembre de 2024, sin embargo, en enero cuando se asentaron ya en cada conselleria decidieron no ejecutarlo. Nos enviaron una carta a la Universitat donde indicaban que la Cátedra no entraba dentro de sus prioridades políticas y nos solicitaban que rechazáramos la asignación presupuestaria”, confiesa Noguera.
En este sentido, desde la UV declinaron esta petición: “El presupuesto se ejecutaba a través de un convenio entre la universidad y la Conselleria. Si la Universitat hubiera renunciado al presupuesto, la partida hubiese quedado liberada”, permitiendo destinarla para otros fines.
Noguera, preguntado por la financiación de la Cátedra, explica que solo se sustentaban a base de fondos públicos, a diferencia de la de la UPV, basada en empresas privadas con intereses particulares: “Si tienes un financiador privado, el grado de autonomía se reduce y te condicionan en la práctica”, manifiesta. A su vez, puntualiza que desde la institución académica han manifestado la voluntad de mantener esta cátedra, pero que su supervivencia se basa en la financiación externa, y que sin esta, la unidad académica que investiga sobre el área socioterritorial y urbanística desaparece de una de las universidades mejor posicionadas en los ránquines internacionales.
Baja la okupación en la Comunitat Valenciana
En base a una información publicada por este medio, en la Comunitat Valenciana hay más de 102.000 viviendas vacías que pertenecen a grandes propietarios (el 3,2%), mientras que en el listado de titulares catastrales aparece una persona física dueña de 318 casas registradas en la capital del Túria, tercer propietario valenciano con más inmuebles, tan solo superado por dos sociedades afincadas en Almassora (Castellón) y Finestrat (Alicante) que cuentan con 336 y 326 viviendas vacías respectivamente. Además, hay cuarenta propietarios que tienen más de cincuenta viviendas vacías, de los que 23 poseen más de un centenar de casas. A nivel estatal, el porcentaje alcanza hasta el 4,3% del parque total inmobiliario (1.046.188); es decir, son de dueños de más de una decena de propiedades. Esta cifra llega a 166.749 si se tiene en cuenta a los propietarios de más de cinco residencias.
Por localidades, València es donde más inmuebles pertenecen a grandes propietarios, 59.948. De ellas, el 8% (33.268) son de tenedores de más de cinco pisos; el 4,9% (20.667) pertenecen a dueños de más de diez propiedades; y el 1,4% (6.013) corresponden a tenedores de más de 100 casas. En la segunda ciudad valenciana por población, Alicante, son 22.000 las viviendas propiedades de grandes tenedores: el 5,9% (11.120) son de propietarios de más de cinco inmuebles, el 3,7% (7.005) pertenecen a tenedores de más de 10 pisos y el 2,1% (3.932) son de dueños de más de cien casas. En Castelló, hay cerca de 13.000 viviendas vacías propiedad de grandes propietarios: 6.596 (7,5%) son de dueños de más de 5 pisos; 3.991 (4,5%) pertenecen a personas o entidades jurídicas que tienen más de una decena de inmuebles; y 2.126 (2,4%) son grandes tenedores, con más de un centenar de propiedades.
Además, las okupaciones descienden en la autonomía valenciana: en 2023 se abrieron en la fiscalía provincial de Castellón 142 diligencias por usurpación, un 15,5% menos que en 2022, y en la de Valencia fueron un total de 575, un 9,6% menos que el año anterior, mientras que en Alicante, las cifras se mantuvieron estables aun sin publicar los datos, según confirmó el fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz el pasado jueves en la comisión de Coordinación de las Corts para exponer la Memoria de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana 2024.
En palabras de Cos-Gayón, el también director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación UPV, piensa que ahora “se está demonizando a la gente que tiene una casa en alquiler, llamándole rentista y casero de una forma peyorativa”, a lo que añade: “Los demonios eran los grandes tenedores, los fondos de inversión (conocidos como fondos buitre) y ahora se incluye también dentro de esta forma eufemística a la señora viuda que tiene una casa alquilada”.
Otra de las demandas sociales que ha recogido el director es “la bajada forzada del 50% en los alquileres”, petición a la que se opone porque considera que provocaría “una retirada inmediata de viviendas del mercado”, y en líneas más abajo propone que se incentive a los propietarios que alquilen a precios razonables y construir más Vivienda de protección pública (VPP) para liberar presión del mercado de alquiler.
Además, también ha puesto el foco en otra de las solicitudes ciudadanas: la paralización de desahucios a personas vulnerables, que cree que es injusta porque hace responsable al propietario de un problema que atañe al Estado, y plantea fondos públicos de garantía que cubran impagos para proteger tanto a inquilinos vulnerables como a propietarios.