El TSJC juzgará el jueves al exconsejero Lluís Puig por desobediencia en el 'caso Sijena'
El ex consejero de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig , será juzgado esta semana como presunto autor de un delito de desobediencia en relación con el caso de las obras de arte de Sijena . El juicio comenzará el jueves en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y se alargará durante dos sesiones, hasta el viernes, según informa el TSJ catalán en un comunicado. El procesado, que actualmente reside en Bélgica, país en el que se refugió en 2022 tras ser acusado de malversación por el 1-O, prestará declaración por videoconferencia en el juicio, que estaba previsto que se celebrara en noviembre del año pasado y que fue aplazado al no ser posible su citación. La Fiscalía atribuye a los dos exconsejeros de Cultura, Santi Vila -será juzgado en un juzgado penal de Barcelona en otra fecha por determinar- y su sucesor, Lluís Puig , un presunto delito de desobediencia a resoluciones judiciales, y a Vila también lo considera responsable de un presunto delito de usurpación de atribuciones judiciales. El ministerio público sostiene que Vila fue notificado para trasladar al Monasterio de Sijena , en Huesca, una serie de bienes artísticos --que se encontraban una parte en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y otra en el Museo de Lérida-, y que trasladó los bienes del MNAC, pero no las 44 piezas del museo ilerdense. La Fiscalía mantiene que Vila se negó y, posteriormente, se notificó a Puig, que acababa de suceder a Vila al frente de la Consejería, sin que entregara los bienes en el «corto tiempo en que ejerció su cargo». El ministerio fiscal pide para ambos 11 meses de multa con una cuota diaria de 18 euros, que hace un total de 5.940 euros , e inhabilitación especial para cargo público por un período de 2 años, según el escrito de acusación consultado por Ep. Además, solicita que indemnicen conjunta y solidariamente a la Diputación General de Aragón en la cantidad en que haya sido tasada la cuantía a la que tuvo que hacer frente como consecuencia del traslado de las obras. Puig será juzgado por el TSJC por su condición de aforado -tiene en escaño en el Parlament por Junts a pesar de que reside en Bruselas- mientras que a Vila, que ahora no es aforado, lo enjuiciará un juzgado penal de Barcelona. En septiembre de 2022, a dos semanas del juicio que debía celebrarse en Huesca y que finalmente se aplazó a febrero, Puig, que se refugió en Bélgica tras ser acusado de malversación por el 1-O, apeló a su condición de aforado -es diputado de Junts en el Parlament- para que el Juzgado de lo Penal 1 de la citada ciudad se inhibiese a favor del TSJC. Dicho juzgado -y la Fiscalía- solicitaron que el caso lo asumiese el Tribunal Supremo (TS) que, finalmente, lo ha derivado al tribunal catalán, al considerar que el delito atribuido a Puig, desobediencia por «una orden que resolvió desatender», se produjo en Cataluña, donde desempeñaba entonces sus funciones. El Supremo rechazó así la alegación del Ministerio público que señaló que la desobediencia se habría llevado a cabo en Huesca, «destino final de los bienes que debía remitir» el titular de Cultura. En un auto, la Sala de lo Penal declaró la competencia del tribunal catalán para enjuiciar al exconsejero, en su condición de aforado.
El ex consejero de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig , será juzgado esta semana como presunto autor de un delito de desobediencia en relación con el caso de las obras de arte de Sijena . El juicio comenzará el jueves en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y se alargará durante dos sesiones, hasta el viernes, según informa el TSJ catalán en un comunicado. El procesado, que actualmente reside en Bélgica, país en el que se refugió en 2022 tras ser acusado de malversación por el 1-O, prestará declaración por videoconferencia en el juicio, que estaba previsto que se celebrara en noviembre del año pasado y que fue aplazado al no ser posible su citación. La Fiscalía atribuye a los dos exconsejeros de Cultura, Santi Vila -será juzgado en un juzgado penal de Barcelona en otra fecha por determinar- y su sucesor, Lluís Puig , un presunto delito de desobediencia a resoluciones judiciales, y a Vila también lo considera responsable de un presunto delito de usurpación de atribuciones judiciales. El ministerio público sostiene que Vila fue notificado para trasladar al Monasterio de Sijena , en Huesca, una serie de bienes artísticos --que se encontraban una parte en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y otra en el Museo de Lérida-, y que trasladó los bienes del MNAC, pero no las 44 piezas del museo ilerdense. La Fiscalía mantiene que Vila se negó y, posteriormente, se notificó a Puig, que acababa de suceder a Vila al frente de la Consejería, sin que entregara los bienes en el «corto tiempo en que ejerció su cargo». El ministerio fiscal pide para ambos 11 meses de multa con una cuota diaria de 18 euros, que hace un total de 5.940 euros , e inhabilitación especial para cargo público por un período de 2 años, según el escrito de acusación consultado por Ep. Además, solicita que indemnicen conjunta y solidariamente a la Diputación General de Aragón en la cantidad en que haya sido tasada la cuantía a la que tuvo que hacer frente como consecuencia del traslado de las obras. Puig será juzgado por el TSJC por su condición de aforado -tiene en escaño en el Parlament por Junts a pesar de que reside en Bruselas- mientras que a Vila, que ahora no es aforado, lo enjuiciará un juzgado penal de Barcelona. En septiembre de 2022, a dos semanas del juicio que debía celebrarse en Huesca y que finalmente se aplazó a febrero, Puig, que se refugió en Bélgica tras ser acusado de malversación por el 1-O, apeló a su condición de aforado -es diputado de Junts en el Parlament- para que el Juzgado de lo Penal 1 de la citada ciudad se inhibiese a favor del TSJC. Dicho juzgado -y la Fiscalía- solicitaron que el caso lo asumiese el Tribunal Supremo (TS) que, finalmente, lo ha derivado al tribunal catalán, al considerar que el delito atribuido a Puig, desobediencia por «una orden que resolvió desatender», se produjo en Cataluña, donde desempeñaba entonces sus funciones. El Supremo rechazó así la alegación del Ministerio público que señaló que la desobediencia se habría llevado a cabo en Huesca, «destino final de los bienes que debía remitir» el titular de Cultura. En un auto, la Sala de lo Penal declaró la competencia del tribunal catalán para enjuiciar al exconsejero, en su condición de aforado.
