El Supremo denuncia que está siendo usado como "juzgado de guardia de cualquier asunto mediático"

El Tribunal Supremo ha rechazado una denuncia masiva con la que una asociación pedía encausar al presidente del Gobierno, su familia, buena parte del ejecutivo, políticos del PSOE y decenas de altos cargos por formar una “organización criminal perfectamente estructurada”. La Sala de lo Penal no solo rechaza la denuncia por ser “un mero digo que dice”, sino que se queja de estar siendo utilizada como “juzgado de guardia de cualquier asunto mediático”. El tribunal recibe y rechaza mensualmente más de una decena de acusaciones contra aforados: de miembros del Gobierno hasta magistrados, fiscales y parlamentarios y fuentes de la sala lamentan que se esté desnaturalizando la misión del Supremo a golpe de acciones penales sin fundamento.

Uno de los últimos casos en llegar a manos de la Sala de lo Penal ha sido la denuncia presentada por la 'Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción', que solicitaba la imputación de 77 personas: el presidente del Gobierno, su esposa, su hermano y su padre además de 10 ministros, el fiscal general y altos cargos y empresarios. Una selección de personas sacada de casos ya judicializados como Koldo, la causa contra Begoña Gómez o el de Tito Berni mezclado con diligencias ya archivadas, denuncias fracasadas de Manos Limpias y asuntos que nunca pasaron de las portadas.

La denuncia afirmaba que existe en España una “organización criminal perfectamente estructurada” y la Sala de lo Penal del Supremo explica que esa denuncia no merece ni pasar el primer filtro de la admisión a trámite. “Se trata del traslado de declaraciones o informes de diversas investigaciones llevadas a cabo en otros juzgados, un mero digo que dice”, explican los jueces. En algunos casos no se aporta ningún indicio de delito y, en otros, se intenta llevar al Supremo casos que ya están siendo investigados en otros organismos o que fueron archivados hace tiempo.

El auto rechaza de plano la denuncia por incurrir en “fraude de ley” y deja un recado: “No es dable la utilización de acudir en la forma que se efectúa, directamente ante esta Sala Segunda, como juzgado de guardia de cualquier asunto mediático, para evitar el criterio del juez que lleva la investigación”, dicen los magistrados. Un dardo a la asociación denunciante que fuentes del Supremo complementan al lamentar que, mensualmente, la sala de admisiones recibe semanalmente más de diez denuncias o querellas “infundadas” contra aforados que no tienen ninguna probabilidad de prosperar pero que, en la práctica, se presentan de forma abusiva y “desnaturalizando”, explican, el cauce penal del Supremo.

La sala segunda del Supremo se encarga de investigar, juzgar y sentenciar a aforados: miembros del Gobierno, diputados, senadores, algunos presidentes autonómicos y algunos jueces y fiscales. No es su trabajo más abundante entre los más de 9.000 asuntos que resuelve cada año, pero sí es el que más proyección pública puede llegar a tener. Las múltiples ramificaciones del procés, la investigación contra el exministro José Luis Ábalos, la causa contra el fiscal general del Estado y la reciente condena al senador José Manuel Baltar, junto con el aluvión de causas contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez pendientes de admisión, protagonizan una de las mayores concentraciones de causas contra aforados en el alto tribunal en su historia reciente.

Fuentes del Supremo explican a elDiario.es que, semana tras semana, la sala de admisiones –el primer filtro en el departamento penal– se encuentra con al menos diez denuncias y querellas semanales que son rechazadas de forma sistemática por su carencia total de fundamento. Contra jueces que no han resuelto un pleito en el sentido esperado pero también contra ministros o altos cargos por decisiones políticas o declaraciones públicas. A día de hoy, la Sala de lo Penal del Supremo sigue rechazando querellas contra miembros del Gobierno por decisiones tomadas durante la pandemia.

La querella como arma política

Una de las últimas querellas rechazadas es la de un vecino de Córdoba que denuncia una “suerte de confabulación sistémica” de jueces y abogados desde hace 30 años para perjudicarle. Otras igualmente inadmitidas son de empresas o asociaciones que acusan de prevaricar a jueces de la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Andalucía en casos en los que no les han dado la razón. Pero una parte relevante son denuncias y querellas de partidos y asociaciones de extrema derecha que buscan llevar al banquillo a miembros del Gobierno por actuaciones políticas, declaraciones públicas o incluso casos que ya han sido archivados.

Vox, HazteOir, Manos Limpias y otras asociaciones ligadas a la extrema derecha son habituales en la instrumentalización judicial e informativa del Tribunal Supremo contra rivales políticos. Las denuncias se interponen, se publicitan y después se oculta deliberadamente que los jueces han rechazado de plano todas sus acusaciones.

En pleno debate sobre la posibilidad de limitar el papel y la importancia de la acción popular, fuentes de la Sala de lo Penal del Supremo reconocen a elDiario.es que presentar querellas sin ningún tipo de fundamento contra aforados debe encontrar algún tipo de límite, sin negar el derecho a la ciudadanía a participar en los tribunales, pero evitando la sobrecarga que supone hacerse cargo semanalmente de una decena de acciones como estas. Ya en 2020, durante la pandemia, el Supremo dejó claro que no se puede exigir responsabilidades penales a un ministro, por ejemplo, por cualquier cosa que suceda en su Ministerio.

En algunos casos la paciencia del Supremo ha sido finita y los jueces han optado por multar a los autores de denuncias basadas, directamente, en mentiras y falsedades. Tal y como reveló elDiario.es el año pasado, el tribunal multó con 4.000 euros a un hombre por denunciar al magistrado Manuel Marchena basándose en las 'fake news' del exjuez Fernando Presencia.

La Sala de lo Penal analiza estas semanas el volumen de denuncias y querellas contra aforados que recibe, la gran mayoría inadmitidas y rechazadas de plano. Poco después de inadmitir la denuncia masiva contra miembros del Gobierno, los jueces reprochan que se inicien acciones penales con un relato “muy parco, fragmentario y siempre incompleto” que en la mayor parte de sus 37 páginas apenas describía “un hecho concreto” contra los políticos denunciados.