El Supremo da diez días al Gobierno para hacerse cargo de 1.000 menores migrantes

El Tribunal Supremo ha requerido al Gobierno hacerse cargo de un millar de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo, para lo que le da un plazo “improrrogable” de diez días. 

• Estos menores actualmente están a cargo de los servicios de protección de menores de las Islas Canarias. Esta comunidad tutela en estos momentos a más de 5.800 chicos y chicas migrantes no acompañados.

Contexto. Se trata de una medida cautelar que responde a la petición del gobierno canario de pactar con el Gobierno de España “la obligación de la Administración General del Estado de dar acogida efectiva” a los menores migrantes que se encuentran “hacinados” –en palabras del Supremo– en los sistemas de protección de las islas. 

Tras negarse el Gobierno, la administración canaria recurrió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, encargada de dirimir conflictos entre distintas administraciones del Estado.

• El gobierno canario creó un protocolo de recepción de estos menores en el que establecía que Fuerzas de seguridad del Estado eran quienes debían atenderlos hasta que se encontrase una plaza para ellos en un centro de acogida. El protocolo fue tumbado por el Constitucional. 

• También pidió a las ONG que no aceptaran más menores migrantes sin su autorización, medida que anuló la justicia. 

El fallo del Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo requiere al Ejecutivo central que garantice “el acceso y permanencia” en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aquellos menores en Canarias que hayan solicitado protección internacional o manifestado su voluntad de hacerlo –por lo menos a 1.000 de ellos–, un proceso para el que pide colaboración del gobierno canario. 

• Los magistrados del Supremo argumentan que el sistema estatal de acogida de los menores migrantes que solicitan protección internacional no ha sido puesto a su disposición pese “a que es un sistema al que tienen pleno derecho”. 

• Consideran “imprescindible” su implantación para corregir “la actual situación de hacinamiento en que estos menores se encuentran”.

• La Sala sustenta la decisión en que prima el “superior interés del menor”, un derecho que “resulta obligatorio proteger”.

También ha acordado que en el plazo de diez días se le informe de las medidas que se hayan adoptado por la Secretaría de Estado de Migraciones, a quien corresponde la gestión del sistema de acogida.  

• Transcurrido dicho plazo, la Sala decidirá sobre la celebración de una vista pública en relación con el cumplimiento de la cautelar.