El Poder Judicial defiende al tribunal de Alves y recuerda a Montero que "la presunción de inocencia es un derecho"
El órgano llama a los políticos a compatibilizar las críticas a las resoluciones judiciales “con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones” Alves, absuelto: los jueces no se creen a la denunciante pese a admitir que fue “persistente” desde el principio El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad una declaración institucional que defiende a las tres juezas y al juez del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que acordaron absolver al futbolista Dani Alves y apunta que “la protección y apoyo a las víctimas, en especial de delitos contra la libertad sexual, no implica renunciar a la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental”. Aunque no las cita expresamente, el comunicado remite a las palabras pronunciadas el pasado fin de semana por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que dijo que es una “vergüenza” que “la presunción de inocencia esté por delante de mujeres jóvenes que denuncian a los poderosos”. Un día después, la también ministra de Hacienda matizó sus palabras sobre la presunción de inocencia y reclamó que no impida creer a las víctimas de violencia machista. En este sentido, la declaración institucional apunta que la “responsabilidad” de los representantes políticos cuando discrepan de una resolución judicial es “compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones”. La absolución de Alves decidida por el TSJC ha comportado un intenso debate jurídico en un caso que terminará en manos del Tribunal Supremo si la Fiscalía y la denunciante recurren. La sentencia ha generado un impacto notable y supone un giro de guion al anular la condena inicial de cuatro años y medio de cárcel. A este respecto, el CGPJ sostiene que la revisión por tribunales superiores de lo resuelto por tribunales inferiores “forma parte de la normalidad del Estado de Derecho” y que “el sistema de recursos se establece para buscar el acierto de la decisión última”. Así, recuerda que la sentencia del TSJC no escapa a este principio y también está sujeta a los procedimientos de revisión previstos en las leyes procesales. El pleno añade, además, que confía en la profesionalidad y capacitación técnica de las magistradas y los magistrados intervinientes en el caso, tanto de la Audiencia Provincial de Barcelona como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y les traslada su apoyo “con independencia del sentido de sus decisiones”. El incendio político y judicial formado en torno a las declaraciones de María Jesús Montero, que tachó de “vergüenza” que se anteponga “la presunción de inocencia” al testimonio de “víctimas jóvenes que se atreven a denunciar a hombres poderosos”, mantiene al conjunto del Gobierno en una encrucijada de matizaciones y rectificaciones a medias que no terminan de desacreditar las palabras de la vicepresidenta. El Ejecutivo, de hecho, asegura en privado que respalda la reflexión de Montero porque, en su opinión, nunca puso en duda el derecho básico de esa presunción de inocencia. En público, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el ministro del Interior ha asegurado que su compañera de filas “ya ha matizado” esas declaraciones pero ha pedido a los jueces “que expliquen muy bien” sus resoluciones “para que las víctimas no se sientan desprotegidas y no pierdan la confianza en las instituciones”. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha apuntado que “es evidente que el respeto por las distintas sentencias no es antagónico a opinar sobre las mismas”.
El órgano llama a los políticos a compatibilizar las críticas a las resoluciones judiciales “con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones”
Alves, absuelto: los jueces no se creen a la denunciante pese a admitir que fue “persistente” desde el principio
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad una declaración institucional que defiende a las tres juezas y al juez del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que acordaron absolver al futbolista Dani Alves y apunta que “la protección y apoyo a las víctimas, en especial de delitos contra la libertad sexual, no implica renunciar a la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental”.
Aunque no las cita expresamente, el comunicado remite a las palabras pronunciadas el pasado fin de semana por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que dijo que es una “vergüenza” que “la presunción de inocencia esté por delante de mujeres jóvenes que denuncian a los poderosos”. Un día después, la también ministra de Hacienda matizó sus palabras sobre la presunción de inocencia y reclamó que no impida creer a las víctimas de violencia machista.
En este sentido, la declaración institucional apunta que la “responsabilidad” de los representantes políticos cuando discrepan de una resolución judicial es “compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.
La absolución de Alves decidida por el TSJC ha comportado un intenso debate jurídico en un caso que terminará en manos del Tribunal Supremo si la Fiscalía y la denunciante recurren. La sentencia ha generado un impacto notable y supone un giro de guion al anular la condena inicial de cuatro años y medio de cárcel.
A este respecto, el CGPJ sostiene que la revisión por tribunales superiores de lo resuelto por tribunales inferiores “forma parte de la normalidad del Estado de Derecho” y que “el sistema de recursos se establece para buscar el acierto de la decisión última”. Así, recuerda que la sentencia del TSJC no escapa a este principio y también está sujeta a los procedimientos de revisión previstos en las leyes procesales.
El pleno añade, además, que confía en la profesionalidad y capacitación técnica de las magistradas y los magistrados intervinientes en el caso, tanto de la Audiencia Provincial de Barcelona como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y les traslada su apoyo “con independencia del sentido de sus decisiones”.
El incendio político y judicial formado en torno a las declaraciones de María Jesús Montero, que tachó de “vergüenza” que se anteponga “la presunción de inocencia” al testimonio de “víctimas jóvenes que se atreven a denunciar a hombres poderosos”, mantiene al conjunto del Gobierno en una encrucijada de matizaciones y rectificaciones a medias que no terminan de desacreditar las palabras de la vicepresidenta. El Ejecutivo, de hecho, asegura en privado que respalda la reflexión de Montero porque, en su opinión, nunca puso en duda el derecho básico de esa presunción de inocencia.
En público, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el ministro del Interior ha asegurado que su compañera de filas “ya ha matizado” esas declaraciones pero ha pedido a los jueces “que expliquen muy bien” sus resoluciones “para que las víctimas no se sientan desprotegidas y no pierdan la confianza en las instituciones”. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha apuntado que “es evidente que el respeto por las distintas sentencias no es antagónico a opinar sobre las mismas”.