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El Ministerio de Consumo reclama a la Xunta que actúe contra 9.000 viviendas turísticas que se anuncian ilegalmente en Galicia
Casi el 60% de los 16.000 pisos que operan en la comunidad no informan de su número de registro, algo a lo que obliga la ley autonómicaHemeroteca - La Xunta entorpece la acción del Ayuntamiento de Santiago para eliminar más de 600 pisos turísticos El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, anunció que su departamento remitirá en los próximo días a la Xunta información “actualizada” sobre el mercado de viviendas turísticas (VPO) en Galicia, en la que se recoge la existencia de 16.000 pisos operando en la comunidad, de los que “hasta 9 mil” no reflejan en sus anuncios el número de registro “pertinente”, al que obliga la propia normativa autonómica. Bustinduy, de visita oficial en el ayuntamiento de Santiago —del que ha destacado su labor para “perseguir la oferta turística ilegal y poner orden” en el mercado—, ha ofrecido “toda la colaboración y las herramientas” del ministerio para “intervenir” en la “proliferación” de VPOs “muchas veces ilegales, que están interfiriendo en el derecho de vivienda”. El ministro hizo entrega a la alcaldesa, la nacionalista Goretti Sanmartín, de un archivo digital elaborado por la Unidad de Análisis de su departamento en el que se concluye que, “a día de hoy”, operan en la capital de Galicia más de 400 pisos turísticos, una cifra que “contrasta” con las 66 licencias concedida por el ayuntamiento. Junto a ese archivo, Consumo aportó la dirección postal de 221 de estas viviendas para “facilitar la labor de identificación, localización, inspección y, en el caso de que procediera, cierre de estas instalaciones” y se ofreció a “brindar toda la asistencia y el soporte jurídico y legal para proceder a la exigencia de retirada de las grandes plataformas”. La visita del ministro llega después de que el ayuntamiento compostelano enviase varios requerimientos formales a la Xunta para que eliminase del REAT (el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia) las VPOs que carecían de título habilitante municipal, algo a lo que la Axencia Galega de Turismo se negó, reclamando estudiar caso por caso y rechazando intervenir de oficio. No lo hizo ni siquiera en los casos más claros: desde 2015, está prohibida la presencia de pisos turísticos en el Casco Histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad. En enero, en el REAT aparecían más de 200 ubicados en esta zona. Preguntado sobre la posibilidad de que su ministerio tome alguna medida contra este registro, tras abrir expediente sancionador a Airbnb por una práctica similar —anunciar pisos ilegales en su plataforma—, Bustinduy señaló que seguirá actuando “con todo el rigor y la firmeza” en el “ámbito de su competencia”. “Ahora bien, cada administración tiene que hacer su parte”, y tras destacar de nuevo el trabajo del Ayuntamiento de Santiago, recordó que hay una parte “exclusivamente autonómica”. “Lo que puede hacer el ministerio es aportar información y todas nuestras herramientas para colaborar, porque nadie entiende que, con la situación que hay en el mercado, las administraciones no colaboren para resolver el que es el principal problema de la cidadanía” y, es por eso, dentro de “ese mismo espírituo de colaboración y alianza para poner coto a una situación descontrolada”, que remitirá a la Xunta los datos recabados por su departamento. La vivienda, una “gran aspiradora de riqueza” Bustinduy aprovechó su presencia en Santiago para “instar” a la Xunta a que no ponga “dificultades o escollos” para que ciudades gallegas como A Coruña o la propia Compostela puedan declararse zonas de mercado tensionado y poner así topes a los alquileres. Recordó que la Ley de Vivienda “ha empezado a arrojar resultados positivos” en Catalunya, la primera comunidad en aplicarla y por eso considera “incomprensible” no utilizar todas las herramientas disponibles para frenar la escalada de precios. “Eso es una cuestión que, obviamente, trasciende a la Xunta de Galicia, porque ninguna administración gobernada por el PP ha decidido aplicar la ley de vivienda”. Por eso, instó al líder de los populares, Núñez Feijóo, a que “dejen de poner excusas y apliquen la ley”. “La vivienda se ha convertido en una gran aspiradora de riqueza” y el aumento de los precios del alquiler -que cifró en un 70% en Galicia en la última década- “impide que la mejora generalizada de las condiciones laborales se traduzca en una mejora del nivel de vida”. Previamente, la alcaldesa Goretti Sanmartín destacó la “coincidencia” entre Ayuntamiento y Ministerio para que las plataformas de alojamiento retiren de sus páginas web los pisos turísticos “que son ilegales o que no tienen título habilitante municipal”. Agradeció la “confianza” de Bustinduy y destacó que Santiago, que “lleva tiempo demostrando que es vanguardia” en este ámbito, aprovechará la visita para establecer “complicidades y marcos de acuerdo” con una administración “aliada” en el objetivo de “garantiza
Casi el 60% de los 16.000 pisos que operan en la comunidad no informan de su número de registro, algo a lo que obliga la ley autonómica
Hemeroteca - La Xunta entorpece la acción del Ayuntamiento de Santiago para eliminar más de 600 pisos turísticos
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, anunció que su departamento remitirá en los próximo días a la Xunta información “actualizada” sobre el mercado de viviendas turísticas (VPO) en Galicia, en la que se recoge la existencia de 16.000 pisos operando en la comunidad, de los que “hasta 9 mil” no reflejan en sus anuncios el número de registro “pertinente”, al que obliga la propia normativa autonómica.
Bustinduy, de visita oficial en el ayuntamiento de Santiago —del que ha destacado su labor para “perseguir la oferta turística ilegal y poner orden” en el mercado—, ha ofrecido “toda la colaboración y las herramientas” del ministerio para “intervenir” en la “proliferación” de VPOs “muchas veces ilegales, que están interfiriendo en el derecho de vivienda”.
El ministro hizo entrega a la alcaldesa, la nacionalista Goretti Sanmartín, de un archivo digital elaborado por la Unidad de Análisis de su departamento en el que se concluye que, “a día de hoy”, operan en la capital de Galicia más de 400 pisos turísticos, una cifra que “contrasta” con las 66 licencias concedida por el ayuntamiento. Junto a ese archivo, Consumo aportó la dirección postal de 221 de estas viviendas para “facilitar la labor de identificación, localización, inspección y, en el caso de que procediera, cierre de estas instalaciones” y se ofreció a “brindar toda la asistencia y el soporte jurídico y legal para proceder a la exigencia de retirada de las grandes plataformas”.
La visita del ministro llega después de que el ayuntamiento compostelano enviase varios requerimientos formales a la Xunta para que eliminase del REAT (el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia) las VPOs que carecían de título habilitante municipal, algo a lo que la Axencia Galega de Turismo se negó, reclamando estudiar caso por caso y rechazando intervenir de oficio. No lo hizo ni siquiera en los casos más claros: desde 2015, está prohibida la presencia de pisos turísticos en el Casco Histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad. En enero, en el REAT aparecían más de 200 ubicados en esta zona.
Preguntado sobre la posibilidad de que su ministerio tome alguna medida contra este registro, tras abrir expediente sancionador a Airbnb por una práctica similar —anunciar pisos ilegales en su plataforma—, Bustinduy señaló que seguirá actuando “con todo el rigor y la firmeza” en el “ámbito de su competencia”. “Ahora bien, cada administración tiene que hacer su parte”, y tras destacar de nuevo el trabajo del Ayuntamiento de Santiago, recordó que hay una parte “exclusivamente autonómica”.
“Lo que puede hacer el ministerio es aportar información y todas nuestras herramientas para colaborar, porque nadie entiende que, con la situación que hay en el mercado, las administraciones no colaboren para resolver el que es el principal problema de la cidadanía” y, es por eso, dentro de “ese mismo espírituo de colaboración y alianza para poner coto a una situación descontrolada”, que remitirá a la Xunta los datos recabados por su departamento.
La vivienda, una “gran aspiradora de riqueza”
Bustinduy aprovechó su presencia en Santiago para “instar” a la Xunta a que no ponga “dificultades o escollos” para que ciudades gallegas como A Coruña o la propia Compostela puedan declararse zonas de mercado tensionado y poner así topes a los alquileres. Recordó que la Ley de Vivienda “ha empezado a arrojar resultados positivos” en Catalunya, la primera comunidad en aplicarla y por eso considera “incomprensible” no utilizar todas las herramientas disponibles para frenar la escalada de precios.
“Eso es una cuestión que, obviamente, trasciende a la Xunta de Galicia, porque ninguna administración gobernada por el PP ha decidido aplicar la ley de vivienda”. Por eso, instó al líder de los populares, Núñez Feijóo, a que “dejen de poner excusas y apliquen la ley”. “La vivienda se ha convertido en una gran aspiradora de riqueza” y el aumento de los precios del alquiler -que cifró en un 70% en Galicia en la última década- “impide que la mejora generalizada de las condiciones laborales se traduzca en una mejora del nivel de vida”.
Previamente, la alcaldesa Goretti Sanmartín destacó la “coincidencia” entre Ayuntamiento y Ministerio para que las plataformas de alojamiento retiren de sus páginas web los pisos turísticos “que son ilegales o que no tienen título habilitante municipal”. Agradeció la “confianza” de Bustinduy y destacó que Santiago, que “lleva tiempo demostrando que es vanguardia” en este ámbito, aprovechará la visita para establecer “complicidades y marcos de acuerdo” con una administración “aliada” en el objetivo de “garantizar las necesidades de vivienda de la gente que vive o que quiere vivir aquí”.
