El juez del Supremo retira el pasaporte a Ábalos y le obliga a comparecer cada 15 días en los juzgados

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga el denominado 'caso Koldo' ha prohibido al exministro de Transportes José Luis Ábalos salir del país, al tiempo que le ha retirado el pasaporte y le ha fijado la obligación de comparecer cada 15 días mientras permanezca investigado por la presunta adjudicación de contratos públicos al empresario Víctor de Aldama y sus socios a cambio de comisiones.

El juez ha tomado esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares tras tomarle declaración este jueves. Durante el interrogatorio, el que fuera 'número tres' del PSOE ha negado las irregularidades que le atribuyen los investigadores. Era la segunda vez que comparecía para dar explicaciones sobre su supuesta implicación en la trama de corrupción que presuntamente anidó en el Ministerio de Transportes durante su mandato. En su resolución, el juez argumenta que se trata de medidas “precisas” y “proporcionadas” para asegurar que el investigado comparezca en la causa cuando sea llamado.

En su auto, el juez apunta que el disfrute de un chalet en Cádiz a cambio de su intercesión en contratos, el pago del alquiler del apartamento de lujo de quien era su pareja y el contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid por un precio de venta (750.000 euros) “aparentemente muy inferior al de mercado” son los principales indicios que constan por el momento contra el exministro. 

Así, el magistrado destaca que “nada menos que tres inmuebles” vinculados a Ábalos presentan como “denominador común” la “continua presencia” del cabecilla de la trama, Víctor Aldama, quien, a su vez, se beneficiaba de las comisiones generadas por las adjudicaciones de entidades dependientes del Ministerio que dirigía Ábalos.

Ábalos niega las acusaciones

La declaración de este jueves ha durado poco más de media hora, en la que el que fuera 'número tres' del PSOE se ha desvinculado de las últimas acusaciones de Aldama, que asegura haber alquilado dos pisos para que mantuviera encuentros con “señoritas” en noviembre de 2018. El exministro ha dicho que no recuerda haber estado en esos inmuebles.

El magistrado también ha formulado preguntas sobre su situación patrimonial. Ábalos ha asegurado que no posee bienes en el extranjero, ni a su nombre ni administrados a través de testaferros. En relación al terreno que figura a su nombre en Perú, el exministro ha afirmado que se trata de un hecho circunstancial, pues la fundación que lo había registrado se escindió. No obstante, ha señalado que todavía no se encuentra formalmente inscrito debido a problemas administrativos.

Puente también se ha interesado por el viaje a España en enero de 2020 de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. La política venezolana llegó a aterrizar en Barajas pese a que tenía prohibida la entrada en la UE. Aldama preparó una agenda de cuatro días para ella que incluía una reunión con Ábalos en su despacho, según ha acreditado la investigación.

El exministro ha dicho, sin embargo, que no tenía previsto reunirse con ella, aunque sí tenía constancia de su viaje. Los informes de la UCO señalan que se lo comunicó incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien le dijo que quería verla “discretamente”. Este jueves ha confirmado que estuvo en Barajas y que subió al avión en el que viajaba la diplomática, aunque ha dicho que no recuerda quién le acompañaba. También ha dicho que desconocía que la existencia de sanciones de la UE, aunque “le dijeron que no” cuando ella pidió alojarse en un hotel, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Durante el interrogatorio, Ábalos ha manifestado su agradecimiento por la investigación abierta en el Supremo, pero ha mostrado su preocupación por la filtración de documentación privada. El juez le ha recordado que él también “concede entrevistas”.

Segunda declaración en el Supremo

Es la segunda vez que Ábalos comparece ante el juez del Supremo Leopoldo Puente tras hacerlo de forma voluntaria el pasado mes de diciembre. Entonces, tal y como ha hecho este jueves, se limitó a negar su implicación en la trama que supuestamente se lucró con contratos amañados y a desmentir que él se hubiera beneficiado de comisiones o prebendas.

Tras tomarle declaración en diciembre, el instructor decidió seguir adelante con el caso atribuyéndole cuatro delitos y solicitó al Congreso el necesario suplicatorio para poder llevarle a juicio llegado el momento. La Cámara Baja le retiró esta inmunidad el 22 de enero. Apenas unos días después, el juez pidió a la Guardia Civil un informe sobre su situación patrimonial y la de su entorno. También citó a 17 testigos, entre ellos antiguos altos cargos de Transportes y el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda.

El conocido como 'caso Koldo', bautizado originalmente como 'operación Delorme', arrancó en la Audiencia Nacional investigando si Koldo García, asesor y mano derecha de Ábalos en Transportes, lideró una trama para que contratos de compraventa de mascarillas y material sanitario durante lo peor de la pandemia cayeran en manos de empresarios afines, como Aldama. A cambio, según las pesquisas, Koldo García y otros imputados habrían cobrado comisiones o dádivas que llegaron hasta hoy diputado del Congreso.

El caso se desarrolla en paralelo entre la Audiencia Nacional y el Supremo, donde constan como investigados Ábalos, Koldo García y Aldama. El tribunal especial mantiene imputadas a más de una decena de personas, entre las que están varios socios del empresario, ex altos cargos de Transportes y el hermano de Koldo García.