El Gobierno impondrá los criterios para reubicar a menores migrantes si en tres meses no hay acuerdo de las comunidades

Las comunidades autónomas tienen tres meses para aprobar unos criterios de reubicación de los 4.400 menores migrantes no acompañados de Canarias y Ceuta. El decreto aprobado este martes por el Gobierno tras llegar a un acuerdo con Junts fija un calendario para ese traslado y las medidas que se deben activar, y deja en manos de las autonomías la posibilidad de modificar o añadir nuevos criterios que marquen cuántos adolescentes extranjeros debe acoger cada territorio.

En el documento publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se establecen una serie de indicadores ponderados, de los cuales dependerá el número de menores que reciban las comunidades autónomas: la población, el desempleo, el esfuerzo previo en la acogida, la renta per cápita, el número de plazas, si es ciudad fronteriza, su insularidad o la dispersión territorial, son los que establece el decreto, que recoge los criterios pactados por unanimidad en las Conferencias Sectoriales de Infancia desde 2022 para dar luz verde a traslados puntuales de menores migrantes.

Ahora, y según la iniciativa del Ejecutivo, los consejeros del ramo tendrán tres meses para ratificar esos criterios o, en su defecto, proponer y aprobar unos nuevos en el seno de una Sectorial. Si no, el Gobierno podrá imponerlos y serán "de carácter obligatorio" para todas las comunidades y ciudades autónomas.

Pero antes de eso, las autonomías tienen hasta el 31 de marzo para dar cuenta del número de menores migrantes no acompañados que acogen actualmente en sus territorios y que el Gobierno pueda tener así una "foto fija" con la que determinar cómo están los sistemas de acogida en y a cuántos adolescentes extranjeros le corresponde recibir a cada comunidad.

El otro plazo marcado es ya el de la reubicación de los menores migrantes, que deberán ser trasladados, como máximo, en un año. O, dicho de otro modo: unos 4.400 de Canarias y Ceuta tendrán que haber sido acogidos por las comunidades autónomas antes del próximo 20 de marzo de 2026.

Aun así, la intención del gobierno es que esa reubicación se lleve a cabo este 2025, según ha asegurado este miércoles el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien en una entrevista en TVE ha reconocido la posibilidad de que algunas comunidades puedan recurrir el decreto al Tribunal Constitucional (como ha prometido Madrid), aunque, aun así, ha recordado, "tienen que ejecutar la ley". De hecho, para las reubicaciones futuras, el decreto reduce ese plazo de un año a 15 días naturales desde que el menor es inscrito en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados para el traslado a la comunidad o ciudad autónoma de destino.

100 millones para compensar los costes

Para "compensar los costes" ocasionados por la sobreocupación de una comunidad y el traslado de esos menores en 2025, el Gobierno crea un fondo extraordinario de 100 millones de euros adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia. Aunque solo podrán recibir ese dinero aquellos territorios que estén recibiendo menores y ya estén sobreocupadas, es decir, que hayan superado el límite de menores fijado por comunidad autónoma según los datos que envíen estas a lo largo de este mes.

La Conferencia Sectorial de Infancia será también la encargada de dar el visto bueno a los requisitos para declarar la situación de "contingencia migratoria extraordinaria" en una comunidad. Un escenario que el decreto marca ahora cuando un sistema de acogida de una comunidad autónoma esté tutelando al triple de menores no acompañados de su capacidad. Dicha declaración se realizará en un plazo máximo de cinco días por parte de la comunidad.